Asociación de Directores de Escena de España

Un pacto por la cultura

por Juan Antonio Hormigón

En diferentes ocasiones desde estas mismas páginas, hemos señalado las deficiencias existentes en el terreno cultural en España y su notable disparidad con los países de la Unión Europea de la que somos parte. En muchos de ellos y en el teatro en particular, las transformaciones tendentes a la instauración de instituciones de filiación pública se produjo hace mucho tiempo, bien como consecuencia de sus estructuras y desarrollo histórico, bien como proyecto de Estado que establecía un diseño global que se debía construir a lo largo de etapas sucesivas. En nuestro país las cosas han caminado de forma muy distinta: nunca se formuló tan siquiera un proyecto global desde las instancias gubernamentales y tan sólo se produjeron algunos episodios puntuales, tendentes en mayor medida a refundar lo heredado que a proponer un diseño estructurador y organizativo global para las artes escénicas.
No en todos los campos es similar la situación. En terrenos como la música, se han creado por ejemplo numerosas infraestructuras sólidas e interconectado cuando menos los procedimientos formativos a las nuevas demandas. No ha ocurrido así en otros como el teatro o la danza, en donde las insuficiencias son notorias y lacerantes. No vamos a hacer aquí un análisis pormenorizado de las diferentes prácticas y procesos culturales, sino tan sólo a señalar las grandes carencias conceptuales, estructurales, formativas y organizativas que padecemos. No se trata de una cuestión derivada tan sólo de quien gobierna, sino de la inexistencia de programas coherentes que planteen un objetivo definido para la cultura por parte de las formaciones políticas que aspiran a convertirse en sujetos gubernativos, sin olvidar la falta de iniciativas emanadas de la sociedad civil que debiera cuando menos plantearlo.
La situación existente nos hace recordar procedimientos propios del siglo XIX, por lo que toca a la promoción de cargos públicos o puestos de gestión y dirección artística. Es frecuente que se designe a personas carentes de la necesaria competencia y de los conocimientos y capacidades exigibles y constatables, que tienen tan sólo o básicamente en su haber ser amigos o estar a mano de quien les nombra. En ocasiones la razón puede consistir en tener una cierta proyección mediática, que en los tiempos que corren es garantía de cualquier cosa menos de solvencia. Todo ello se hace sin que medie responsabilidad ninguna ante nadie, más allá de coyunturas casuales debidas al espasmo repentino de alguien que tenga más poder y disienta por algo que le moleste. Nadie da cuentas de lo que ha hecho o explica los por qués de una decisión o reconoce que se ha equivocado.
La ausencia de programas constatables tiene consecuencias más graves todavía al producirse cambios de gobierno, aunque sea el mismo partido quien lo hegemonice. En repetidas ocasiones hemos percibido una modificación total de actitudes y criterios por parte de quienes entran respecto a los salientes, sin que medie en ello un cambio programático sino la pura arbitrariedad personal de quien ocupa el cargo correspondiente, que con frecuencia además nada sabe de la cuestión. Si esto es así cuando se trata de la misma formación, qué decir cuando son los opositores quienes acceden a la gobernación. Sólo perdura, en ocasiones a duras penas, aquello que está administrativamente instituido.
La cultura en su conjunto y el campo de las artes escénicas en particular, malvive asediado por estas arbitrariedades, la inexistencia de un horizonte perceptible y la explicitación de unas sendas por donde transitar. La ausencia de programas definidos por parte de las formaciones políticas para el teatro en su compleja globalidad, la débil y en ocasiones efímera institucionalización, la ausencia de pactos políticos que garanticen la estabilidad de los proyectos y definan los objetivos de futuro, confieren una precariedad permanente a las artes escénicas. Es como una enfermedad cronificada que acaba siendo aceptada como algo normal, y cuya atención se suele entregar a quienes nada saben en cuanto a la interpretación de su sintomatología, su diagnóstico o su terapia.
La primera reivindicación que deberíamos proclamar es que seguimos esperando que el teatro sea tomado en serio por parte del gobierno nacional, así como por los autonómicos y locales. Que se le deje de seguir considerando como una simple mercancía, una quincalla obsoleta, una molestia de la que sólo se acuerdan cuando precisan algunos rostros para que digan algo que les interesa o adornar ciertas movilizaciones y se le trate con respeto, no sólo hacia quienes lo hacen sino también hacia la ciudadanía que lo asume. Pero además que se le considere un bien de cultura, un componente del patrimonio material e inmaterial de los pueblos que coadyuva a la construcción de su conciencia democrática, plural, tolerante y solidaria, es decir a su civilidad. Añadiré que actualmente en las declaraciones de las instituciones europeas, se le define como sector estratégico en numerosos campos, desde el económico al socioeducativo.
Todo ello nos lleva a formular la urgencia de que se articule un Pacto por la cultura entre las diferentes formaciones políticas que implique e involucre a los poderes públicos, los agentes sociales propios del sistema teatral y todas las instituciones, organismos o entidades, directa o indirectamente vinculados con el campo de las artes escénicas. Un Pacto que propicie y permita acometer proyectos legislativos, consolidación creciente de los presupuestos y que establezca grandes líneas de actuación en los ámbitos local, comarcal, autonómico y estatal.
Un Pacto por la cultura implica en primer lugar un acuerdo de las formaciones políticas respecto a su valor intrínseco como bien público, así como elemento substantivo en la generación de una conciencia democrática y cívica. Igualmente su consideración como sector estratégico de la economía, la educación y el desarrollo de la persona. Son estos principios fundamentadores ineludibles. Todo ello implica la convergencia y compromiso para salvaguardar el patrimonio cultural, tanto material como institucional; la preservación de los proyectos e iniciativas que posean entidad e importancia constatable y el establecimiento de criterios objetivos y transparentes en la valoración de aquellos que existen y los de nueva creación.
No pensamos en la elaboración de un programa común de todas las formaciones políticas y sociales, sino de desterrar de los hábitos políticos que la cultura sea moneda de cambio, en ocasiones utilizada de forma rastrera y miserable, en los debates, confrontaciones e incluso en los "pactitos", lo cual aún es más lesivo. En consecuencia, un Pacto supone establecer una líneas de acción comunes en la institucionalización de la cultura en sus diferentes campos, a fin de establecer unas pautas de acción compartidas y un horizonte de desarrollo claro y ostensible.
Por lo que a nosotros toca, la existencia de un Pacto debe suponer igualmente la consideración respetuosa de todos aquellos que intervienen en la actividades escénicas. Que se les deje de considerar ciudadanos de segunda por lo que respecta a sus profesiones, que cese la marrullería de propiciar esa especie abyecta que convierte al mundo del teatro en un territorio de mendicantes, de vagos y de irresponsables. Opiniones así causarían sonrojo colectivo de la ciudadanía y respuestas contundentes en los países europeos. Desconocer a estas alturas la complejidad que entrañan las prácticas teatrales, sigue alimentando la supervivencia de la herencia histórica que nos tuvo marginados de las corrientes organizativas de la cultura instauradas en nuestro continente. Ahora eso ya no es excusa sino síntoma de las insuficiencias que padecemos. Ese desdén en ocasiones no es explícito, pero flota en la mirada de muchos cargos públicos cuando se refieren al teatro.
Pero al mismo tiempo y en aras del respeto que reclamamos, los poderes públicos y la sociedad civil cultural a través del Pacto por la cultura, deben establecer un sistema de asunción de responsabilidades. Que no se pueda nombrar a cualquiera para un cargo público del ámbito cultural sino a personas con probada competencia, conocimientos, capacidades y convicción en un proyecto de futuro. Que los responsables de las instituciones públicas culturales cumplan escrupulosamente con sus compromisos de diseño programático, gestión y dirección para el que han sido nombrados. El sistema de consejos y patronatos al frente de las mismas, debe garantizar su adecuado cumplimiento.
A su vez, que los agentes culturales asuman la responsabilidad que supone su ejercicio profesional, su formación continuada, su respecto a las normas contractuales y a los códigos deontológicos que deben regir las diferentes practicas artísticas, formativas, investigadoras, directivas, de gestión, etc. Que unos y otros estén sometidos a procedimientos de buenas prácticas y control de calidad. El Pacto por la cultura debe garantizar que nadie que no esté capacitado, que sea fruto del capricho de un responsable público de cualquier nivel o del azar mediático, encuentre cobijo en las instituciones públicas para mostrar su insolvencia o "aprender", para eso existen lugares adecuados.
Desde el espacio específico de la sociedad civil cultural que la ADE representa, instamos a las formaciones políticas con toda corrección a la par que firmeza, a que construyan una zona de consenso estratégico de Estado respecto a la cultura, con la firma de un Pacto que nos permita comprometernos tanto a los agentes culturales como a los ciudadanos en la construcción del futuro. Para nosotros este sí sería un acto de verdadero patriotismo.

