Artículos y noticias

La hora de las verdades

2008-12-01

 

Por Juan Antonio Hormigón.

Debo reconocer que hay algo que me produce una cierta irritación a la hora de escribir un editorial para nuestra Revista. No es infrecuente que el tema abordado sufra derivaciones o transformaciones que modifican en aspectos de mayor o menor envergadura parte de lo que se ha dicho. La periodicidad y el tiempo que media entre escritura y aparición impresa, juegan en este caso en nuestra contra. Todo ello tiene aspectos positivos pero también otros negativos que son los que me provocan esa "cierta irritación" de la que hablaba.

La rapidez con que se han venido produciendo los sucesos desde el pasado septiembre, me han llevado a esperar al último momento para redactarlo. He podido contar así quizá con algunas confirmaciones fehacientes, pero seguimos estando expuestos a cualquier contingencia que pueda originarse.

I

Hay dos cuestiones que encuentro relevantes y merecedoras de atención, así como la imagen que de ellas se ha dado y se da en los medios, televisivos sobre todo, La primera de ellas han sido las elecciones en Estados Unidos y el triunfo de Barak Husein Obama. Se trata de una buenísima noticia sin duda, aunque cualquiera es mejor que lo que había. Obama ha aparecido en la campaña como un personaje de temple firme, discurso fluido, centrado en temas que inquietaban a la ciudadanía. Su discurso de aceptación de la nominación como candidato fue excelente, no sólo por su bien construida estructura o su competente factura formal, sino ante todo por su contenido que señalaba su deseo de recuperar el tono democrático de la sociedad estadounidense, así como una nueva formulación de las relaciones entre capital y trabajo.

El hecho de que Obama despierte numerosas simpatías y que muchas personas a lo largo y ancho del mundo lo miren con beneplácito y esperanza, no asegura que no vayamos a tener crueles decepciones. Al fin y al cabo se trata de un Presidente de los USA y por tanto sujeto a presiones que no podemos imaginar, por parte de quienes han tenido secuestrado el gobierno de ese país para su propio beneficio. Son muchos los que allá y acá consideran a Bush como el peor presidente de la historia de su país, lo cual ha potenciado la dimensión de Obama como un liberador. Pero quizás muchos piensen que las miserables condiciones que ha dejado su antecesor puedan resolverse sólo con buenos deseos y eso no será así.

Con ser importante el proceso de movilización que ha generado y que finalmente le ha conducido a la victoria, los problemas que afectan a la sociedad estadounidense son de una magnitud inmensa y de complejidad notable. Obama se encuentra con dos guerras abiertas, la ignominia de Guantánamo, un desfondamiento económico de proporciones difíciles de medir todavía y una serie de mitos familiares de los que muchos participan y que ya no son ciertos. Estados Unidos no puede seguir creyéndose el amo del mundo y rigiendo sus acciones por criterios unilaterales. Ni tan siquiera será pronto la primera economía mundial porque el crecimiento y progreso de China es por el momento vertiginoso. El mundo ya no podrá ser unipolar, felizmente, y los sueños imperiales sólo son quimeras. ¿Quién va a ser capaz de decirle a buena parte de la ciudadanía que ya no son lo que les quisieron hacer creer que eran? Si Obama lo lograra pondría a su país de nuevo a la altura de la civilidad y no de la barbarie, como hizo Bush.

Curioso ha sido sin duda el tinglado mediático que ha rodeado el proceso electoral estadounidense, allí porque ya lo era y aquí porque hemos llegado a las más altas cotas de sustitución del debate político por el espectáculo televisivo. La degradación de la política tal y como se orienta en la mayor parte de estos programas es un hecho ostensible. Pero además se vertieron opiniones que eran como para quedarse boquiabiertos. Con tono exultante tuvimos que oír lo admirable que era ese país, la solidez de su sistema electivo, la calidad de los debates, el buen tono de los candidatos, etc.

Algunas de estas cuestiones son ciertas y otras radicalmente falsas. De pronto se nos pretendía hacer olvidar el fraude notorio de las elecciones del 2000 en las que Bush se hizo de forma ilegal con la presidencia, las notables fallas de la mecánica electoral y del propio reparto, la incongruencia entre el voto popular y el del colegio electoral, los desmanes belicistas, locura imperial y atentados contra el derecho internacional y de gentes que los gobiernos de ese país llevan practicando durante décadas, etc.

Obama lo sabe y por eso ha afirmado que nunca autorizará la tortura. Lo saben todos: un excelente reportaje sobre la CIA que emitió la Segunda cadena de TVE, en el que hablaban desde Secretarios de Estado hasta antiguos agentes, dejaba al desnudo lo que esta entidad hizo contra la justicia, el derecho, el constitucionalismo y las personas. No creo que se nos deba poner a los españoles el ejemplo de lo que se hace en Estados Unidos en esta y otras muchas cuestiones. Los muchos problemas que debemos corregir acá no deberían pasar nunca por la imitación de aquello. Cuando se hace no nos trae sino más problemas o desgracias.

La elección de Obama ha movilizado al grupo de denodados agentes mediáticos, que se sitúan en la extrema derecha aunque no se confiesen como tales. Hemos oído en algún caso calificarlo como un radical peligroso, aunque sea un fanático quien lo afirme. En otros tildarlo de conservador, con expresiones radiantes como ¡Menuda sorpresa se van a llevar! Les hemos oído afirmar: "Cuando Obama le diga -al Presidente del gobierno- que mande tropas a Afganistán..." Estos patriotas de pacotilla encuentran de lo más normal que el presidente del gobierno de España sea un lacayo del de los Estados Unidos. Esta ha sido la historia de los últimos tiempos.

¿Por qué algunos que se denominan periodistas pueden faltar a la verdad o mentir deliberadamente con total impunidad? Día tras día esta dinámica coordinada de intoxicación no tiene reposo. Pregunta: ¿Por qué sólo esta derecha fanatizada tiene espacios monográficos televisivos a su disposición, con un invitado diferente para aparentar pluralismo? Ciertamente, Televisión Española es ahora un paraíso del pluralismo y el equilibro. Algo hemos ganado.

II

La otra gran cuestión que nos ha afectado en este periodo es lo que denominamos "crisis". El aspecto que presenta es el de una implosión del sistema al llegar al límite de lo soportable la voracidad de muchos responsables de bancos financieros, los de carácter más especulativo.

Mucho se ha hablado y se seguirá hablando de este asunto, grave sin duda, pero quisiera hacer tan sólo unas pocas reflexiones:

1.- Escuchaba hace unos días a Mario Conde afirmar: "Esta es una crisis cuyo origen nadie nos ha explicado". En eso creo que muchos estaremos de acuerdo. Sabemos que surge en Estados Unidos, las entidades que la detonan, pero seguimos ignorando de verdad qué es lo que ha pasado. Tardaremos en conocerlo de verdad.

2.- Después de que los detentadores del sistema aparecieran noqueados, que se anunciara el final del capitalismo y temblaran los cimientos de todo un tinglado construido sobre falsedades, a los pocos días se puso en acción a sus agentes mediáticos. Esta pobre gente que en su mayoría saben poco pero hablan con la seguridad de quien parece dominarlo todo, comenzaron a defender el libre mercado como lo único posible y lo más benéfico para la humanidad. Obviando de donde nacía la crisis existente, se hizo hincapié en esta cuestión. Pocos días antes de la reunión de Washington, el saliente Bush hizo un discurso reclamando la misma cuestión. Nadie hablaba ya de juzgar a los responsables, de ajustar cuentas con los causantes de la catástrofe. Ahora se trataba de sustentar el sistema a toda costa. Claro que aquí toda esta parafernalia tuvo algo de grotesco. ¡Qué cosas se han oído!

3.- Todo apunta a que la ansiedad y urgencia por adoptar medidas que salgan al paso de la crisis, lleva camino de hacer olvidar el origen y la sanción de los responsables. ¿Hasta dónde habría que llegar? El catedrático de Filosofía del Derecho Francisco J. Laporta (El País, 12-XII-2008) lo explicaba de modo sencillo y directo: "En el reino de la economía de mercado suceden cosas pero nadie es responsable. Es el reino de la impunidad. Esto, por cierto, contrasta con algunas otras de nuestras actividades cotidianas presididas muchas veces por una obsesiva, a veces incluso obscena, búsqueda de la responsabilidad. (...) El reino de la vida económica, por el contrario, parece impenetrable al juicio de responsabilidad. Hay crisis, recesión, pobreza, paro, lo que sea, pero nadie los ha producido. Se han producido solos".

