Por Manuel F. Vieites.
Pues amarga la verdad,
quiero echarla de la boca;
y si al alma su hiel toca,
esconderla es necedad.
Francisco de Quevedo.
Resulta sorprendente la promiscuidad con que determinadas entidades, organismos, asociaciones y sujetos juegan con palabras como público o privado, en discursos que de forma insistente defienden la necesidad de preservar el mercado libre, la empresa privada y la libre competencia (véase y compárese el precio de los carburantes en gasolineras y cómo [no] compiten entre sí las grandes compañías). Son las mismas voces que, pese a su visión liberal de la economía, no hace tanto exigían la intervención pública al rescate de la banca privada, para luego olvidar restituir las cantidades recibidas, con lo que la banca en buena medida, al ser rescatada con fondos públicos, debiera revertir toda ella al Estado, en tanto este satisfizo “religiosamente” sus muchas necesidades, algunas derivadas de numerosos excesos. Los criterios que se aplican ante un “impago” tan flagrante no son los mismos que operan ante el impago de las gentes del común. En este último caso la banca o la hacienda pública optan por embargo o desahucio, normalmente exprés, con el poder judicial y policial siempre apresto. Doble vara de medir en la que ciudadanos y ciudadanas de a pie siempre salen perdiendo.
Resulta sorprendente que una y otra vez desde instituciones como el Banco de España (por ejemplo) se demande a la ciudadanía ajustarse el cinturón y no vivir por encima de lo posible cuando la banca privada, y otras grandes empresas, jamás operan desde el ejemplo, sino desde el exceso. Los salarios de los grandes directivos no disminuyeron en tiempos de vacas flacas y rescates, y algunos de sus desmanes se han pagado muy caros, y de nuevo los han pagado ciudadanos y ciudadanas de a pie. Será que el Banco de España tiene como misión vigilar y condenar la conducta de una ciudadanía supuestamente irresponsable, y no la regulación, en el mejor sentido del verbo “regular”, de aquellos que manejan a su antojo el Producto Interior Bruto. ¿Cómo puede un gobernador o gobernadora de dicho Banco advertir de los efectos supuestamente negativos de políticas que pretenden paliar tantas precariedades y necesidades cobrando el sueldo que se embolsa (y se usan dos verbos para mejor explicar la acción de percibirlo)? El mundo al revés.
Tampoco nos ha de sorprender que no se deje de insistir en la vieja cantinela neoliberal de que la gestión de lo público es más eficiente desde la iniciativa privada, pese a todo cuanto llevamos visto, leído o escuchado, incluso considerando los resultados nefastos de importantes privatizaciones o concesiones, que han desembocado en despilfarro, aumento de costos, reducción de servicios y aumento exponencial de beneficios para los afortunados adjudicatarios de tales prebendas. Un ejemplo paradigmático de mala gestión privada de lo público lo tenemos en la externalización del ferrocarril en Inglaterra, tanto que ya se habla de renacionalizarlo. Gestionar lo público desde lo público es posible y normalmente es sumamente rentable en términos económicos y sociales. Afirmar lo contrario, vamos a decirlo con claridad, es mentir, y después de todo lo ocurrido aquí y allá en los últimos años ya sabremos que habitamos un mundo en el que la mentira es moneda de curso legal, no solo en paraísos fiscales.
No sorprende, no obstante, que en España se hayan eliminado del currículo escolar algunas asignaturas particularmente relevantes (o se haya reducido su presencia de forma drástica), con excesiva alegría y retórica, siempre en función del enfoque instrumental que marcan agencias de “rating académico” como el Informe Pisa. Se ha perdido de vista, de forma interesada, la importancia de saberes como la Filosofía, entendida no tanto desde la mirada histórica (que también), sino en una perspectiva más analítica, dado que filosofar es una forma de analizar la realidad, utilizando adecuadamente los términos y dando a cada uno el significado preciso, lejos de la fiebre posmoderna (y premoderna) con la que hacemos del diccionario un sayo.