Las trece rosas

por Florencia Idiáquez

El episodio de "Las trece rosas" es uno de los sucesos más tenebrosos y repugnantes de la inmediata postguerra española. En aquellos siniestros meses posteriores al fin de la guerra civil, la detención del responsable en Madrid de la JSU provocó el arresto en cadena de un numeroso grupo de muchachos entre los que había trece chicas. Siete de ellas eran menores de edad. Algunas pertenecían a las Juventudes Socialistas Unificadas, otras eran simplemente emisarias. Lo que sí compartían todas era su defensa de la República, su antifascismo y su deseo de alcanzar una sociedad más libre y más justa.
Aquellas trece muchachas al igual que sus compañeros masculinos, fueron salvajemente torturados siguiendo las técnicas que la Gestapo había enseñado a los franquistas, que incluían las descargas eléctricas. Fueron condenados a muerte el 3 de agosto de 1940 en un juicio militar sumarísimo, por "auxilio a la rebelión militar". Sería algo grotesco de no ser expresión del odio y la venganza que mostraban en toda su repugnante y siniestra ejecutoria sus verdugos, aquella mehala de criminales que se adueñó de España lanzando contra la ciudadanía las armas que custodiaban para su defensa.
Al amanecer del día 5 todos fueron fusilados en las tapias del cementerio del Este. En primer lugar los cuarenta y tres chicos, después las trece rosas. Una de aquellas jóvenes, Julia Conesa, dejó una carta escrita a su madre, con letra insegura y sentimientos de la más alta nobleza, que siempre me ha sobrecogido, en la que pedía: "Que mi nombre no se borre en la historia". Sabía que sólo se muere del todo cuando eres olvidado y todos ellos merecen un constante recuerdo. Las trece rosas eran Carmen Barrero Aguado, Martina Barroso García, Blanca Brissac Vázquez, Pilar Bueno Ibáñez, Julia Conesa Conesa, Adelina García Casillas, Elena Gil Olaya, Virtudes González García, Ana López Gallego, Joaquina López Laffite, Dionisia Manzanero Salas, Victoria Muñoz García y Luisa Rodríguez de la Fuente.
Esta historia estremecedora sobrecogió en su día a quienes leímos las primeras crónicas que se publicaron. El periodista Carlos Fonseca publicó en 2004 un minucioso relato y ha sido igualmente motivación de diferentes novelas e incluso a un espectáculo de danza teatro de la compañía "Arrieritos". Ahora Martínez Lázaro ha comenzado el rodaje de una película reconstruyendo dicho episodio. Un hecho así nunca debió suceder pero tampoco puede olvidarse. ¡Bravo por Martínez Lázaro!
Una historia como ésta hubiera podido ser ocasión de una gran obra literariodramática. Quizás la exigencia de un gran reparto, el que no permite tratar cualquiera de las variantes temáticas de pareja, parejita o parejaza, que no haya lugar para que aparezca algún drogata mísero, etc., hayan sido elementos disuasorios. La existencia de una institución teatral pública, ocupada en la preservación de la memoria y alentada por el humanismo patriótico y democrático, hubiera podido alentar un proyecto así. Algo pasa porque no lo tenemos.

Galicia somos todos

por Laura Zubiarrain

El terrorismo tiene muchos rostros. Unas veces se explicita con explosivos, otras con el incendio de los bosques o la contaminación de las aguas. A veces sólo se les llama ingeniería financiera o accidente. No pocas veces los terroristas de Estado aplican ese nombre a quienes se resisten a ser dominados, expoliados o reducidos a la condición de vasallos silenciosos de sus felonías.
Del terrorismo incendiario Galicia tiene memoria y este último verano ha vivido días terribles que han destruido un patrimonio forestal, que es de todos. La ciudadanía puede especular pero nada sabe de quiénes se esconden detrás de este desastre, provocado con cuidadosa planificación para destruir. No parece que sus autores puedan limitarse a unos cuantos personajes que pertenecen al ámbito de la patología psiquiátrica, sea por causas ciertas o como resultado de personalidades psicopáticas que hacen del fuego su ajuste de cuentas personal contra alguien, aunque es la comunidad quien lo sufre.
La agresión planificada responde a grupos organizados, enmascarados y motorizados. Sólo así se explica la amplitud y perversa aparición de los focos incendiarios. No se pueden sembrar vientos porque se recogen tempestades. El eucalipto no es especie autóctona de Galicia y su introducción masiva obedeció a criterios de crecimiento rápido y comercialización beneficiosa. Cámbiese ese criterio pero no por ello, por el mismo principio bárbaro y pueril de la limpieza de sangre, hay que pegarle fuego a los montes. La introducción de especies autóctonas u otras que se considere utilizables por razones ponderadas, debiera obedecer a criterios ecológicos y de biodiversidad forestal y no a causas políticas. Me aterra pensar que el futuro de la gobernación pudiera estar en manos de gentes con una mentalidad tan fanática, simplista y oscurantista como la de quienes propalaron el incendio del bosque de eucalipto como purificación.
Pero quizás sólo existan intereses económicos bastardos tras el desastre. Casi siempre es así. ¿Puede hacerse algo?: creo que sí. Hubo que esperar a que una barbacoa abandonada a su suerte en un rincón de Guadalajara causara un cataclismo, para que se prohibieran los fuegos en el campo, algo habitual e implantado en los países de la Europa húmeda desde hace mucho tiempo. Ahora habría que analizar de una vez por todas los límites de la propiedad privada de los bosques en relación al bien común. ¿Donde radican los límites de la propiedad y qué obligaciones entraña su posesión? Las leyes de rango mayor siempre condicionan a las de alcance menor. Cualquier legislador clásico e ilustrado estaría conforme con que el bien común está por encima del derecho de propiedad, aunque este principio se transgreda frecuentemente por la patológica obsesión del beneficio rápido y a cualquier precio. Es la mentalidad que ha forjado el imperialismo en esta fase de depredación absoluta de la vida.
Nada puede hacerse a cualquier precio y un bosque debe ser cuidado y mantenido o revertir legalmente en bien común. Porque la tierra se tiene en usufructo pero es de todos los que la habitamos. Un campesino gallego decía a la televisión ante un bosque quemado que todo estaba calcinado, que habían desaparecido conejos, zorros jabalíes y cientos de caballos que viven en libertad se habían abrasado en una trampa del terreno. Concluyó con una frase que me produjo un hondo estremecimiento: "Ahora en el monte sólo hay silencio". Es el silencio de la muerte, que se manifiesta de muchos modos en cada minuto, en ese desprecio a la naturaleza que ha acabado por embaldosar los jardines. Por eso ahora más que nunca debemos recordar que Galicia somos todos los españoles, para admirarla, para defenderla y para protegerla. Convendría no olvidarlo cada uno desde el lugar en que vive y desde sus quimeras individuales.