4.- Emergen no pocas contradicciones. Un gran empresario explicaba que dada la escasa  capacidad de ahorro de los españoles, los bancos tuvieron que pedir dinero a entidades extranjeras a fin de asegurar el desarrollo del país. Los cuantiosos recursos con que el gobierno ha acudido en su ayuda están destinados a que los bancos sufraguen sus deudas. Sin embargo por otra parte, no es del ahorro de lo que se habló antes. La mentalidad que se creó utilizando de forma preferente los medios de comunicación, fue la de gastar y gastar: consumir era la palabra sagrada. Porque el motor del sistema, se decía, es el consumo. Es difícil consumir sin tiento y ahorrar con prudencia al unísono. ¿Hay quién hable del cambio necesario de mentalidad?

5.- El peligro sobre la cultura planea sin recato. En cuanto se tercia y suele ser a menudo, alguno de los agitadores mediáticos se lanza a la denostación de todo tipo de actividades relativas a la cultura, de los actores, directores de cine, pintores, también contra la cinematografía, el teatro o las artes plásticas. Además de la sensación de miedo y desconfianza que han extendido y exacerbado entre la ciudadanía, intentan convertir el medio cultural en una serie de gentes que recibe prestaciones gubernamentales por nada, ya se sabe que son gente que no trabaja y si lo hacen es para expeler mamarrachadas.

Los niveles de ignorancia son tan evidentes que sólo produce sonrojo. Con la cantidad de estudios y publicaciones que existen -también en España- sobre el funcionamiento, organización y financiación de la cultura en los países europeos o en Estados Unidos, parece mentira que tengamos que soportar una y otra vez esta pontificación ignara sólo que dicha con énfasis y que en nada se ajusta a la verdad.

Buena muestra de lo que sucede la protagonizó un empresario como José Antonio Segurado que dijo: "Señores, no se puede negar que el cine, el teatro, las artes plásticas en el mundo han progresado gracias a las contribuciones públicas", mientras el rector de una Universidad, privada, eso sí, y neoliberal fanático, respondía: "De eso habría mucho que hablar".

Algo que produce una mezcla de hastío y repugnancia es la actuación de este grupo de agitadores mediáticos que actúan al unísono y repitiendo expresiones similares, como si se impartieran consignas. Los hay de todas las especies. Un energúmeno clama a voces porque en el pasado franquista las cosas funcionaban mejor; un sonriente y untuoso catedrático de economía como el anterior, se afana por recomendar como agua de mayo abaratar el despido como solución de la crisis; otros varios de diferentes pelajes piden la disminución de impuestos y del gasto público; una dama de abundante cabellera reitera su odio visceral contra todo lo que suene a levemente progresista y ya no digamos al señor Rodríguez Zapatero; otra más bien de perfil pijo, se pronuncia una y otra vez contra todo aquello que se propone desde el gobierno y apoyan las mayorías parlamentarias, aunque da muestras de saber poco de las materias.

Todos coinciden en algo: Rodríguez Zapatero tiene la culpa de todo lo malo, todo en él es negativo, supongo que es parte de su labor política a favor del PP, aunque en realidad son sus peores enemigos. Así es este aguerrido grupo de sabuesos mediáticos erigidos en defensores de los pobres, preocupados angustiadamente por el paro y espadas flamígeras a la búsqueda de corruptos, socialistas o sindicalistas. Que lucen después coches impresionantes y un tren de vida de alto porte. Pero quizá sea tan sólo otra contradicción.

 

Revista ADE-Teatro nº 123. Diciembre 2008

 

 

 

Leer más

¡Silencio!

2008-12-01

 

Por Manuel F. Vieites.

Con motivo de las Olimpiadas de Pekín, la ciudadana María Teresa Fernández de la Vega reconvenía a los deportistas de la delegación española para que se abstuviesen de hacer comentarios políticos durante la celebración del evento, y así hacía pública la opinión del gobierno en torno al tema: mejor callar. Más allá de todo lo que cabría decir en torno a un asunto sumamente complejo, para evitar raseros múltiples, esa advertencia de la ciudadana vicepresidenta no deja de ser un síntoma preocupante de una forma de ejercer el poder que cada día resulta más preocupante. Porque lo que en realidad hace la clase política es ejercer el poder; no lo que debiera hacer: desarrollar una acción de gobierno orientada al beneficio universal de los ciudadanos y las ciudadanas. La clase política se dedica a mandar, no a gobernar, porque gobernar, con permiso de Bibiana Aído, tiene más significados que el de mandar, como guiar, sustentar, arreglar, componer…

Las voces que reclaman o urgen silencio se oyen por doquier, es una constante en muchas esferas del poder, incluido el local y el autonómico (debiera decir gobierno y digo poder, infelizmente). Cualquier disensión, o consideración de carácter crítico, se interpreta como ataque, deslealtad o traición, cuando no como intromisión injustificada en esferas que para nada competen a quien opina (prima mucho eso del “primero, votar, y después, callar”). Esa idea del “mejor callados” también se instala en el pensamiento de muchas personas que evitan opinar, decir, comentar, debatir, por miedos muy diversos, y entre ellos está el de perder la posibilidad de salir en una hipotética foto (y aquí coinciden quien tiene la lógica y sana aspiración a mejorar, quien se decide por la trepa, directamente, y quien persigue hacer caja). Por eso el miedo a decir, a opinar, a disentir, se combina con la boca cerrada, o el halago, según la ocasión. Se hace así un flaco favor a la democracia, con frases como “mejor te estás callado”, “mejor me callo”, “no me conviene”, “no debería”….

El nivel del debate político en España, y en todas y cada una de sus ciudades, provincias, autonomías, barrios, naciones y tribus, en sus varias lenguas y dialectos, se empobrece, y el perfil de nuestros políticos es, lamentablemente, cada vez más bajo, lo cual no tiene que ver tan sólo con la cuestión de la edad, que también, sino con el asunto ese del callar y esperar, pues hay personas que carecen de opinión propia y asumen, sin ningún género de dudas, las directrices que en cada momento se determinen. A medida que pasa el tiempo, cobra más valor aquella frase de Ricardo Mella, contenida en su Ideario, en la que vinculaba el estado de la humanidad con la valía de los dirigentes (no la reproduzco porque, aunque certera, es fuerte). Y es que muchas de las personas que hoy están en política lo están por puro interés personal, y no por una voluntad de servicio, que debemos dar por supuesta y que no siempre es real, pues esa voluntad no se refleja en su acción diaria. Hay excepciones, lo sabemos, que honran a quienes las hacen posibles. Pero esa no es la tónica general, porque la corbata y el traje, o el vestido de marca, tiran mucho, sobre todo para quienes han convertido la escalada en pasión vital; y comprobamos incluso cómo los padres y madres, desde el aparato, colocan a sus hijos e hijas en el aparato, para que el aparato esté controlado y la renovación se haga desde y con el aparato. Algunas designaciones últimas en cargos políticos y otras responsabilidades son aparato. Un espectáculo lamentable, aunque se quiera presentar desde otra perspectiva. Una renovación generacional en familia, el relevo de la “beautiful people” por la “young beautiful people”; es decir, padres y madres por hijas e hijos. Los ejemplos sobran, y algunos para sonrojo de sus promotores o progenitores (según los casos). 

Quienes manejan los hilos de la clase política actual, y controlan el acceso a la acción política de cierto nivel de responsabilidad, están propiciando un despropósito sin precedentes, que tiene mucho que ver con el signo de los tiempos, marcados por la caída de mitos como la libertad, la experiencia o el conocimiento. Me refiero a esa pasión por la juventud, que bien pudiera ocultar un deseo, inconfesable pero real, de algunos gobernantes de rodearse de personas que no les puedan hacer sombra. La impericia de algunos ministros y ministras, o de algunos notables, pasados y presentes, de los equipos dirigentes de los partidos, salta a la vista. Y, mientras tanto, un importante número de militantes, simpatizantes y allegados, con conocimientos y experiencia, se ven relegados, marginados o incluso olvidados. Y nos valdría si esas personas maravillosas que se adueñan del espectro político nos entusiasmasen, con sus ideas y propuestas, con su trabajo diario, con la mejora permanente de la vida de todos y todas. Pero no es así. Lo cierto es que vamos de decepción en decepción, porque la audacia, si no va acompañada de inteligencia, se convierte en gaseosa (y algo de eso también pasa en el campo de la creación artística).

Lo más penoso en todo este asunto, en esa petición imperativa de silencio, que a veces parece advertencia, es que contraviene los principios que aparentemente orientaban la vocación republicana del ciudadano presidente. Porque el republicanismo implica diálogo, debate, deliberación, incluso exige confrontación y disenso, siempre a través de la palabra, de la argumentación, porque la diversidad y la pluralidad enriquecen, al contrario que la unanimidad, que induce dogmatismo. No se puede tocar de oído. Y es muy triste comprobar cómo, en el fondo y la forma, pero también en el tono, las invitaciones al silencio que ahora se nos hacen son las mismas que nos llegaban de otro gobernante de cuyo nombre no quiero acordarme, pero que utilizaba, e incluso imitaban sus palmeros, esa coletilla insufrible del “mire Usted…”, que sonaba a amenaza, a desprecio, a insulto.