En buena medida, ese es uno de los argumentos de Jürgen Habermas en su defensa de una razón comunicativa que se asiente en la capacidad de los hablantes para expresarse atendiendo a patrones guiados por valores como ética, sinceridad o empatía, y en los que el lenguaje cumple una función esencial, y por ello debe haber un pacto en relación a los usos del mismo desde la racionalidad, la rectitud y la veracidad, evitando la mentira, la manipulación y la “condición fake”. Cuando hace años un ministro declaraba, en relación a los presupuestos generales del Estado que él había elaborado, que los suyos eran los más sociales en toda la historia de España, sabía que estaba mintiendo, pero lo hacía conocedor de que la ciudadanía daría crédito a sus palabras por una cuestión de jerarquía y hegemonía, conceptos muy bien analizados por Antonio Gramsci, para explicar que muchas veces el voto es cautivo pues el esclavo es quien otorga la legitimidad y el poder al amo. Por eso resultan tan importantes determinados saberes, en tanto construyen la capacidad para desvelar y denunciar la hegemonía y la falsedad. Paulo Freire, de quien celebramos su centenario este año de 2021, hablaba de la importancia de la conciencia transitiva crítica, del proceso de “conscientización”.
En estos meses en que arrecian y se arrempujan las crisis que se ceban en las personas más desfavorecidas y desprotegidas, que son una gran mayoría de la ciudadanía, asoman discursos valientes que señalan la oportunidad de pensar lo público y lo privado en la perspectiva de esa gran mayoría, la que sostiene el país, con su trabajo y con sus impuestos. También sería iluminador analizar en qué medida la ciudadanía media paga porcentualmente muchos más impuestos que las grandes fortunas y las grandes empresas, tal vez porque no utilicen los mecanismos financieros o las rutas de escape que se denuncian en algunas cabeceras de la prensa, que no en todas (y todo eso daría para una buena dramaturgia). Y cuando hablamos de gente desfavorecida y desprotegida, también hablamos de todas esas personas que en los últimos meses han visto cómo van cerrando sucursales bancarias próximas y tantos centros de salud en atención primaria, lo que genera precariedad en el acceso a determinados servicios. Y si entonces se plantea la necesidad de una Banca Pública o de preservar la sanidad que entre todas y todos hemos construido, se enervan y envaran las voces que reclaman ese mercado libre, que si bien garantiza la libertad plena de actuación de las grandes corporaciones (últimamente con patente de corso), atenta contra los derechos de las personas. Y el Estado y los Gobiernos (estatal, autonómico, provincial, municipal) tienen la obligación constitucional de paliar los efectos de la absoluta desregulación de determinados servicios actuando a favor de la ciudadanía, nunca en su contra. Porque también arrecian los casos de desmantelamiento de la sanidad pública o de la educación pública, en favor de empresas que buscan lucro, beneficio y sobre todo adoctrinamiento.
En Psicología existe un fenómeno bastante común que consiste en proyectar en el otro todo tipo de pensamientos y acciones, y con frecuencia el marido infiel acusa con descaro a la esposa de serlo. Esa atribución es muy frecuente entre la clase gobernante, y por eso quienes adoctrinan o quieren que se adoctrine en los centros educativos, acusan a los demás de hacerlo. Incluso quienes quieren desmantelar la sanidad pública, y lo van consiguiendo con medidas de privatización o externalización, acusan al otro no tanto de hacer lo mismo, sino de ser el único que lo hace. Un sector importante de quienes (mal)gobiernan lo que es de todas y todos, mientras insiste de forma pueril en hacer corazones con las manos, incurre de forma permanente en acusar al otro por los pensamientos propios, y tal vez por eso tengamos el país que tenemos, y un modelo productivo que nos sitúa donde nos sitúa, a la cola de todo. Las privatizaciones salvajes de los noventa o el llamado Impuesto al Sol son aberraciones de quienes (mal)gobiernan en contra de la ciudadanía para mayor gloria de las grandes corporaciones, las que tienen abiertas esas puertas que giran sin parar para acoger tránsfugas de lo público, de la cosa pública (res publica), que “ande yo caliente…”. Hay países en los que no se concibe semejante desmán, el que impide que la ciudadanía pueda aprovechar un recurso como el sol, para mejorar la economía doméstica y potenciar la sostenibilidad, utilizando una red eléctrica construida tiempo atrás con los dineros de todas y todos.
En teatro la cuestión de lo público y lo privado es particularmente relevante, porque en todos estos años de democracia no se ha sabido, o no se ha querido, construir un modelo de teatro público con el que dar sentido al derecho constitucional de la ciudadanía en el acceso a la cultura, lo que implica que cualquier persona pueda desempeñar plenamente los roles de creador y receptor. Sin olvidar todo aquello que se relaciona con el derecho, igualmente constitucional, al ejercicio de una profesión libremente elegida. Porque más allá de una recuperación patrimonial de edificios loable pero siempre incompleta –y aún hoy vemos vetustos templos de cultura convertidos en supermercados o tiendas de ropa elaborada en los suburbios de países del tercer mundo a costos irrisorios (“low cost” dicen)–, los edificios teatrales no son teatros públicos, stricto sensu, dado que no cumplen la función ni la misión de garantizar ese derecho de acceso a la cultura de la ciudadanía, pues lo ocasional o puntual no crea hábito.