La guerra de siempre

por J. A. Hormigón

Don Santiago Ramón y Cajal escribió en la revista España el 5 de febrero de 1915: "Para mí, la raza humana sólo ha creado dos valores dignos de estima: la Ciencia y el Arte. En lo demás continúa siendo el último animal de presa aparecido". Luis Bello reproducía estas desesperanzadas frases en un artículo aparecido en El Pueblo Gallego de Vigo, el 12 de septiembre de 1928, en el que comentaba el Pacto Kellogg, firmado en París el 27 de agosto. Por vez primera posiblemente, las grandes potencias acordaban un documento en el que rechazaban la guerra como instrumento de la política internacional, la consideraban ilegal y se comprometían a rechazarla.
De poco sirvió aquello: siete años más tarde la Italia fascista invadió Abisinia sin otra razón que apropiarse de tierra; uno más tarde se inició la guerra civil española tras un fallido golpe de Estado, sin otra razón que la defensa de los privilegios de terratenientes y mandos militares africanistas; once después, la Segunda guerra mundial, cuyas razones eran ante todo la disputa por la posesión de tierra y materias primas que garantizaran la hegemonía de los agresores.
"El último animal de presa aparecido" decía Ramón y Cajal, a lo que habría que añadir: pero sin la nobleza y límites de los grandes depredadores que cuánto más lejos pueden guarecerse de la especie humana mayores posibilidades de subsistencia tienen. No existe ningún gran depredador salvo el hombre, que dedique buena parte de sus esfuerzos a la invención de útiles y artefactos cada vez más mortíferos, para dirigirlos contra individuos de su propia especie, contra las infraestructuras que le permiten mejorar su vida y contra la naturaleza cuya conservación y mejora constituye una de sus obligaciones prioritarias. ¿De veras creen quienes así hacen que Dios -en el que dicen creer y a quien invocan con diarréica asiduidad- los colocó en el planeta para enriquecerse a cualquier precio y para destruir, contaminar y degradar todos sus ecosistemas? Por supuesto que se podría argüir el principio calvinista de que "la riqueza es una demostración de la gracia divina", que tanto bien ha hecho a los capitalistas estadounidenses blindando sus conciencias a cualquier requisitoria ética y que ha llegado a impregnar tantas mentes en muchos otros lugares, incluso a escala popular, aunque desconozcan su origen. Pero tamaña superchería sólo debe servirles para aplacar brevemente sus insomnios porque carece de fundamento veraz.
Las guerras que se han seguido produciendo tras aquel pacto Kellogg, nombre del Secretario de Estado estadounidense que lo firmó en nombre de su país, siempre han sido fruto del afán de posesión y de dominio de zonas ricas en materias primas estratégicas, a la par que en lo que la guerra representa como negocio en sí misma. A veces esto aparece crudamente al desnudo por parte de quienes las desencadenan, otras se disfraza de fanatismo religioso o nacionalista, que son los más frecuentes. Quienes se defienden no tienen otra opción que combatir o humillarse, por eso es tan triste el futuro que nos espera de seguir así las cosas.
La última agresión del gobierno de Israel contra Líbano descubre con ejemplaridad nauseabunda todos estos aspectos. Hacía demasiado tiempo que los fabricantes de armas no vaciaban sus arsenales, los plazos se acortan, y quien las suministra a Israel es la industria americana a la par que la propia. No olvidemos que el primer rubro de la economía estadounidense es la venta de armas a su propio gobierno, pagadas con los impuestos de su ciudadanía, y a otros países. Lo demás ha sido sólo depredación para hacer un delirante exhibicionismo de fuerza invocando la ley suprema de ser superiores. En Líbano el objetivo prioritario ha sido la destrucción de infraestructuras estratégicas, sanitarias y de comunicación del país, así como castigar a la población civil, que quizás cometió la osadía de tener simpatías por Hizbolá. Esto lo sabe desde todo aquel que quiere ver hasta Amnistía Internacional, que lo ha dicho alto y claro.
Seguiremos igual mientras no se modifique la actitud de los gobiernos europeos y la ONU cumpla con su misión. Habitualmente la percibimos como un oropel decorativo. Israel se situa por encima de todas las instancias internacionales porque sabe bien que todas ellas son inoperantes, mientras ellos disfruten con la protección inequívoca de sus patronos: Los Estados Unidos de América del Norte.
Sin embargo, en ocasiones, las cosas no resultan tan sencillas. A los muertos, una vez más, nadie podrá devolverlos a la vida, pero el ejército israelí que confiaba en un paseo militar se ha encontrado con vientos de desastre. Pueden destruirlo todo con las armas ultramodernas que le entregan sus patronos, pero su territorio ya no es impermeable ni sus jóvenes reclutas supermanes sino muchachos tan vulnerables como cualquier ser humano. Ninguna noticia es ya buena ni afable en esta historia, pero muchos debieran comprender que las catástrofes últimas aparecen de forma repentina y parece que no queramos darnos cuenta. Sentirse superior es la mejor manera de caer desde la altura y darse un morrón histórico.

Hemeroteca

El 29 de abril de 1922 un pequeño diario, El Progreso, publicado en una ciudad entonces diminuta como era Pontevedra, incluyó en su primera plana un editorial contundente en la denuncia del imperialismo estadounidense respecto a los pueblos de centroamérica y Cuba. El diario se autocalificaba como "independiente" y se situaba en su línea editorial en el centro derecha.
Este artículo demuestra un tono crítico respecto a las acciones internacionales de los Estados Unidos en América Central, que resulta esclarecedor de las opiniones existentes. Aquel pasado planeará siempre sobre el presente. Olvidarlo supone una irresponsabilidad o una complicidad. Obviamente no faltan ahora periodistas al servicio de algún que otro aparato de propaganda o inteligencia estadounidense, una derecha en que en ocasiones prima el seguidismo a los desmanes estadounidenses sobre los intereses del país en que nacieron y una izquierda, una izquierda a la violeta, ¡santo cielo!, fabricada con famosos de pacotilla, figurillas ignorantes que recitan consignas y políticos de oportunidad, que no tiene remedio.

América para los... yanquis

El Progreso de Pontevedra, 29 de abril de 1922

El triunfo no es el éxito sino la coherencia en la conducta.
(Fragmentos de un discurso)

Por Alfonso Guerra

El pasado 27 de abril se llevó a cabo la entrega del Premio «Fernando Abril Martorell» por la Concordia, a Alfonso Guerra. En el curso del mismo, el premiado pronunció un discurso de sumo interés tanto en el plano político como en el del recuerdo y en su propia experiencia vital. Recogemos aquí los pasajes más significativos de dicha intervención.