No debiéramos callar, ni olvidar lo que decía el poeta, aquello de que “nos queda la palabra”. Porque, en efecto, la palabra es lo opuesto al silencio, a ese silencio cómplice, cobarde y culpable, que se nos reclama, también para evitar decir “crisis”. No podemos callar. Nuestra obligación, como ciudadanos, es hablar, decir, opinar, convenir, acordar, disentir, deliberar. Porque eso, y no otra cosa, es el teatro: diálogo. Diálogo y crisis, por cierto, y es que las palabras no se pueden ocultar. Y hablando de crisis, de [‘krisis], insisto, que somos [‘kentum], atención a la crisis del fútbol y a la posible amnistía fiscal que podría avecinarse, toda vez que el entramado, a pesar de que “puedan”, se desploma. 

 

Revista ADE-Teatro nº 123. Diciembre 2008

Leer más

I want my money back!

2008-12-01

 

Por Manuel F. Vieites.

Eso es lo que diría cualquier liberal con principios ante los últimos acontecimientos que se desarrollan en el escenario financiero mundial, en especial en los Estados Unidos de América, donde el sacrosanto ideal de la no intervención parece haberse dejado a un lado para mejor defender los intereses de unos pocos. Hay que insistir en lo de “unos pocos”, porque es de lo que se trata, de salvar las inversiones de los de siempre, de aquellos que juegan en el mercado como juegan al billar. Pero mientras las economías de diseño desfallecen, el Euribor, que tanto afecta a las hipotecas reales de los ciudadanos reales, aumenta considerablemente. Por todos lados se pide suspender por un tiempo la economía de mercado, justo cuando las aguas bajan revueltas, y causa un cierto estupor ver como quienes tiempo atrás clamaban contra las economías subvencionadas y las políticas de fomento de determinados servicios públicos ahora reclaman la ayuda del Estado para que éste salde sus deudas. Nada dicen o hacen, no obstante, para limitar esas subidas de Euribor o del precio del dinero, medidas que sí beneficiarían a tantos ciudadanos y ciudadanas de a pie. Y es que con el Euribor y con los tipos de interés ganan ellos, y sus empresas.

Desde mucho atrás hemos oído la cantinela de los males de una economía subvencionada, y en la línea de tiro se situaban desde la educación pública a la sanidad pública. Se pedía la liberalización de servicios y que las arcas del Estado los dejasen de financiar: si Usted quiere un servicio médico, págueselo, bramaban tertulianos y corifeos. Y todo eso lo decían personas que en su día no tuvieron el más mínimo empacho en aplaudir hechos tan peregrinos como que el Estado saldase deudas de los clubes de fútbol o recalificase terrenos por todas partes con el objetivo de facilitar que las arcas de los dichos clubes pudiesen hacer caja para que el espectáculo continuase. Se acerca una segunda amnistía fiscal para saldar nuevas deudas multimillonarias de los mismos, y seguramente los mismos tertulianos que protestan con saña contra la enseñanza pública callarán ante el segundo capítulo de uno de los mayores despropósitos en la historia de la hacienda pública. A un club de fútbol se le permiten deudas inimaginables y a un sufrido trabajador se le embarga con el vencimiento de cuatro letras.

Hablo de la enseñanza y de la sanidad públicas por no hablar del teatro, porque igualmente se han oídos voces que clamaban contra las ayudas concedidas al teatro o al cine, ayudas que según los buitres vocingleros de siempre no tienen otra finalidad que mantener la caterva de vagos, rojos y maleantes. Esas voces piden ahora que se suspenda la economía de mercado, aunque no falta quien estando supuestamente en desacuerdo admite el desafuero en aras del bien de todos. Es curioso comprobar la falsedad de algunos pronunciamientos porque en su actuación, en la puesta en escena de sus opiniones, se delatan. Están tan a favor como aparentan estar en contra, y más de uno parece que se ha dejado parte de su capital en Lehman Brothers, o eso decían, con no poca presunción, tiempo atrás. Lo bueno que tiene escuchar la radio, y sus tertulias, es que las noticias se acumulan en la memoria, y brotan al más mínimo estímulo. Otros callan, como el chico Brown, el Schwartz español, o un tal Varguitas…, lo que no deja de ser sintomático.

Algún tertuliano que siempre bramaba su fe liberal ahora pone voz melosa diciendo que la intervención es para salvar la economía, los puestos de trabajo…, como si las ayudas al cine o al teatro no fuesen para hacer películas, espectáculos y crear, en consecuencia, no tanto puestos de trabajo cuanto intervalos breves de empleo y sueldo en medio de tanta precariedad. Pero la credibilidad liberal cae por los suelos cuando una persona como Hans-Gert Poettering, Presidente del Parlamento Europeo, y militante democristiano, declara que “no se pueden dar 700.000 millones a los bancos y olvidarse del hambre”. En efecto, el dinero se da a los bancos, incluso para pagar las indemnizaciones millonarias de sus directivos ahora despedidos. Y con esto de la crisis, y de la operación rescate, nuevos capitales se mueven para rentabilizar caídas y bajadas, quiebras y reflotaciones, y algún directivo indemnizado por el descalabro que él mismo ha provocado, no dudará en acudir a un mercado debilitado para invertir la indemnización y aumentarla de forma exponencial, cuando la ayuda estatal insufle aire nuevo a las burbujas. Son Pirañas Financieras, sin más. Ahí tenemos al ínclito Warren Buffet anunciando compras a precio de saldo sabiendo que las subidas no tardarán en llegar, y, con todo, al magnate se le presenta como un patriota, cuando lo que hace no es más que remedar la operación llevada a cabo por los Rockefeller, el Senior y el Junior, en 1929, con el célebre crack. Lo mismo hacía el gran George [Schwartz] Soros, que hoy presume de filántropo después de haber amasado una fortuna con todo tipo de argucias financieras, argucias que en muchas ocasiones se asientan en la explotación y la apropiación de la fuerza de trabajo de los más débiles. Pues ocurre que en el contrato millonario de un deportista admirado, que calza unas zapatillas de moda, también cuentan las miles de horas de trabajo de miles de niños y niñas que en países subdesarrollados contribuyen con sueldos miserables a aumentar el margen de beneficios de la marca que nosotros también lucimos como si tal cosa. Por mucho que miremos para otro lado, insensibles al sufrimiento y a la explotación, la dialéctica del beneficio sigue presente: para que uno tenga mucho, mucho más, muchísimo…, otros tienen que tener poco, poquísimo, nada…. Esa es, ha sido y será la dinámica del capitalismo, que las políticas socialdemócratas han intentado corregir y compensar.

Ahora que todos ellos ven sus cuentas de beneficio en retroceso o en peligro, deciden renunciar a sus principios y reclamar la intervención del Estado para salvar sus negocios, con la excusa del bien común. Al final siguen aplicando el viejo patrón hipócrita que han usado durante tantos años. Y es que a lo largo de más de doscientos han utilizado la mentira para aumentar su beneficio personal, tal vez acogidos a la idea perversa de que los que triunfan en la vida terrenal son los elegidos del Señor. En eso se basa el puritanismo y el integrismo de los creacionistas de uno y otro signo, de una y otra confesión. Los que triunfan están tocados por la Gracia de Dios…, con lo que el Cielo está lleno de hipócritas, de mentirosos y pillastres de guante blanco. Cabría pensar en el incremento del precio del petróleo, y en los beneficios que ese incremento ha supuesto para los que se dedican al trasiego de crudo. Los Bush, por ejemplo, con su retórica compasiva y redencionista.

Al final, los sólidos principios en que se asentaba el credo liberal se evaporan con la misma rapidez con que peligra una cuenta corriente en un mercado incontrolado. ¿Pedirán perdón por todos los insultos, mentiras y patrañas, ahora que reclaman ayuda al Estado… ¡para salvar su patrimonio!?

 

Revista ADE-Teatro nº 123 (Diciembre 2008)

Leer más

La tragedia de los comunes

2008-12-01

 

Por Alberto Fernández Torres.

Hay un axioma firmemente enraizado en la conciencia de los profesionales de nuestro sector: los poderes políticos, las administraciones públicas, sienten un escaso aprecio por el teatro y no muestran ningún entusiasmo a la hora de promoverlo desde el punto de vista social y económico.

Este axioma se ha visto refrendado a lo largo de las últimas décadas de manera insistente y su vigencia parece ser independiente de cuál sea el signo político de los Gobiernos correspondientes o el perfil de los responsables designados por éstos para gestionar la actividad escénica desde la esfera pública.