También resulta relevante porque los teatros debieran ser los espacios de trabajo de los profesionales del sector, cuando trabajo implica no solo los tiempos de la exhibición sino los de la ideación, la creación o la formación permanente. En España el personal médico trabaja en un hospital, y el personal docente en un centro educativo, y para desarrollar sus funciones no van con el hospital o la escuela a cuestas. En teatro ocurre lo contrario, porque sí se ha de andar con el teatro a cuestas, cada cual con el suyo, siendo entonces teatro salón familiar, bajo lúgubre, garaje, nave industrial o sala alquilada. Curiosamente en muchos otros países, particularmente en Europa, los trabajadores y trabajadores de las artes escénicas desempeñan sus funciones en los teatros, en tanto allí está su puesto físico de trabajo. Cuestión de lógica.
El teatro debiera ser, igualmente, un punto de referencia fundamental de tantas personas que año a año deciden iniciar su formación en ámbitos como la interpretación, la dirección escénica, la dramaturgia o la escenografía, y que durante su carrera no disponen de la posibilidad de realizar un “practicum” substantivo que permita consolidar a pie de escenario el saber hacer el hacer, pero al terminarla tampoco disponen de la posibilidad de transición a la vida activa en unas condiciones que permitan su plena inserción profesional. Líneas de acción y actuación que en otros países han mostrado con creces sus resultados y que en España se sienten como utopías inalcanzables, porque jamás se ha pensado el teatro como cosa pública, como actividad que mejora y enriquece la res publica.
Y aun a pesar de todas las impedimentas, obstáculos, dificultades y debilidades, el sector ha sabido mantener el pulso de la actividad teatral en España, particularmente todas aquellas compañías y colectivos, o creadoras individuales, que se sitúan en el campo de lo que en los países de habla inglesa se conoce como “non-profit”, incluso abriendo salas “privadas” que operan como verdaderas ONGs de la acción sociocultural o de la creación artística. Cabe pensar en todo cuanto esas compañías, colectivos y personas podrían hacer de tener acceso a los medios de producción mediante un modelo de concertación que permitiese convertir los edificios en teatros residentes, con un cuadro de personal artístico para darles vida, uso y proyección social y artística, aplicando modelos que llevan siglos mostrando sus posibilidades en numerosos países europeos. Todo está inventado.
No deja de ser curioso entonces que personas que ejercen profesiones ajenas al mundo de la empresa privada y que nunca han emprendido nada (de nada), insistan una y otra vez en la importancia del emprendimiento, pues a poco que asumieran el rol del clásico theōrós, es decir, reparasen en lo que ocurre a un palmo de sus narices, comprenderían que las gentes del teatro, en su gran mayoría (y no hablo de las grandes productoras ni de las asociaciones orientadas al lucro), ejercen a diario tal emprendimiento. Son, en efecto, emprendedoras con dedicación exclusiva, tanto que se podría hablar de un emprendimiento polivalente, pues si a las diez de la mañana se ocupan de la gestión de la compañía, a las tres de la tarde conducen un furgón con los trastos del espectáculo, a las seis arman la escena, y a las ocho y media inician la función ante el público. En un solo día una de esas personas emprendedoras del teatro habrá ejercido dos o cuatro profesiones en una jornada laboral de mucho más de ocho horas, con un bocadillo entremedias. Cuando se habla de (auto)explotación no solo se refieren salarios precarios, a veces insultantemente bajos, sino todas esas funciones realizadas en todas esas horas.