[…] Permitidme ahora una chanza ¿Cuántos de los presentes si hace algunos años les hubieran anunciado que asistirían a un homenaje de entrega del Premio de la Concordia a mi persona habrían reaccionado con sonoras carcajadas o con gestos de incredulidad? ¿Tanto he cambiado yo? ¿O tal vez algunos han despertado del ensueño en el que los había envuelto un malhadado cliché de mi personalidad?
Siempre me consideré un moderado, entendiendo el concepto como el perfil ideológico de quien jamás acepta dogma alguno, quien considera más importante poseer criterio propio en minoría que participar de consignas arropado por la mayoría.
Mi trayectoria recorre el camino que en palabras del profesor Elías Díaz va de la Institución a la Constitución. Del espíritu de los hombres de la Institución Libre de Enseñanza (1876), Giner de los Ríos, Bartolomé Cossío, Antonio Machado, Fernando de los Ríos hasta la Constitución de 1978, el pacto de la sociedad española consigo misma para probar un acuerdo general para la convivencia. Los protagonistas principales de aquel hallazgo histórico, el consenso, fueron los ciudadanos de España que descubrían el valor de la libertad y empujaban a todos a consolidarla. Algunas individualidades tuvieron también una participación especial. Citaré sólo algunos nombres que no agotan la nómina: Adolfo Suárez, Felipe González, Santiago Carrillo, el Cardenal Tarancón, el Rey Juan Carlos y Fernando Abril Martorell. […]
No creo que mi actividad merite el premio pero recibirlo me ayuda a creer que pertenezco a esos espíritus libres que desde la Institución a la Constitución combatieron día a día por construir una España libre, democrática, laica, moderna, pionera, abierta y progresista.
A vuestra deferencia quiero contestar con algunas confesiones. Para mí, importa, más que la doctrina que cada uno profese, la honradez con que se viva. Aquel que, equivocado, lo sienta de manera limpia me parece más auténtico que el cínico que abraza la posición acertada. Es el legado moral que puede entregar una persona lo que caracteriza la autenticidad. El triunfo no es el éxito, sino la coherencia en la conducta.
Esta ha sido mi divisa en la vida. El balance es positivo para mí. Y otra vez volvería a vivirla si tuviera oportunidad para ello.
Creo que soy un inconformista, pero no de mi realidad sino de la que me rodea. No soy un rebelde descontento con las condiciones personales sino un revolucionario en el sentido original de la palabra, aquel que quiere cambiar las cosas no para la mejora personal sino para ayudar a los demás.
El legado que me importa es el legado moral, un pensamiento cargado de cultura pero que apuesta por las cosas vivas, es un equilibrio del saber y del vivir que me proporciona la serenidad necesaria para afrontar los problemas como parte de una evolución que tiene historia y hace futuro. Cada uno de nosotros como una individualidad en una larga fila que viene de lejos, de la que somos deudores y que seguirá desarrollándose después de nosotros.
Es la serenidad que nos hace ver con claridad que los viejos trucos de contraponer reforma y revolución quedan superados por una decisión moral, apoyar reformas irreversibles que acerquen a la humanidad a un estado de satisfacción inconformista.
Porque no existe una doctrina, sea esta política, filosófica o religiosa, que valga más que la dignidad de la persona. La lucha por la dignidad de cada persona es un objetivo superior, es el combate principal de la actitud del hombre social.
La lucha por los derechos de la persona supera el tradicional enfrentamiento entre el hombre de naturaleza y el hombre social, entre don Quijote y Leviatán, entre Cervantes y Hobbes.
Yo, como el maestro Bobbio, he aprendido a respetar las ideas ajenas, a detenerme ante el secreto de cada conciencia, a comprender antes de discutir, y a discutir antes de condenar. Y puesto que estoy en vena de confesiones, hago todavía una, tal vez superflua: detesto a los fanáticos con toda mi alma.
Estos principios moderados pero claros, flexibles en la política, intransigentes en la moral marcan mis observaciones sobre el funcionamiento político y económico del mundo actual. Constato que el sistema capitalista ha sido el único que ha tolerado la democracia, no es que ligue democracia con capitalismo pero aquella sólo ha soportado a este sistema. Sin embargo muestro mi preocupación por la mercantilización que el capitalismo produce sobre bienes no sólo materiales sino espirituales y me interrogo sobre si no está convirtiendo el capitalismo en mera mercancía los votos de los ciudadanos, si no estará el capitalismo produciendo la degeneración de la democracia.
Estamos sometidos a un ataque a la lógica de la política, es decir, la lógica de los valores, a cargo de la lógica económica, es decir, del cálculo y la ganancia. ¿Pero es que debemos anteponer a las necesidades de las personas, la exigencia de los mercados? Las necesidades de las personas son los derechos de los ciudadanos que históricamente evolucionaron desde la condición de esclavo a la de súbdito y desde ésta a la de ciudadanos. Hoy la globalización económica exige otra transformación: la que convierte a los ciudadanos en meros consumidores. Así el ataque, el cerco, se dirige contra el Estado constitucional, aquel en el que los derechos no pueden ser considerados como mercancía.
Asistimos a un torneo entre el poder público y el poder privado en el que éste está fijando las reglas de la economía, de la política, de la paz y de la guerra, siempre bajo el principio del beneficio de unos pocos mediante la explotación -¿se puede todavía utilizar esta palabra?- o el aprovechamiento de muchos. De hecho somos testigos impotentes de una crisis del Estado constitucional cuyas consecuencias pueden ser inimaginables.
Tal vez cada uno de los participantes en esta Cena de la Concordia no tenga plena conciencia de lo que él o ella pueden hacer para acabar con este estado de cosas, con este desorden ético que domina el mundo, para propiciar un mundo más libre, más justo y más pacífico. Tal vez cada uno de nosotros no sepamos qué podemos hacer, quizás podamos hacer poco, pero nuestro testimonio, el testimonio de cada uno de nosotros, acaso pueda multiplicarse en el mundo en actitudes muy amplias de rebeldía ante la injusticia y el atropello.
Mi modelo es el maestro de la conciencia, el hombre exigente con su propia conciencia, aquel que es capaz de dedicar, de desperdiciar, su vida en la búsqueda de la verdad y de la justicia. Se cumplen ahora cuatrocientos años de la aparición de Don Quijote de la Mancha.
Lleva cuatrocientos años cabalgando por las junglas y las tundras del pensamiento humano, y ha crecido en vitalidad y estructura. Ya no nos reímos de él. Su escudo es la compasión, su estandarte es la belleza. Representa todo lo amable, lo perdido, lo puro, lo generoso y lo gallardo. La parodia se ha hecho parangón. (Nabokov)

Por una Ley Orgánica de la Enseñanza Artística Superior.
En defensa del espacio europeo de educación superior.

Por Manuel F. Vieites
Escuela Superior de Arte Dramático de Galicia

¿Siempre se ha de sentir lo que se dice?
¿Nunca se ha de decir lo que se siente?
[Francisco de Quevedo]

En este artículo se presentan algunas cuestiones relativas a lo que pueda, o a lo que deba ser, el futuro de la enseñanza teatral superior, considerada en el ámbito general de las enseñanzas artísticas superiores y en el marco europeo de educación superior, en consonancia con lo establecido por la Declaración de Bolonia y en sucesivos Comunicados (Praga, Berlín, Bergen), disponibles en la página web del Ministerio de Educación y Ciencia. Lo hacemos así por entender que, a la vista de los resultados, en todo el proceso de elaboración de la Ley Orgánica de Educación, y en el camino anunciado para reformular la Ley Orgánica de Universidades, no se han dado los pasos adecuados para garantizar normativas capaces de hacer frente a la complejidad del mundo educativo y sus problemas. Los resultados, conocidos en un caso y anunciados en otro, son preocupantes, pues en lo que atañe a la educación artística superior seguimos con los mismos problemas que tantas voces han comentado en los últimos años, desde la promulgación de la LOGSE.
Una vez más la educación artística superior sigue situada en un espacio inadecuado a su carácter, pues si resulta superior en la titulación que ofrece y en las responsabilidades que habrán de asumir centros y profesorado, ocupa el territorio de las enseñanzas medias en cuestiones sustantivas, como se refleja en la ordenación que de dichas enseñanzas se hace en la LOE. Esa bipolaridad provocará numerosos problemas a los centros, al alumnado y al profesorado. Como muestra de lo que se avecina, baste con mencionar el párrafo del artículo 46. 2, en el que se anuncia que la evaluación de las enseñanzas artísticas superiores "se hará en el contexto de la ordenación de la educación superior española en el marco europeo", lo que implica que el nivel de exigencia será el mismo que se aplique a las universidades, pero ni los centros ni su profesorado cuentan con sus infraestructuras, medios y recursos.
Entendemos que las cosas se deben hacer de otro modo y creemos que aún estamos a tiempo de resolver algunas problemáticas que pueden condicionar el desarrollo de la creación, la formación y la investigación teatral en España. Este artículo no pretende otra cosa que plantear esas cuestiones y ofrecer soluciones, defendiendo la necesidad de un gran acuerdo que permita resolver un contencioso que limita el desarrollo del sistema teatral. Lo hacemos desde una posición constructiva: conociendo los obstáculos y las dificultades que puede haber en el Ministerio de Educación y Ciencia para ir más allá (debido a los conflictos de intereses que se pueden dar entre departamentos), agradeciendo la disposición y el trabajo ingente realizado por algunas personas que, en buena medida, participan de lo que se propondrá a continuación, y siendo plenamente conscientes de que en esta deliberación cada uno debe desempeñar, de la forma más atinada y eficaz, el rol que le corresponde.