No quiere esto decir que estos últimos sean todos iguales. Por el Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música (INAEM), y por los departamentos teatrales que le precedieron antes de su constitución en los años 80, han pasado responsables que se sometieron -por resignación, por comodidad o por afición, quién sabe- a esa tradicional dejadez respecto de la actividad teatral. Pero también ha habido -yo los conozco, lo juro- quienes trataron animosamente de desarrollar iniciativas y proyectos de singular calado. Algunos fracasaron en el empeño; otros lo consiguieron con mejor o peor fortuna. Pero siempre dio la impresión de que tanto unos como otros tuvieron que lidiar fatigosamente con la actitud obstruccionista o recelosa de un sistema político decididamente refractario a la promoción de la actividad escénica.

Una actitud semejante, que se mantiene por encima de los diferentes signos políticos de los Gobiernos, de los perfiles de los distintos equipos del INAEM y de las muy variadas fases de nuestra Historia reciente, ha de tener algún género de explicación. A mí se me ocurren dos. La primera, de orden político, no tiene que ver con el contenido fundamental de este artículo; la segunda, de naturaleza económica, es el núcleo del mismo.

 

La “filosofía espontánea” de los políticos acerca del teatro

Pero demos antes un rodeo. Aun cuando, como acabo de decir, la razón política de ese menosprecio no sea el objeto central de estas reflexiones, me parece indispensable dedicarle unas líneas porque, a mi juicio, es el aspecto fundamental de la cuestión; y, además, caso de no hacerlo, el texto se vería aquejado de una manifiesta cojera.

Así pues, vayamos a ello. Hay diversos motivos que, en mi opinión, explican el menosprecio del poder político por el teatro. Estos son algunos, expuestos de manera esquemática y resumida:

            - El teatro es un arte esencialmente impredecible. Y supone por ello un riesgo permanente para la autoridad política. Siendo, como es, una actividad que se realiza y disfruta siempre “en vivo”, es materialmente imposible controlar qué inflexión de voz, qué modificación de texto, qué cambio de decorado, qué añadido de gesto, etc. serán capaces de perpetrar sus oficiantes en cada representación concreta. Éstos podrán siempre modular a su antojo el sentido del espectáculo y los efectos que actúan sobre la percepción del público. Y lo más grave es que esos efectos ya se habrán producido ­y, por lo tanto, habrán tenido el efecto buscado por los oficiantes­ cuando tales cambios resulten detectados. Podrá castigarse al infractor “a posteriori”, pero esos cambios jamás serán prevenidos, ni corregidos a tiempo. Ni siquiera el conocimiento previo de los elementos básicos de un espectáculo proporciona tranquilidad alguna: una compañía puede coger un texto griego de hace 2.500 años y hacer con él un espectáculo clásico más o menos convencional; pero también puede hacer de él, mediante una inteligente dramaturgia, un montaje tumbativo contra el prestigio y legitimidad de la autoridad vigente. Añádase a todo lo anterior que el potencial de subversión de un arte “en vivo” es superior al de cualquier otro tipo de manifestación artística. Por todo ello, no es de extrañar la naturaleza inequívoca de los apelativos que el poder político ha regalado a los profesionales más rebeldes de la escena a lo largo de la Historia: impíos, relapsos, sediciosos, subversivos y un largo etcétera.

            - El teatro es poco rentable políticamente. Mejor dicho: los políticos piensan que el teatro es poco rentable políticamente. Frente al alcance universal de la televisión o el alcance masivo del cine, la audiencia más bien selectiva, cuando no manifiestamente minoritaria, que consigue la mayor parte de la producción teatral resulta poco menos que irrisoria. Claro está que, para deducir de ahí que el teatro es poco rentable políticamente, hay que tener un concepto de los efectos de la comunicación social francamente zarrapastroso, anclado en las primeras teorías que al respecto se pergeñaron hace 60 ó 70 años e ignorante de cuestiones tales como la segmentación de públicos, el liderazgo de opinión, la percepción selectiva, los procesos de significación, la generación de conocimiento, etc. Es decir, el que suelen tener, en general, los políticos al uso y sus respectivos asesores. No cabe pedirles más.

            - El ejercicio efectivo y no declarado del desprecio al teatro tiene un coste político muy bajo. La crisis del cine español hace correr ríos de tinta; muchas grandes editoriales están en manos o relacionadas con grandes grupos de comunicación; qué decir de las cadenas de radio o los canales de televisión; la industria musical depende largamente de empresas multinacionales, etc. Frente a ello, la limitada capacidad de influencia pública de la agraviada profesión teatral resulta francamente asumible por los poderes políticos. Como escribió en su momento Alain Badiou, habría manifestaciones si se cerraran los cines, pero es poco probable que se produjeran si se cerraran los teatros1. Es verdad que los profesionales de la escena son capaces de montar, de pascuas a ramos, unas huelgas francamente sonoras, pero ni es cosa de todos los días, ni todos los días se asoman a los diarios sus mayores reivindicaciones, que es al fin y al cabo el termómetro de todo político que se precie. El teatro no es siquiera una fuente privilegiada de argumentos en manos de la oposición; la oposición que juega la carta del teatro es como el jugador de mus que juega a la “chica”: un perdedor nato.

Así pues, por diversas razones de fondo, la actitud del poder político respecto del teatro oscila entre el recelo y el desprecio. Y, además, le sale prácticamente gratis.

 

“Es la economía, estúpidos”

Pero, además, hay razones económicas -no tan importantes como las anteriores, pero también muy relevantes- que abonan esa actitud de dejación que los políticos españoles mantienen frente al teatro. Y una de ellas es la profunda convicción de que se trata de un sector esencialmente inmaduro desde el punto de vista económico, un fenómeno que se pone claramente de manifiesto si uno se fija en su débil estructura empresarial, su desarticulado mercado, su limitada dimensión económica y sus rudimentarios sistemas de gestión. Por no tener, no tiene, en pleno siglo XXI, ni estadísticas plenamente fiables, ni control automático de taquilla…

Es cierto que esta convicción se encuentra cada vez más cuestionada por la propia evolución del sector teatral español, que muestra progresivos signos de mejora en todos los aspectos mencionados. Y que, además, se trata de una convicción que contiene un importante punto de hipocresía, pues una de las causas principales de la supuesta inmadurez económica del teatro es la propia actitud de dejación de los poderes públicos; así pues, viene ser como amordazar a un individuo y criticarle después porque no es capaz de hablar.

En todo caso, aunque los hechos sean tozudos y estén desmintiendo cada vez más ese tópico, lo cierto es que cambiar percepciones tan profundamente enraizadas en la “filosofía espontánea” de un colectivo tan poco permeable como es, en general, el de los políticos, exige un proceso muy lento. Y convengamos también, por último, aunque sólo sea por hacer un saludable ejercicio de autocrítica, que la profesión teatral ha contribuido no poco durante muchos años por dar la razón a la “filosofía espontánea” de los políticos acerca del teatro.

Pero, insisto, es obvio que las cosas han cambiado y siguen cambiando en la esfera económica de nuestro sistema teatral. Por mencionar sólo una vertiente de la cuestión, es cada vez más habitual que las conversaciones y los debates en el seno de la profesión se centren en aspectos fundamentales de la realidad económica del sector. Y eso es muy bueno. De lo que estoy menos seguro -aupado como estoy en la comodidad de permanecer a caballo entre el teatro y la economía- es de que la profesión esté llevando hasta sus últimas consecuencias las conclusiones de esos debates.

Para conseguirlo, me parece indispensable ir más allá de la mera constatación de determinados problemas económicos que afectan a nuestro teatro -lo que no es poco- y ser conscientes de que algunos principios de lo que generosamente podríamos llamar la “economía política” operan de manera peculiar, pero real, en el teatro español. Y de que seguirán operando en él mientras no se de un vuelco radical a los fundamentos económicos del sistema. Vayamos, a título de ejemplo, con algunos de ellos.

 

Una sobreproducción endémica

Poco antes del pasado verano, tuve ocasión de asistir a un seminario sobre distribución teatral organizado en la SGAEpor el Master de Gestión Cultural en las Artes Escénicas del ICCMU. Resultó revelador y hasta estimulante comprobar que la mayor parte de los profesionales que en él tomaron la palabra, desde la tribuna y desde el público, e independientemente de cuál fuera su segmento de actividad, manifestaban su convicción de que el teatro español sufre un problema agudo de sobreproducción. Para ilustrarlo, muchos de ellos repitieron un argumento tan feliz e ilustrativo, como poco demostrado estadísticamente: en Francia se produce anualmente la mitad de espectáculos que en España y se distribuye el doble2.

No quedó ahí la cosa. Se expresó en el seminario el sentir común de que uno de los factores más importantes en la generación de esta situación de sobreproducción es el actual sistema de subvenciones puesto en práctica por las administraciones públicas, que parece basado vagamente en la filosofía del “café para todos”.

Yo también estoy persuadido de que ambas cosas -hay un grave problema de sobreproducción y una de sus causas fundamentales es el actual modelo de ayudas públicas- son ciertas. Pero creo que conviene tirar un poco más del hilo de ambas constataciones para darnos cuenta de la auténtica gravedad de la situación subyacente.