Dicho lo cual, que puede ser falsado mediante los estudios de caso que se estimen, resultan aún más sorprendentes las prevenciones de quienes gobiernan la cosa pública ante las gentes del teatro, cuando en realidad la conducta probada y demostrada de las gentes del teatro (las antes referidas) resulta a todas luces ejemplar, y es bien difícil encontrar en el campo escénico tantos ejemplos de mala praxis como sí podemos documentar en la acción de gobierno en tantos y tantos niveles. Puede que a alguno no le guste un determinado espectáculo y lo airean apelando a la “calidad” (que es cosa diferente del “gusto”), pero debieran considerar que una parte muy importante de la clase gobernante no supera el cinco (5) en valoración pública. Es decir, suspenden, a veces con notas que en la Educación Secundaria equivalen a un Muy Deficiente. Su actuación pública y privada y el espectáculo que deriva de la misma, deja mucho que desear, en realidad demasiado, al menos si lo comparamos con el trabajo en escena de las gentes del teatro, que operan con rigor, seriedad y responsabilidad. Prevención y desconfianza que se podría interpretar, de nuevo, como una “proyección” en la que se atribuyen al otro los defectos propios. Y si nos atenemos a calidad y transparencia en la gestión de lo público (en teatro, en las ayudas y subvenciones, por ejemplo, o en la gestión de compañías o salas), el sector teatral debería ser un ejemplo a imitar, por mucho que, como en toda parte, haya alguna excepción (bien escasas, que todo se ha de decir). Seguir con estereotipos del siglo XVIII (actrices putas y actores ladrones de gallinas) dice muy poco de quienes todavía los sostienen y abrazan.
Se advertirá que hablamos de quienes gobiernan o de clase gobernante y no de políticos, pues el político es una rara avis en nuestro país, al menos si por tal entendemos la persona empeñada en la mejora de la res publica, tal y como se entendía en Grecia, de donde nos llega el término. En España, infelizmente, ni hay políticos ni se hace política, sino que se juegan juegos de poder y dominación para mejor satisfacer ambiciones y deseos personales o corporativos, ajenos siempre al bien común. Aunque haya excepciones que confirman la regla, felizmente.
Por ello se hace necesario un cambio de mentalidad, que debería comenzar con un profundo “análisis de conciencia”, algo en lo que un sector de esas personas que (mal)gobiernan debería ser modelo a imitar, atendiendo a sus convicciones religiosas. Salvo que todo eso sea puro humo, o paja mojada, y lo que ocurrió en España con el divorcio (o el matrimonio homosexual) dice mucho, y mal, de tantos (el masculino aquí no es genérico, es obligado). Un cambio de mentalidad para asentar la acción y la comunicación desde el reconocimiento del otro, desde la generosidad, la empatía, la veracidad, la sinceridad, la justicia, el afecto. Llevamos siglos instalados en la máxima del “homo homini lupus” y tal vez haya llegado el momento de considerar otros valores, más acordes con el concepto de civilización humanista. Para dar sentido a la política como búsqueda del bien común y de una ordenación adecuada de la polis o del demos.
Porque cuando no es así, solo queda el vacío, y la imagen de la España vaciada, a la que tan poca gente presta atención, puede servir para explicar lo que ocurre con lo público y lo privado, y los usos torticeros de los términos. Un pueblo o una comarca sin servicios, porque se han suprimido, es un problema público de ordenación de lo público y no privativo de un conjunto de personas, y compete al Estado y a los Gobiernos (estatal, autonómico, provincial, local) su solución, apostando por lo público, por lo que más y mejor pueda beneficiar al conjunto de la población. Y si la banca privada ha dejado de prestar, o se niega a prestar, determinados servicios, entonces habrá que desarrollar un modelo sostenible de Banca Pública para hacerlo (y puede hacerse), o para dar créditos abandonando criterios de usura y depredación. Lo que no cabe hacer es renunciar a prestar servicios esenciales a toda la ciudadanía en beneficio de unos pocos. Como tampoco se ha de renunciar a la sanidad pública o a la educación pública, siempre en beneficio de los mismos de siempre. Sí, los de siempre, que ya tenemos una edad y memoria suficiente como para saber lo que eran las cosas en 1972 y lo que son ahora.
De un lado pueblos vacíos, comarcas vacías, teatros vacíos, vidas vacías de futuro, profesiones vacías de sentido, servicios inexistentes, negación de lo público. Del otro mentes hueras y palabras vacuas, vindicación de lo privado y del mercado, querencia por el vacío ajeno para mejora de la abundancia propia. Y nada debiera sorprendernos, pero todavía nos sorprendemos ante tanto despropósito porque en el fondo pensamos que otro mundo es posible. Por eso volvemos a insistir en aquella magnífica propuesta de Percy MacKaye cuando en 1909 y en 1912 (Por un teatro cívico, 2015), defendía el teatro como servicio público. Y para ello es necesario una puesta en valor de lo público: teatro público, educación pública, sanidad pública…, res publica. Hay que ocupar los teatros, para que resplandezcan con la vida y el arte, con las gentes.