Presupuestos iniciales. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, publicada en el Boletín Oficial del Estado un jueves 4 de mayo de 2006, no parece el vehículo más adecuado a la hora de alcanzar algunos objetivos que a estas alturas debieran ser irrenunciables, sobre todo considerando la necesaria confluencia en el espacio europeo de educación superior. A la vista de lo establecido en la LOE, la educación artística superior española sigue ocupando el territorio cedido por la LOGSE, si bien ahora las responsabilidades de los centros y del profesorado aumentan, sin que lo hagan en igual medida las competencias. En el espíritu y en la letra, la LOE no va más allá de lo que se afirma en su preámbulo, donde leemos que determinadas enseñanzas artísticas "tienen carácter de educación superior y su organización se adecua a las exigencias correspondientes, lo que implica algunas peculiaridades en lo que se refiere al establecimiento de su currículo y la organización de los centros que las imparten". Tan sólo eso..., y nada más. En efecto, una lectura atenta de la LOE nos muestra que las diferencias con el articulado de la LOGSE son mínimas, más allá del reconocimiento del citado marco europeo, referencias que acaban por introducir en la LOE contradicciones irresolubles, como las contenidas en el párrafo anterior.
Entendemos que las enseñanzas artísticas superiores debieran haber quedado fuera de la LOE pues ese no es su lugar, y así se ponía de manifiesto en un conocido trabajo del profesor Antonio Embid Irujo editado en 1997. Partiendo de aquel informe, y de los estudios que posteriormente se realizaron en comisión en el Ministerio de Educación y Ciencia, que daría lugar a un informe similar, fechado en 1999, y considerando el tantas veces mentado espacio europeo, el gobierno podría haber dado una solución definitiva al problema, evitando crear uno nuevo, que se suma a otros ya antiguos y que inciden en lo mismo: la imposibilidad de que las enseñanzas artísticas superiores lleguen a ser aquello que la Ley les obliga a ser.
En esa dirección, el Capítulo VI de la LOE, que se ocupa de las enseñanzas artísticas, debiera presentar otra redacción para regular, en exclusiva, las enseñanzas elementales y profesionales. Seguramente haya quien piense y defienda que esa redacción ha resultado positiva porque ha permitido que las enseñanzas artísticas superiores no se incluyesen entre las universitarias, un peligro real que en el caso de arte dramático hubiera conducido a su "filologización" y deglución por parte de algunos departamentos universitarios en situación de manifiesta reducción de su docencia, debido al descenso dramático en su alumnado. Es evidente que ese peligro existía y debemos expresar nuestro agradecimiento a las personas que desde el Ministerio de Educación y Ciencia, o desde fuera del mismo, impidieron que eso sucediese. Pero el problema no es achacable a quienes obraron con sensatez y buen criterio, con el afán de provocar males menores y evitar los mayores. Insisto en el reconocimiento que nos merece su trabajo. No daré nombres. Todos sabemos a quién me estoy refiriendo.
El problema deriva tanto a un conflicto de voluntades como de una planificación insuficiente. Entendemos que se debiera haber hecho un estudio previo de las enseñanzas superiores no universitarias y analizar las aportaciones del informe Embid Irujo o las conclusiones del grupo de trabajo del Ministerio de 1999. Teniendo esos informes en cuenta y las referencias a la "ordenación de la educación superior española en el marco europeo", el Capítulo VI de la LOE se habría redactado de otra forma. Así, las referencias a las enseñanzas artísticas superiores hubieran terminado en el Artículo 45. 2, pues en función de su definición establecida en el apartado c), bastaría con añadir en 45. 3 que "la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores se realizará en el marco de la Ley Orgánica de la Educación Artística Superior" (LOEAS). En realidad no habría que llegar tan lejos, porque el legislador atento a la problemática que señalamos, y deseoso de soluciones, no pasaría del artículo 3. 3, donde establecería que las enseñanzas que ofrece el sistema educativo son las que se citan, pero distinguiendo entre (a) las enseñanzas artísticas elementales y profesionales y (b) las enseñanzas artísticas superiores, para luego, en 3. 7, establecer, que "la enseñanza universitaria y la educación artística superior se regulan por sus normas específicas". Todo ello aligeraría un articulado que, como veremos, supone un corsé para el desarrollo real de normas de rango superior.

De la ordenación de las enseñanzas superiores. En un momento en que tanto se habla del espacio europeo de educación superior, ¿qué sentido puede tener el que unas enseñanzas, las universitarias, se regulen en la Ley Orgánica de Universidades, y las otras, las artísticas superiores, en otro marco que no es superior? En buena lógica, el lugar adecuado para las enseñanzas artísticas superiores es un marco superior que agrupe todos los títulos de grado y postgrado. Por eso, en su día señalamos que más que una Ley Orgánica de Universidades el actual gobierno debiera acometer una Ley Orgánica de la Enseñanza Superior.
Sabemos, y ahí estarían los verdaderos problemas, que esa posibilidad podría provocar reticencias o rechazo en los rectores de las universidades y en sectores de las mismas, pero el legislador debe trabajar en función de las necesidades del conjunto de la población. Con todo, creemos que una buena negociación, llevada con rigor y equidad, concluiría con un acuerdo entre las partes, sobre todo porque los rectores de universidad son personas sensatas, razonables y dialogantes. Un acuerdo que contemplase cuestiones como las siguientes:

a) Se consideran enseñanzas superiores aquellas que conducen a la obtención de un título de grado y de postgrado.
b) Las enseñanzas superiores conducentes a los títulos de grado se imparten en las universidades y en los institutos superiores de enseñanzas artísticas, según el catálogo de titulaciones específicas establecido para cada institución y que se citan en los correspondientes anexos.
c) Las universidades y los institutos superiores de enseñanzas artísticas podrán organizar sus respectivas ofertas de estudios de postgrado, incluyendo los estudios de doctorado, en función de sus titulaciones específicas.
d) La educación superior española se definirá, se ordenará y se evaluará en el marco del Consejo de Coordinación de la Educación Superior.
e) La ordenación, estructura y funcionamiento de las universidades y de los institutos superiores de enseñanzas artísticas se regulará mediante desarrollos legislativos específicos, a partir de lo establecido en la propia Ley Orgánica de la Educación Superior.