Puede parecer ocioso advertir de que la sobreproducción no es un concepto absoluto, en el sentido de que no hay un nivel determinado de producción, en términos cuantitativos, a partir del cual se puede hablar de sobreproducción. Ésta sólo existe en términos relativos, es decir, por comparación con la dimensión del mercado. En otras palabras, lo que designa tal concepto no es un nivel dado de producción, sino un nivel de producción a partir del cual ésta no puede ser absorbida eficientemente por el mercado.

Por otro lado, conviene también tener en cuenta que una situación de creciente sobreproducción que se mantiene en el tiempo no es simplemente una perturbación más o menos grave en el funcionamiento normal de un mercado, sino un estado que le pone frente al riesgo de colapso. Una sobreproducción mantenida indica un grave exceso de oferta respecto de la demanda. Y, si ésta no crece suficientemente de manera natural, la única manera que tiene el sistema económico de salir del atolladero, “prima facie”, es mediante una drástica reducción de los precios, a fin de provocar el crecimiento de la demanda y la retirada del mercado de aquellas empresas que no son viables cuando los precios se sitúan en niveles más bajos.

Sin embargo, si la demanda de ese mercado es inelástica respecto de los precios -es decir, es poco sensible a las alzas o bajas de los precios, y la demanda teatral lo es en grado sumo- o en una parte sustancial del mismo se aplican precios no dictados por el juego de la oferta y la demanda -es decir, se aplican precios políticos, y en buena parte del mercado teatral español así ocurre-, ese mecanismo de autoajuste no funciona. Y el sistema sólo puede mantenerse mediante una inyección constante e ineficiente de dinero externo (exacto, más subvenciones), mediante la autoexplotación de los agentes (caso muy habitual en el teatro español), mediante el recurso a la actividad a tiempo parcial (es decir, los agentes obtienen de otras actividades las rentas que no pueden obtener del propio sector, caso también muy habitual en el teatro español) o mediante la constante quiebra de un buen número de las empresas existentes (a pesar de lo cual, su número total apenas desciende en el sector teatral español, porque los fondos externos, vía subvenciones, siguen alentando la creación de otras empresas nuevas e igual de precarias que las que desaparecen).

Existe otra posibilidad, claro está, que es alentar con fondos externos el crecimiento de la demanda. Pero, como los recursos públicos para el teatro son escasos y finitos, el mantenimiento del volumen de subvenciones que es necesario para evitar el colapso del sistema hace muy difícil que los poderes políticos, aun cuando tal fuera su voluntad política (lo que estaría por ver), puedan o quieran dedicar una parte relevante de sus presupuestos para algo (la extensión de la demanda) que es complicado, trabajoso y sólo obtiene resultados a medio y largo plazo. No es que las administraciones públicas no hagan nada de nada por extender la demanda (por ejemplo, la creación de nuevos espacios es una manera indirecta de hacerlo, al menos en el caso concreto de nuestro mercado), pero es obvio que no dedican a ello la parte fundamental de sus recursos económicos.

Su actitud se asemeja a la de un navegante esquizofrénico que echa cubos de agua dentro de su bote con la mano derecha, mientras trata de achicar la inundación con el dedal que empuña en su mano izquierda.

 

El samaritano compulsivo

Pero es que hay, además, otras dos razones para que el sistema actual de ayudas públicas siga provocando una situación de sobreproducción endémica. Dos razones que están firmemente ancladas en el comportamiento natural de los agentes del sistema teatral.

En primer lugar, los limitados ciclos electorales de nuestra política, que en el mejor de los casos son cuatrianuales, hacen más atractivo seguir echando madera al fuego, como los Hermanos Marx en el Oeste, aun a costa de desmantelar el tren, que empeñarse en apagarlo de manera ordenada. Dicho en clave más seria: una transformación radical del sistema de subvenciones generaría el riesgo de crear bruscas perturbaciones en un mercado muy acostumbrado a ellas y, sobre todo, provocaría la inmediata protesta de los agentes que aspiran a recibirlas, los cuales prefieren el pájaro en mano de la subvención cortoplacista que los cientos volando que se derivarían de una acción más pausada, cuyos hipotéticos efectos benéficos sólo se percibirían, en el mejor de los casos, a largo plazo.

De esta forma, el mercado teatral español queda preso de lo que el Premio Nobel de Economía, James Buchanan, bautizó en su día como el dilema del samaritano. Se produce esta situación cuando un agente determinado (por ejemplo, el INAEM o las administraciones públicas) está siempre dispuesto a acudir en ayuda de otro agente (las empresas teatrales) cada vez que éste tiene una necesidad económica. La consecuencia inevitable es que este segundo agente, consciente de la repetida actitud “altruista” del primero, jamás tendrá incentivo alguno para solucionar sus problemas económicos por otras vías más incómodas o para solicitar otro tipo de ayudas que pudieran ser mejores para el conjunto del sector.

Pero, se dirá el lector, ¿no hemos quedado en que los profesionales del sector son conscientes de los problemas que causa la sobreproducción? Si es así, lo lógico sería que actuaran en consecuencia y no se ajustaran al comportamiento egoísta que es propio de quien se beneficia en el dilema del samaritano ¿O es que son unos hipócritas y denuncian públicamente la sobreproducción, mientras tratan de aprovecharse en privado del principal factor que la genera?

No entremos en cuestionamientos morales. En el fondo, las empresas teatrales, como cualquier agente de cualquier sistema económico, no puede hacer a título individual otra cosa que comportarse de acuerdo con el dictado de sus propias necesidades. En ello residen las bases de la racionalidad económica en un sistema que supuestamente se rige por principios de libre mercado. Como el escorpión del famoso apólogo, no pueden dejar de picar a la rana que los transporta sobre el agua, aunque sea un gesto suicida, porque picar va en su propia naturaleza.

Los profesionales del sector critican públicamente la sobreproducción, con toda sinceridad; pero no pueden hacer otra cosa en privado que caer en lo que el biólogo Garret Hardin definió como la tragedia de los comunes. Se produce frecuentemente esta situación trágica cuando los agentes de un sistema económico se ven enfrentados a la posibilidad de utilizar sin límite alguno un recurso de propiedad común. En tal caso, tales agentes actuarán siempre en función de los costes individuales que deben afrontar para disfrutar de ese bien, sin atender, por lo tanto, a los costes colectivos que puedan derivarse de esa actuación, aun cuando éstos sean mucho mayores y más gravosos. Un caso típico es el aprovechamiento de un bosque de propiedad comunal. Cada vecino tratará de obtener de él cuanta más madera le permitan sus costes individuales, aunque este comportamiento, repetido por todos y cada uno de los vecinos, pueda conducir al progresivo agotamiento del bosque. 

La única manera de evitarlo es establecer normas que limiten razonablemente la explotación de ese recurso; pero esto, en un sistema de información imperfecta, con agentes muy numerosos y aislados unos de otros, conduce a costes de transacción casi ingobernables. Trasladado al caso de nuestro teatro, conviene recordar que hay pocas restricciones formales o insuperables al disfrute de las subvenciones, por lo que cada agente potencialmente beneficiario tenderá a solicitar cuantas más y mayores pueda, aunque cuando tal comportamiento, repetido por todos los agentes, tenga un elevado coste colectivo: dar lugar a la concesión de subvenciones individuales muy precarias y mantener una irracional situación de sobreproducción endémica que conduce a un estado de ineficiencia permanente y pone al sistema al borde del colapso.

No obstante, un observador imparcial podría argumentar que no se puede aplicar a nuestro caso la tragedia de los comunes, por cuanto que las subvenciones no son exactamente un recurso de propiedad común. Proceden ciertamente de los presupuestos del Estado, es decir, de los impuestos que pagan todos ciudadanos; pero los beneficiarios teatrales son sólo una ínfima parte de éstos, por lo que se no se puede afirmar en puridad que las subvenciones sean de su propiedad.

 

Una contrarréplica y un regate conceptual

La objeción es pertinente, pero tiene también una contrarréplica y un posible regate conceptual.

La contrarréplica es que, en términos prácticos, las administraciones públicas convierten a las subvenciones en algo que funciona de hecho casi como un bien comunal. En primer lugar, porque apenas ponen otros límites para su obtención que una serie de requisitos básicos y formales, algunos de los cuales son meras obligaciones legales de forzoso cumplimiento general y otros pueden ser aplicados con notable discrecionalidad. En definitiva, los criterios de concesión existen, pero no son especialmente disuasorios y eluden casi expresamente la posibilidad de discriminación en función de la calidad esperada de las producciones, su previsible orientación estética o ideológica, la viabilidad económica de los proyectos, su interés general, su contribución a la racionalidad del sistema, su posible inserción en el mercado, etc. Es más, los responsables de la gestión de las ayudas públicas se suelen enorgullecer de aplicar estrictos criterios de neutralidad a la hora de concederlas.

En segundo lugar, porque asumen -siquiera inconscientemente- que la subvención es un derecho del artista. No hace mucho, escuchamos a un significado representante del INAEM que éste considera que una de sus obligaciones es facilitar el ejercicio de la actividad teatral profesional, en la medida de sus posibilidades, a todo aquél que quiera hacerlo.

Dicho de otro modo, que cualquier agente privado tiene el derecho reconocido de optar a una subvención por el mero hecho de serlo. Y convengamos que el único requisito para que un agente teatral reclame poseer tal condición es su voluntad de declarar públicamente que la posee. En principio, no hay un registro objetivo de artistas: lo es todo aquél que asegura serlo. Si, partiendo de esta hipótesis, admitimos a continuación que todo artista tiene derecho a la subvención, sin otra limitación que el carácter finito de las mismas, las convertimos de hecho en una especie de oferta universal “hasta agotar existencias”. Es decir, prácticamente en un recurso de propiedad común.

Por otro lado, hay también la posibilidad de acudir a un regate conceptual. Admitamos, aunque sólo sea por mera ortodoxia, que la consideración de las subvenciones como recurso de propiedad común sea un exceso. En tal caso, renunciaremos a aplicar al teatro español el principio de la tragedia de los comunes, pero pasaremos a aplicarle el de la tiranía de las pequeñas decisiones.

 

Los pequeños tiranos

Bautizó así Alfred Kahn la situación que se produce, en un sistema integrado por un número muy elevado de agentes aislados, cuando las decisiones racionales que éstos adoptan de manera individual, partiendo de un contexto determinado, conducen de manera inconsciente a una alteración no deseada de ese contexto que genera finalmente perjuicios para el conjunto de la colectividad.

Para que no se dude demasiado de la viabilidad de aplicar este principio a nuestro caso, apuntemos que uno de los ejemplos frecuentes que los economistas proponen para ilustrarlo es el riesgo de que el creciente uso individual del DVD por parte de los consumidores se traduzca en una reducción de la asistencia al cine y al teatro que conduzca, a su vez, al cierre de un número apreciable de salas. Ningún consumidor usa el DVD para provocar el cierre de los teatros, pero el resultado de su decisión individual, unido al de miles y miles de decisiones individuales semejantes, puede conducir a ese fenómeno no deseado. Y, si el ejemplo resulta excesivamente tópico, recordemos que en los años 80 muchos empresarios teatrales argumentaron que la decisión de las televisiones de retransmitir partidos de fútbol los sábados por la noche ponía en peligro la asistencia al teatro en el día y hora más rentable para el sector y, por tanto, la viabilidad económica de los locales comerciales.

La tiranía de las pequeñas decisiones se debe a que el mercado recoge las demandas que se realizan en cada momento de manera real y efectiva, pero tiene enormes dificultades para recoger las denominadas demandas-opción, es decir, el deseo que puedan tener los individuos, en tanto que miembros de un colectivo social determinado, de que se mantengan determinadas actividades aunque no hagan uso concreto de ellas. Aplicado a nuestro ejemplo, es seguro que muchos espectadores potenciales optarán por ver un partido de fútbol antes que una obra de teatro, pero de su elección no se sigue que tengan el menor interés en provocar el cierre de ningún teatro. Muy al contrario, seguramente preferirán que los teatros sigan abiertos para poder optar en el futuro bien por el partido, bien por la representación, dependiendo del atractivo concreto de uno y otra.

Aplicado por semejanza al caso de las subvenciones, diremos que cada agente opera racionalmente al solicitar el volumen óptimo de fondos públicos que considera necesarios para desarrollar un determinado proyecto escénico. Pero no está en su mano evitar el hecho de que su decisión, sumada a la de todos los demás agentes que actúan de la misma forma, conduzca, en primer lugar, a la recepción de subvenciones de muy escasa cuantía, que no aseguran la realización de los proyectos en buenas condiciones, pues la cantidad finita de ayudas se reparte entre un número de peticiones a todas luces excesivo; en segundo lugar, a que los proyectos, financiados de manera insuficiente, se produzcan en deficientes condiciones de calidad, afectando negativamente a la evolución futura de la demanda teatral; en tercer lugar, a que el muy elevado número de pequeñas cantidades concedidas -insuficientes para permitir la realización de espectáculos fiables, pero suficientes para producirlos de manera precaria- dé lugar a un grave problema de sobreproducción que altera el funcionamiento del mercado de manera muy negativa para el conjunto de los agentes; y, en cuarto lugar, a que la estructura empresarial resultante de esta tiranía de pequeñas decisiones sea una dramática mezcla de minifundismo y poder de mercado.

 

Si el poder existe, se ejerce

Los datos al respecto de esta última cuestión son más que concluyentes: según el estudio de la FundaciónBoschi Gimpera citado en la nota 2 de este artículo, sólo unas 20 empresas teatrales españolas (es decir, menos del 1% del número total de las formalmente existentes) superan los 500.000 euros de gasto anual; unas 560 se hallan entre los 50.000 y 500.000 euros anuales (el 19%); alrededor de 500 se sitúan por debajo de los 50.000 euros anuales (el 17%), y cerca de 1.900 (el 64%) no llegan a 25.000 euros anuales. Aun descontando estas últimas, por su carácter económico manifiestamente marginal, la situación resulta aterradora3.

Su corolario inevitable no es sólo que la abrumadora mayoría de las empresas teatrales formalmente existentes estén por debajo o muy poco por encima del umbral de viabilidad económica, sino que un número extremadamente reducido de ellas (menos del 1% del total) goza de un inequívoco poder de mercado, que es como en economía se denomina a la capacidad objetiva que posee una empresa, por su dimensión relativa en comparación con las demás, para alterar en beneficio propio el funcionamiento del mismo, actuando sobre los precios, el acceso a las redes y a los consumidores, las condiciones de contratación, los volúmenes de ventas, el acceso privilegiado a las fuentes de financiación pública o privada, la posibilidad de hacer “lobbying” sobre el regulador, etc.

Sólo desde una ingenuidad incompatible con el análisis económico se podría sostener que, al fin y al cabo, no hay que inquietarse demasiado por el poder de mercado de las grandes empresas teatrales españolas, porque al fin y al cabo se trata de empresas con aspiraciones culturales y, por tanto, aun cuando gocen de poder de mercado, serán lo suficientemente honestas como para no ejercerlo.

Pero el problema no es de honestidad moral, sino de racionalidad económica. Volvamos a lo de antes: los agentes de un sistema que se pretende de libre mercado no pueden hacer otra cosa que actuar conforme a sus intereses individuales. Así las cosas, es metafísicamente imposible que un agente que disfruta de poder de mercado no lo ejerza. En todo caso, la queja al respecto no podrá centrarse en el resultado final de tal condición, sino en el origen de la misma, si no es legítimo; o en el ejercicio ilegal de tal poder, si tal ocurre. Mientras no se apliquen medidas regulatorias para evitarlo, no habrá motivo para cuestionar que un agente ejerza su poder de mercado, aunque sí para denunciar a la administración pública que, por complicidad o dejación, hace posible tal situación.

Así pues, a la luz del concepto de poder de mercado, conviene matizar un poco las afirmaciones expuestas al inicio de este artículo: no es del todo cierto que la situación de sobreproducción endémica que sufre el teatro español actual perjudique por igual a todos los agentes que operan en el mismo; a algunos, tal situación, con su corolario de minifundismo y poder de mercado, les viene de perlas para operar ventajosamente en él.

Por otro lado, en tales condiciones, los agentes minifundistas no tienen ningún motivo para modificar su voracidad respecto de las subvenciones, pues si la moderan sólo conseguirán que los grandes agentes se lleven una parte aún mayor del pastel; de la misma forma, los grandes agentes no tienen ningún incentivo para renunciar a copar el mayor volumen de subvenciones posible, porque, si lo hacen, un buen número de los demás agentes podría obtener recursos mayores y quizá suficientes para incrementar su estabilidad y tamaño económicos, lo que reduciría automáticamente el poder de mercado de esos grandes agentes.

Dicho de otro modo, si tiramos del hilo de la situación de sobreproducción y sus derivadas, no nos encontramos al final únicamente con un funcionamiento imperfecto e ineficiente del mercado teatral, sino con un estado de cosas que, dejado al comportamiento racional de los diferentes agentes económicos, no sólo no tiene solución alguna, sino que sólo puede empeorar.

 

De la economía política, a la política económica

¿No hay pues solución? Sí la hay, pero no en el terreno de la economía política, sino de la política económica. O de la política cultural. O de la política a secas.