Entiendo que el haber hecho las cosas de esta forma hubiera evitado las múltiples contradicciones y disfunciones que provocará el desarrollo de la LOE en la necesaria consideración de las enseñanzas artísticas como superiores, pues en la práctica todo indica que serán SUPERIORES por la titulación que ofrecen, y MEDIAS en cuanto al funcionamiento de los centros en que se imparten, con todo lo que eso implica en relación con autonomía, infraestructuras, equipamientos, profesorado y un largo largísimo etcétera…, tan largo como el quebradero de cabeza que provocará. Basta con leer la LOE para tomar conciencia de cómo regula de forma precisa la ordenación de las enseñanzas, el funcionamiento de los centros y la provisión de profesorado y sus cuerpos, con lo que el margen de maniobra para desarrollos ulteriores es sumamente limitado. La única posibilidad, como se establece en el artículo 107. 3, se relaciona con la coordinación de los centros que ofrecen estas enseñanzas, si bien esas propuestas organizativas habrán de atenerse a todo lo establecido en la LOE, como ley de rango superior.
En realidad los problemas que la LOE presenta tendrían fácil solución a poco que mediase la voluntad política suficiente y las oportunas negociaciones con las universidades, que seguramente no tendrían mucho que objetar a que los centros superiores de enseñanzas artísticas pudiesen formar a sus propios doctores y doctoras, cumpliendo lógicamente la legislación vigente, porque de no ser así (como algunos centros pretenden), lo que se lograría sería la devaluación del título de doctor, y debemos entender la legítima preocupación de las universidades. El título de doctor nada tiene que ver con la creación, como creen no pocos docentes de centros superiores, sino con la investigación y cuando hablamos de investigación se impone la lógica del método científico, y en ese territorio, el de la ciencia, por mucho relativismo que invoquemos, hay toda una serie de pautas y normas que seguir, gusten o no.
En todo caso, y ante las dudas y temores que pudieran surgir en torno a las medidas tendentes a fomentar la equiparación de todas las enseñanzas en el espacio europeo de educación superior, no debemos olvidar que el actual gobierno no duda en dar pasos adelante cuando está convencido de lo que propone y ahí tenemos las medidas para garantizar cuotas de género en los consejos de administración. ¿No cabría exigir la misma determinación en cuestiones tan importantes y que afectan a tantos ciudadanos y ciudadanas? ¿A quién perjudica el que en España se elabore una LOEAS en consonancia con el espíritu de Bolonia?
Desde el gobierno central y desde algunas comunidades autónomas se considera que la equiparación de la educación artística superior se logrará mediante la creación de un marco común para agrupar esas enseñanzas, marco que podría tomar la denominación de institutos superiores de enseñanzas artísticas, si bien la organización y el funcionamiento de los centros superiores y de los aspectos más sustantivos de su funcionamiento aparecen claramente regulados en la LOE, con lo que el margen de actuación es mínimo y se limita a la coordinación administrativa. Esos institutos ni siquiera serían competentes en la negociación de convenios con las universidades para la organización de los estudios de postgrado (y doctorado). Según el artículo 58. 2 y 5 de la LOE, la negociación corresponde a las Comunidades Autónomas y su aceptación a las universidades. Queda así en entredicho uno de los pocos, y siempre supuestos, avances de la LOE, pues la organización de los estudios de postgrado no es competencia de los centros superiores sino una posibilidad sometida al arbitrio de las universidades.

De los denominados "institutos superiores". La idea de tales instituciones emana de las personas que en los últimos años se han ocupado de buscar un marco autónomo para las enseñanzas artísticas, en función de sus características singulares. Se formula con absoluta claridad en un informe del profesor Antonio Embid Irujo, que propone la creación de una institución educativa superior con personalidad jurídica propia y con capacidad para ordenar y estructurar sus enseñanzas y todos sus procesos académicos y administrativos, desde la gestión de sus recursos hasta el desarrollo de planes de estudio. En esa dirección, un Instituto Superior funciona a través de unos estatutos que emanan de un Claustro y garantizan su autonomía. Un informe elaborado por una comisión convocada desde el MEC, y hecho público en 1999, señala la misma dirección. Luego volveremos sobre ambos informes
No son estos los institutos superiores que se proponen desde la LOE, porque esta Ley lo único que puede proponer es la creación de unidades administrativas de gestión de recursos comunes a los centros superiores, incluido, por supuesto, el profesorado. El camino que se inicia con la LOE parte de una regulación previa que limita considerablemente cualquier desarrollo posterior, porque las enseñanzas y los centros que habrán de impartirlas ya están perfectamente ordenados y estructurados. Lo único que cabe hacer es crear un órgano para su coordinación general, es decir, adscribirlos a una especie de subdirección general. Ese es el camino que han seguido algunas Comunidades Autónomas, como la de Aragón, que publicó la Ley 17/2003, de 24 de marzo, que regula la organización de las Enseñanzas Artísticas Superiores. En esta Ley, la primera que se aprueba en España, no se parte, en ningún momento, ni en su espíritu ni en su letra, del modélico informe el profesor Antonio Embid Irujo. Lo que nos muestra la Ley 17/2003 es su escaso margen de maniobra, porque la LOE lo regula prácticamente todo, desde las normas de acceso del alumnado, hasta el funcionamiento de los centros o el acceso a la función docente. Los aspectos más substantivos ya están determinados, y los institutos superiores acaban siendo un negociado de centros.
Todo esto se puede ver con mayor claridad, si cabe, en la "propuesta de Anteproyecto de Ley de Ordenación de centros y creación del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana", documento hecho público el 7 de junio de 2006. Curiosamente en el preámbulo del mismo, luego de analizar los desarrollos legislativos relacionados con las enseñanzas artísticas, y entre ellos los establecidos en la LOE, sus redactores señalan que "los esfuerzos aún se revelan insuficientes, ya que los estudios artísticos superiores se rigen con criterios de enseñanza secundaria, siendo los títulos equivalentes a los universitarios." Además de criticar lo que luego se acepta, se ha de notar la permanente referencia a los estudios universitarios, un lenguaje que convendría superar para hablar de estudios de grado y de postgrado, conforme a las directrices europeas en materia de educación superior.
El articulado del anteproyecto elaborado en la Comunidad Valenciana muestra sus debilidades desde el primer momento y así en su artículo primero ya se establece que el Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana será una "entidad autónoma de carácter administrativo". Entre los objetivos del citado ISEACV tienen especial relevancia los relativos a la "coordinación entre los centros" y el "establecimiento de fórmulas de colaboración con las Universidades Valencianas". No debe extrañar, en consecuencia, que las universidades cobren un considerable protagonismo en la organización de las enseñanzas de grado y postgrado como se proclama en el artículo 58. 4 de la LOE, y así se recoge en el artículo 4. b) de la propuesta de ISEACV, en el que se propone compartir "recursos, servicios y organización en las enseñanzas comunes", lo que acabará por incorporar determinadas áreas de docencia a los departamentos universitarios.
Avanzando en el articulado de la propuesta de anteproyecto del ISEACV, podemos concretar todavía más su carácter de subdirección general si consideramos su estructura orgánica. El Presidente y los Vicepresidentes son cargos políticos y no académicos, pero lo mismo ocurre con su director, de quien se dice que "será designado por el Consell de la Generalitat Valenciana" y que el nombramiento podrá recaer "entre altos cargos de la Consejería competente." Es decir, que el director general es un cargo de libre designación, no elegible. Pero el carácter político, administrativo, y no académico, del "instituto" queda patente en la conformación del "consejo de dirección", donde curiosamente no están representados todos los centros adscritos al mismo y donde la mayoría política se impone a la reducida representación académica. La propuesta tiene, infelizmente, un aroma de otros tiempos, y ese aroma se puede percibir con total claridad si comparamos las atribuciones del "consejo de dirección" y las pocas prerrogativas que dejan a los centros superiores en aplicación de su mermada "autonomía de gestión".
Se trata de una propuesta de anteproyecto que encoge el alma y que hace que se disparen las convicciones democráticas de cualquier ciudadano. Viendo la dimensión del despropósito mejor sería dejar las cosas como están, porque el futuro es verdaderamente aterrador, en tanto el ISEACV se convierte no ya en una "subdirección general" sino en un "espacio de gestión" al que puede asomar la incompetencia de turno por el simple hecho de ser primo de, tener un determinado carné o por servicios prestados…
Puede resultar muy edificante comparar el documento emanado de las Cortes de Aragón y el que se ofrece desde las Valencianas, para ver hasta que punto los dos son sumamente intervencionistas, los dos parten de la visión gerencial y administrativa de los institutos superiores y los dos establecen el control político de una institución que debiera tener una mayor dimensión educativa, académica e institucional. Existen algunas diferencias de matiz entre uno y otro, pero ambos suponen la creación de una subdirección general de enseñanzas artísticas con el envoltorio de institución autónoma. Cabría hacer un análisis más detallado de toda la legislación generada en Aragón y de la que se anuncia en Valencia, pero ese análisis, a un tiempo crítico y comparado, ocuparía más tiempo del que disponemos. Me limito a señalar sus aspectos más discutibles e insisto en ese carácter administrativo, que no académico, de los ISEAs propuestos; un carácter que tal vez venga determinado por los desarrollos de la LOE y su reglamentación de la enseñanza artística superior, lo que deja, insistimos, muy poco margen de maniobra. Con todo, no debemos olvidar que la creación del Instituto Aragonés de Enseñanzas Artísticas Superiores se propone en 2003, y su orientación es un claro indicio de que, con LOE o sin LOE, la institución que se proyectaba era muy diferente a la propuesta por Embid Irujo o por la Comisión Técnica del MEC.
Si hubiéramos de determinar los puntos oscuros de ambos desarrollos de ordenación de las enseñanzas artísticas superiores, diríamos que se trata de propuestas de gestión administrativa de los centros, que limitan su autonomía, que no resuelven los grandes problemas heredados de la LOGSE y recreados por la LOE, y que en nada contribuyen a la puesta en valor de las enseñanzas. No dudamos que la ubicación de todas las enseñanzas superiores en un mismo departamento, en esa "subdirección general" con rango de "instituto", podría traer algunos beneficios colaterales, que, con todo, no se derivan del nuevo marco, en tanto se podrían lograr igualmente partiendo del marco actual con una gestión eficiente, de calidad. Así, el fomento de la investigación (una de las grandes bazas aducidas en defensa de los actuales ISEAs), pasaría por reconocer que los centros superiores de enseñanzas artísticas son centros de investigación, incluyéndolos en los correspondientes catálogos, e incluyendo a sus investigadores en los censos existentes. Un simple decreto permitiría aumentar la autonomía de los centros para poder realizar convenios de colaboración con instituciones, organismos y otras entidades. Ahí tenemos la amplia autonomía de que gozan los Centros Integrados de Formación Profesional como ejemplo a seguir. Pero seguimos situados en el territorio de las Enseñanzas Medias, no en el de las superiores. Estamos, en consecuencia, fuera del marco europeo, en fuera de juego.