La única manera de romper ese círculo perverso es inducir una modificación radical en el comportamiento de los agentes mediante una acción voluntaria y exógena al propio sistema. Y sólo se me ocurren dos vías:

            - Una posible presión consciente y continuada de la abrumadora mayoría de los pequeños agentes del sistema teatral en favor de un cambio sustancial en el sistema de financiación pública, consistente en la sustitución progresiva y rápida del actual modelo de subvenciones por otras alternativas más eficientes. Una presión lo suficientemente fuerte como para que incluso los grandes agentes terminen por considerar que colaborar para tal fin les puede ser más beneficioso que oponerse a él. No debe escapársenos que esta decisión política de los agentes va en contra de su racionalidad económica, por lo que tiene un marcado tufo voluntarista; y que seguramente dejaría no pocos “heridos por fuego amigo” en el camino.

            - Una decisión de política cultural en el mismo sentido, aplicada de manera consciente y voluntaria por las propias administraciones públicas, tendente a evitar el dilema del samaritano y a aplicar lo que otro Premio Nobel, Gary Becker, denominó el teorema del niño mimado. Consiste éste en conseguir que un hijo derrochador, cuya actitud egoísta compromete el conjunto de la renta familiar, se dé cuenta de que, si modifica su comportamiento de manera positiva, contribuirá a un incremento de la renta familiar que se traducirá en la posibilidad de obtener recursos aún mayores que si sigue operando de manera egoísta.  Para ello, el agente que posee y concede los recursos (las administraciones) sólo se los asignará a los beneficiarios cuando éstos adopten decisiones que no comprometan los intereses colectivos; y los recursos concedidos a cada beneficiario serán tanto mayores cuanto mayor sea su contribución al interés general.

En todo caso, conviene tener en cuenta que el éxito de ambas soluciones se vería muy probablemente hipotecado por una consideración de orden superior. No resulta intelectualmente sostenible suponer que el actual modelo de ayudas públicas es un elemento perturbador del sistema teatral que no guarda relación lógica con él. Por el contrario, si adoptamos un enfoque sistémico, habremos de considerar que el modelo actual de subvenciones es un engranaje esencial del propio sistema, lo que excluye la posibilidad de actuar aisladamente sobre él. Por consiguiente, una actuación exitosa sobre el modelo de ayudas públicas sólo tendrá éxito si se efectúa en el marco de una reforma global del sistema teatral.

¿Hay instrumentos posibles para conseguirlo? Sí. Por ejemplo, una Ley de las Artes Escénicas.

 

Notas:

1 Ver BADIOU, Alain: Rapsodia por el teatro. Málaga: Editorial Librería Ágora, 1993.

2 La frase se halla recogida hasta en el documento del Plan General del Teatro (Madrid: INAEM, 2007. pág. 85). Cuando aludo a que se trata de una afirmación poco demostrada estadísticamente, no trato de cuestionar su veracidad, que doy por supuesta, sino de subrayar que jamás la he visto acompañada por datos que la sustenten. En todo caso, que el teatro español sufre un problema grave y endémico de sobreproducción sí que es un hecho estadísticamente demostrado. De acuerdo con un estudio elaborado por un equipo de la FundaciónBoschi Gimpera y dirigido por Lluís Bonet (Análisis económico del sector de las artes escénicas en España), que fue presentado en la edición de Escenium celebrada en Bilbao en el mes de febrero de 2008, las 1.083 “compañías activas” existentes en el teatro español (entendiendo por tales las que han producido al menos un espectáculo en los últimos tres años y manejan un presupuesto anual de más de 25.000 euros) estrenan una media 1,16 espectáculos y representan 3,79 espectáculos cada año. Esto es tanto como decir que cada año se estrenan en España 1.256 espectáculos y se representan 4.104; es decir, que cada espectáculo representado alcanza, por término medio, un máximo de unos 2.600 espectadores.

3 El panorama se confirma si atendemos exclusivamente a los datos del mercado teatral madrileño: el 66% de los ingresos y el 47% de las localidades vendidas fueron absorbidos en los nueve primeros meses de 2007 por el 5% de las producciones.

 

Revista ADE-Teatro nº 123. Diciembre 2008

Leer más

El valor intrínseco de la cultura

2008-10-01

 

Juan Antonio Hormigón.

Es evidente que unos y otros han conseguido que el país tenga una profunda sensación de crisis, y es posible también que unos y otros tienen el mérito de hacer creer a muchos españoles que el gobierno es responsable de la misma. Algunos y algunas periodistas lo aseguran con particular delectación como si -según la costumbre- estuvieran en posesión de la verdad y fueran adalides de la justicia y defensa de los menesterosos. Ellas sobre todo, siempre dicen "cuando voy al súper"... Lo extraño es que nadie se desternille de risa ante el chiste.

1

Cualquier persona con un mínimo de información sabe que la crisis responde a tres factores básicos: la presión del dispendio de la guerra de Irak sobre la economía estadounidense y las que le son subsidiarias, la catástrofe desencadenada por las denominadas "hipotecas basura", una de las lindas perversiones del sistema que, obsesionado por el consumo como motor de la economía, genera mecanismos a través del crédito bancario. Cuando los bancos observan que la morosidad no se sostiene, lo cortan en seco y provocan una falta de liquidez general.

El tercero ha sido la subida de los precios del petróleo en una operación especulativa de gran calado. No obstante todo hace pensar que los auténticos beneficiarios son las empresas de transformación y refino. Hay países productores que carecen de dichos instrumentos, que se ven sometidos al pago de cantidades más elevadas que las del petróleo que vendieron cuando lo reciben como gasolina o gasóleos.

Algunos ciudadanos desde hace tiempo, observábamos con inquietud el espejismo de dispendio desaforado que dominaba a una parte bastante amplia de los españoles. Parecíamos una comunidad de nuevos ricos en que muchos se embarcaban en aventuras diversas mediante créditos, como si todo fuera posible. Para ello era necesario generar y expandir una mentalización, más aún entre los jóvenes y los niños, a fin de hacerlos acérrimos consumidores, convictos de que en ello reside la felicidad e imbuirles de un principio malsano: éste es el único horizonte de sus vidas, lo demás son sueños o utopías vanas.

La mayor parte de los medios de comunicación están entregados en cuerpo y alma a esta tarea, pero los políticos, educadores y la red de grandes empresas, como es lógico en este caso, no les van a la zaga. Desde aquel "¡Enriqueceos!" de Solchaga hasta el "¡Consumid!" reciente del señor Rodríguez Zapatero, hay una línea común y constante. Los políticos del PP siempre estuvieron en ello, cosa lógica también, aunque siempre añadían aquello de "y además dos huevos duros", tomado de Marx, Groucho, claro, nadie se aterre.

Otro problema ha sido que la segunda vía prioritaria de desarrollo económico ha estado constituida durante años por la construcción, lo que hemos denominado "el ladrillo" de forma coloquial. Aprovechando la bonanza de créditos y una discrecionalidad verdaderamente inaudita para la recalificación de terrenos por parte de los ayuntamientos, se ha producido durante años una enloquecida carrera de construcción, desde bloques descomunales hasta pareados, un incremento sostenido e inaudito de los precios a través de un proceso especulativo y sin ningún control.

La construcción fue el refugio más utilizado para el blanqueo del dinero negro. Cuando la transición al euro, se llegaron a vender edificios completos en plano y sin que se hubiera empezado a excavar aunque con fecha fija de entrega. La construcción ha creado la ilusión del desarrollo, ha provocado situaciones de injusticia social y ha fabricado millonarios de gente sin saber ninguno pero dispuesta a sortear los límites de la legalidad o a transgredirla comprando a quien hiciera falta. Muchos eran los que reclamaban un control más efectivo de este sector entregado a la búsqueda inmediata y torrencial de beneficios, pero los poderes públicos poco hicieron y en ocasiones actuaron como cómplices. Ha sido el corte de los créditos bancarios lo que ha dado al traste con el tinglado.

Estas valoraciones son constatables y bien conocidas. Sorprende por eso que se plantee la situación como consecuencia de las actuaciones e insuficiencias del gobierno. Que se plantee y se denuncie porque sí, sin preocupación alguna por demostrarlo. Otra cosa es que su reacción ha sido pobre de ímpetu y de miras. Como sucede siempre en España, las oposiciones por su parte embisten pero nadie plantea acciones coherentes. ¿Puede haberlas dentro de este sistema a que todos se someten? Lo único que muchos proclaman de inmediato es que hay que reducir el gasto público. ¿Pero qué gasto público?

2

Gasto público es el que se dedica a mantener el tejido de la sanidad pública, de la educación pública y de la concertada; del Servicio Exterior y la diplomacia; de las coberturas sociales de diverso tipo como las pensiones; de las empresas públicas, como RENFE, TVE, televisiones autonómicas como las catalanas, las vascas o Tele Madrid; de los Institutos de investigación, Entidades Culturales como el Museo del Prado, la Biblioteca Nacionalo el Instituto Cervantes, etc. Evidentemente el gasto público hay que remitirlo no sólo al que cumplimenta el gobierno sino también a los ayuntamientos, las comunidades autónomas y las diputaciones. En este grupo hay que incluir igualmente la acción cultural y artística en sus diversas manifestaciones.