Del informe del profesor Antonio Embid Irujo y del informe del MEC. El catedrático de la Universidad de Zaragoza lo definía así: "Informe sobre la conveniencia de promulgar una Ley Orgánica Reguladora de la Organización en Régimen de Autonomía de las Enseñanzas Artísticas en España". Está fechado en 1997 y su redacción obedece a una petición de la Asociación Española de Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas. Después de un detallado análisis de las posibilidades para regularlas, académica y administrativamente, se propone en anexo un "Borrador de Ley Orgánica reguladora de la organización en régimen de autonomía de las Enseñanzas Superiores Artísticas en España". El antes mencionado "Informe de la Subcomisión de estudio de los modelos de centros superiores de enseñanzas artísticas", emanado del MEC en mayo de 1999, también incluye un anexo en el que se propone un modelo de desarrollo que contempla, como en el caso anterior, los aspectos más sustantivos del problema: estructura de los centros, régimen jurídico de los mismos, ordenación de las enseñanzas y régimen y estatuto del profesorado. Dos trabajos escritos con rigor, coherencia y responsabilidad que para nada han orientado la creación de los ISEAs actuales. Seguramente porque ese no es el modelo que ahora se defiende, pero también porque ese diseño modélico es imposible con la LOE.
Como se señala en el preámbulo del Borrador de Ley Orgánica, elaborado por el profesor Embid Irujo, se acude al modelo de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria, para que las equivalencias sean, de verdad, a "todos los efectos". Y así se propone en el articulado del borrador, considerando aspectos tan esenciales como los estatutos y los órganos de gobierno de los ISEAs. Frente al modelo de Aragón y Valencia, aquí se imagina y desarrolla una institución académica que funciona como cualquier otra institución de educación superior europea: con estatutos, claustro, junta de gobierno, departamentos, centros y cargos unipersonales. Se da una similitud evidente con la universidad, pero no podía ser de otra forma en tanto dos instituciones superiores tienen más semejanzas que diferencias. Así, el claustro es el máximo órgano de representación de la comunidad educativa, que integra profesorado, alumnado y personal de administración de servicios, presidido por el rector.
En los modelos de Aragón y Valencia el máximo representante del ISEA es el Presidente del mismo, cargo que corresponde, en buena lógica política que no académica, al "Consejero del Departamento responsable de Educación". En el caso de Valencia, todavía se contemplan dos vicepresidencias: "el Secretario Autonómico y el Director General competentes en materia de universidades y formación superior de la Comunidad Valenciana". Si en el caso de esta última comunidad el cargo de director del ISEA es de libre designación, en el caso del modelo aragonés, la Ley 17/2003 especifica que el director del IAEAS será el director general responsable de las enseñanzas artísticas; es decir, tenemos director general por partida doble. Pero además el director del IAEAS debe asumir unas funciones que exigen un trabajo a pie de obra que a la larga implicarán la delegación de las mismas en algún subdirector o jefe de servicio. Por eso insistimos en que, en vez de "instituto superior", debemos hablar de subdirección general.
La propuesta de Embid Irujo suponía, en la práctica, la promulgación de una LOEAS que equiparaba ISEAs y universidades. Por eso, en numerosas ocasiones se habló de una "universidad de las artes", símil que reflejaba con claridad el espíritu del informe. Ese debiera ser el punto de partida y de llegada, para lograr que estas enseñanzas se sitúen en régimen de igualdad en el espacio europeo de educación superior, toda vez que ya resulta imposible, y seguramente innegociable, la reformulación de la Ley Orgánica de Universidades y su transformación en Ley Orgánica de la Educación Superior. Esto último sería lo sensato, pero sabemos que las prioridades son otras.
En consecuencia, proponemos la consideración de los dos citados informes, uno incluso emanado del propio Ministerio, para la promulgación de una LOEAS, que, en sus "disposiciones derogatorias", modifique cuanto se ha dicho de la LOE. De hecho, el Borrador de Ley Orgánica contenido en el informe Embid Irujo, incluía una disposición final primera que establecía la "modificación de la Ley Orgánica General del Sistema Educativo", para dejar sin efecto normas anteriores. El trabajo ya está hecho; sólo falta, como en tantas otras cosas, voluntad política o, tal vez, un poco de sentido común.

Del profesorado. Con independencia de que el éxito de la enseñanza artística superior dependa de la interacción de diferentes variables, el profesorado es un elemento esencial para garantizar niveles de calidad en la docencia, la investigación, y la creación, campo a menudo olvidado pero importante, porque los centros superiores deben ocuparse del desarrollo de procesos de creación, a modo de "practicum", como ejemplificaciones del ejercicio profesional de sus titulados. En consonancia con el carácter superior de las enseñanzas, parece razonable reconsiderar el estatuto del profesorado de los centros superiores de enseñanzas artísticas, en lo que atañe a aspectos varios, desde los relativos al desempeño de funciones de docencia, creación e investigación hasta los retributivos.
Una vez más, la LOE cierra las puertas a cualquier posibilidad de desarrollo de un nuevo estatuto, en tanto establece en su Título III, Capítulo II, el profesorado de las distintas enseñanzas, incluidas las artísticas superiores, como podemos comprobar en la lectura del Artículo 96. Para las enseñanzas artísticas siguen existiendo los cuerpos de Profesores de Música y Artes Escénicas y de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, equivalentes, a todos los efectos, a los de Profesores de Secundaria y de Catedráticos de Secundaria. Las equivalencias "a todos los efectos", no se establecen con la educación universitaria, sino con la secundaria. Seguimos en el territorio de las ENSEÑANZAS MEDIAS.
La promulgación de una LOEAS, implicaría la creación de un cuerpo de Profesores de Institutos Superiores de Enseñanzas Artísticas, e, igualmente, de un cuerpo de Catedráticos de ISEAs, además de considerar otros tipos de profesorado como el asociado, el visitante o el especialista. Es decir, la gama de puestos se adaptaría a las necesidades de docencia e incluso de la investigación, lo que redundaría en beneficio del conjunto, pero, sobre todo, del alumnado. Esa es una posibilidad que la LOE ha negado ya con su reglamentación y curiosamente los dos modelos de ISEA antes mencionados poco o nada dicen del profesorado, por la simple razón de que nada cabe decir, más allá de lo establecido por la LOE. Ahora bien, ¿es posible reclamar que un profesorado con un estatuto generalista, equiparado al de secundaria en todos los aspectos de la función docente, asuma las competencias del profesorado universitario, a todos los efectos, es decir, en cuanto a docencia, actualización permanente e investigación? ¿Dispone el profesorado de los centros superiores de enseñanzas artísticas de infraestructuras, equipamientos, recursos y medios para asumir esos compromisos? ¿Percibe un salario suficiente?
Veamos un ejemplo. En mi incorporación a la Universidad de Vigo, en marzo de 1997, como profesor asociado, se me ofreció un despacho con teléfono y ordenador, una tarjeta magnética para hacer fotocopias, un carné de profesor universitario que permitía el acceso a todas las bibliotecas del sistema universitario del Estado y además facilitaba la solicitud de préstamo interbibliotecario, y mi departamento me asignó una cantidad suficiente para adquirir todo tipo de materiales para la docencia y la investigación. Un año después hube de presentar mi producción científica a evaluación, y una vez finalizado el proceso mi departamento me comunicó que tenía a mi disposición una cantidad importante de dinero de la que podría disponer en función de unos parámetros muy vinculados con la docencia, la actualización y la investigación. Pude asistir a varios congresos, en los que presenté ponencias o comunicaciones, visitar varios centros de investigación para realizar trabajos de documentación, e incluso hacer una pequeña estancia investigadora en el Graduate Center de la City University of New York.
¿Son esos los recursos que se van ofrecer al profesorado de los centros superiores de enseñanzas artísticas? Todos sabemos que no, por lo que resultan sumamente preocupantes documentos como el elaborado en la Comunidad Valenciana, en tanto pueden llegar a exigir que el profesorado cumpla con unos parámetros "universitarios" en cuanto a docencia e investigación y en su evaluación, sin tener un estatuto profesional similar ni contar con los mismos medios. Hay que ser conscientes de la trampa que se puede tender al profesorado de los centros superiores en tanto se les puede acabar considerando profesores "universitarios" sin serlo, porque no olvidemos que hasta ahora la única equivalencia, la única equiparación a "todos los efectos", es la del título (y la de organización de los estudios). Ni los centros en su estructura y funcionamiento, ni los recursos y presupuestos, ni el profesorado, están equiparados a "todos los efectos". E insisto en que esa equiparación "a todos los efectos" sólo podrá llegar en el momento en que se promulgue la LOEAS. Mientras no sea así, todo lo que se diga o proponga puede acabar por ser como el paño que le hicieron a un rey unos burladores, como le contaba el buen Petronio al Conde Lucanor. En efecto, podemos quedar en cueros, si es que no lo estamos ya. En relación con el profesorado, el profesor Embid Irujo trataba la cuestión con una lógica envidiable, pues señalaba que, en función de la legislación vigente, habrán de ser los propios institutos superiores, las comunidades autónomas y el Estado los que determinen los "cuerpos docentes regulados en la legislación básica aplicable", señalando además que los funcionarios docentes debieran tener plena capacidad docente e investigadora, una equiparación a todos los efectos con los de la universidad, que además se aplica a los procesos de selección y contratación propuestos en el capítulo segundo de su Borrador. Las referencias a las funciones de docencia e investigación implican que todos aquellos profesores y profesoras que deseasen coordinar o dirigir equipos de investigación, al menos en aquellos proyectos de investigación financiados con fondos de programas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), deben poseer el título de doctor, porque esa es una condición de carácter universal en cualquier proyecto de promoción del conocimiento. Lo mismo ocurre en la organización de programas de doctorado, que deben ser impartidos por profesorado doctor, como ocurre en cualquier ámbito académico que imaginemos. Estamos ante un reto que el profesorado de los centros superiores debería asumir con rigor y responsabilidad pues también así se demuestra y defiende el carácter superior de las enseñanzas artísticas. No podemos quejarnos de la paja en ojo ajeno sin ver la que se acumula en los nuestros. La excelencia educativa, y la calidad, también se defienden con los programas y las líneas de investigación de los departamentos y de los centros, pues son parámetros universalmente admitidos en la evaluación de las instituciones educativas superiores.

En conclusión. Nos resistimos a pensar que sólo nos quede el desaliento, el desamparo o el desengaño; que no debamos imaginar un futuro diferente. Llegarán los "institutos superiores", se crearán algunos cargos de libre designación para alegría de fieles y acólitos, pero los centros seguirán siendo los mismos, con los mismos problemas y dificultades, aunque también pudiera ser que los problemas, dificultades y exigencias aumenten. Y en ese panorama, pese a todo, deberemos seguir trabajando porque la razón está de nuestra parte, y esto último no lo decimos nosotros, se afirma en la Declaración de Bolonia.
Por eso no renunciamos a dejar por escrito un deseo de mejora. Se trata además de formulaciones realistas y sumamente pragmáticas nacidas del sentido común y realizadas por personas que quieren un futuro mejor para nuestro sistema educativo y para sus beneficiarios y usuarios y que lejos de vivir en mundos de ensueño trabajan día a día, y a pie de obra, para que las cosas funcionen de la mejor forma posible. Por eso, nos atrevemos a decir cuanto decimos y a reclamar cuanto reclamamos. Pero, al tiempo, también brindamos nuestra colaboración abierta, sincera y desinteresada a los responsables del Ministerio y de las Comunidades Autónomas para, entre todos, iniciar un camino que a medio plazo nos lleve a un territorio diferente, aquel en que la educación artística superior pueda desarrollar todas sus potencialidades, que son muchas.

Bibliografía
EMBID IRUJO, Antonio. Informe sobre la conveniencia de promulgar una Ley Orgánica Reguladora de la Organización en Régimen de Autonomía de las Enseñanzas Superiores Artísticas en España. Madrid: Asociación Española de Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas, 1997.