Sin embargo, a pesar de lo que ello significa, todo queda reducido a la frase antes reseñada: "hay que reducir el gasto público". Manuel Martín Ferrand, antiguo accionista de televisiones privadas, reclamaba la inmediata privatización de Televisión Española. Sin más. Algunos elucubran con la retirada de todas las ayudas a la producción cinematográfica española. Otros, un poco más atrevidos, explicitan la reducción de salarios, eso sí en absoluto el suyo, que en ocasiones es simplemente catarata de dinero por un trabajo sucio de tamañas dimensiones.

Para desgracia nuestra, cada vez es más frecuente observar que cuando se habla de cultura en sus diversas manifestaciones, la referencia inmediata es o bien a su consideración como mercancía lisa y llana, o a su conexión indisoluble con el turismo. Opiniones así menudean tanto entre unos como entre otros. Parece que se haya interiorizado a escala hispánica este valor que desconoce la consideración de arte y cultura emanadas de la Ilustración. Delvalor intrínseco de la cultura como construcción humana, testimonio y reflexión sobre su acontecer y su condición, paradigma crítico de comportamientos, impulso de la civilidad o estímulo de transformaciones individuales o colectivas, sólo se habla en algunos pocos enclaves de resistencia.

Los compromisos públicos con la cultura en el plano de la financiación nos sitúan en la zona baja de los países europeos. Esto es constatable. Lo es en mayor medida si nos referimos al teatro o la danza. Desde hace años venimos insistiendo sobre esta cuestión pero también en lo que compete y es responsabilidad emanada de lo público. Muchas veces lo que denominamos así no es sino subterfugio para que determinados individuos se vean gratificados o regalados con una entidad dedicada a la producción artística que se maneja como algo propio sólo que sostenida por el erario público. Las diferentes instituciones del Estado y quienes ocupan cargos públicos de dirección cultural, deberían haber establecido hace tiempo las pautas precisas para que nada de eso sucediera. Por eso he dicho en más de una ocasión que seguimos en muchos aspectos de nuestra vida teatral con los malos usos de nuestro siglo XIX.

Sería lamentable que ante esta crisis de ciertos sectores de la producción que sin duda nos compete a todos, fuera la cultura, como ha sucedido en ocasiones precedentes, la castigada en primer lugar y con violencia sostenida. Ya se habla de recortes en cultura, expresión que provoca negros presagios. La producción de cultura impulsada desde el área pública, debe ser fruto de convicciones firmes respecto a lo que supone como contribución a la democracia, la civilidad y el desarrollo integral del ciudadano. Cuando se elude esta responsabilidad y se la reduce a mercancía o a su mera dimensión económica, se la destruye en su valor intrínseco. Por supuesto que las contribuciones públicas a la cultura producen unos dividendos mayores de retorno, cosa que muy pocos se ocupan de precisar, pero esta consecuencia no debería ser nunca el elemento motivador.

3

Si no resolvemos esta confusión no puede sorprendernos que los repertorios existentes en España, por ejemplo,  tengan poco que ver con los europeos, no sólo en los títulos sino en las intenciones. Si repasamos esas publicaciones que ofrecen publicidad nada encubierta de las escenificaciones que salen al mercado, es fácil colegir que son mayoría las que tienen como objetivo obsesionado divertir a costa de contenidos necios y lances soeces, o de un humor deleznable y primario. Aunque en cantidad menor menudean igualmente las que proponen lo escatológico como mercadeo, lo escatológico gratuito y sin razón alguna introducido a capón como recurso de venta.

El año pasado asistí a uno de los festivales que se hacen en nuestro país, nada estrecho ni reducido en su formato. Allí pude ver una producción mínima, en la que intervenían tres actores y algunos familiares. Se veía a las claras para quienes conocen la cuestión, que se trataba  de un ejercicio de escuela, algún taller en el que los alumnos se dedican a hacerse una función mientras los profesores descansan y abdican de sus responsabilidades. Pero los muchachos sueñan con que están "creando" y luego lo enseñan a sus familias y sus amigos que les aplauden.

Alguno de estos episodios que debían mantenerse a resguardo de los muros escolares, los traspasan con más descaro que sentido común y se convierten en un "espectáculo circulante". Este era el caso: una historia insulsa urdida por ellos y coordinada por el que más desvergüenza tenía, unas cuantas gansadas gestuales o verbales y unas deposiciones familiares de ínfimo interés testimonial complementario. Al fondo, claro, lo último que habían leído en un artículo de divulgación por algo que se hace lejos, o quizás fruto de lo que les ha contado algún profe procedente del país adecuado.

Hasta aquí la cosa no pasaría de algo demasiado frecuente en alguno de sus aspectos. Lo que me puso los pelos de punta fue por un lado la reacción del público que daba alaridos de satisfacción en sus expectativas primarias, mientras el resto ni tan siquiera daba un aplauso de cortesía; por otro la delectación de los denominados programadores, que lo consideraron "el mejor espectáculo del festival". Ese era el mercado en acción reduciendo el teatro a la idiotez.

4

Y así seguimos. La crisis celebrada en términos altisonantes por ciertos medios y periodistas, en donde se enuncia en términos patéticos que los españoles buscan trabajo, choca con bastante carencia de pudor con los beneficios netos obtenidos por las entidades bancarias en el último ejercicio. Quizás la más elocuente sea la del Santander con ocho mil millones de euros. Otros no le van a la zaga.

Hacen muy mal quienes por razones políticas intentan crear un sentimiento colectivo de catástrofe para defender sus intereses. Da la impresión de que no tienen nada que proponer, sólo causar miedo, un mecanismo puesto en práctica por los "neocons" como coartada a sus desmanes. Gore Vidal lo explicó hace unos años en un brillante artículo. Al fin y a la postre, la Unión Europeaha señalado a España y Alemania, con un gobierno democristiano-socialdemócrata, como países que pueden entrar en recesión.

Sí sería pertinente sin embargo que se redujera el gasto público en fastos inútiles, en faraonismos inútiles, en producciones desorbitadas de valor escaso aunque de mucha apariencia, mediática sobre todo. Los mismos que van al súper y observan las inquietudes de las gentes, no vacilan en sonreír cuando oyen esto y consideran que estamos hablando de pobreza. Nada más lejos de nuestra intención. La vida digna, el trabajo digno y útil, son todo lo contrario a todo lo que antes enuncié como inútil.

Y para concluir: en la medida que la cultura en su acepción intrínseca es un valor necesario de un país, es el nervio central que lo vigoriza, lo cohesiona y le da sentido histórico, hay que apoyarla con decisión y convicción firme. No puede convertirse en moneda de cambio para acuerdos políticos coyunturales. No puede dejarse al albur del mercado para que se reduzca a cenizas y al gusto que determinan unos cuantos informadores susceptibles de ser comprados. No se pueden reducir sus presupuestos cuando hay tantas fastuosidades perfectamente prescindibles. ¡No! Y esto sí que supone una piedra fundamental para que exista alguna credibilidad respecto a lo que representan y a quienes representan los poderes públicos.

           

Revista ADE-Teatro nº 122. Octubre 2008

Leer más

Ni chicha, ni limoná

2008-10-01

Alberto Fernández Torres.

Hace ya unos cuantos años, en medio de una crisis muy parecida a ésta, los responsables de una revista de información general y cultural de cierto prestigio tuvieron la ocurrencia de solicitar los servicios de un consultor para tratar de hacer frente a los crecientes problemas que ponían en cuestión la viabilidad económica de la publicación. El consultor les propuso un “plan progresivo de contención de costes”, consistente en ir reduciendo éstos de menos a más, es decir, empezando por los menos críticos, a fin de que el recorte fuera afectando de manera sólo paulatina a la calidad de la revista y ésta no se resintiera demasiado. Ni que decir tiene que los gestores de la publicación se mostraron encantados:

-Por lo tanto -remachó el consultor-, lo primero que vamos a hacer es dejar de pagar a los colaboradores.

-Hombre -objetó uno de los redactores-, eso no podemos hacerlo…

-¿Por qué no? Supondrá una señal clara de austeridad, y para ellos ya es una compensación suficiente colaborar en una revista de tanto prestigio.

-No, si no es por eso. Es que hace meses que dejamos de pagarles…

La suspensión del pago a los colaboradores en momentos de crisis es un “clásico” en la gestión de las publicaciones. Un “clásico” que no vale para nada. Salvo en casos excepcionales, los colaboradores cobran generalmente poco y, por consiguiente, ahorrarse su coste conjunto no supone un alivio sustancial. Para lo único que vale es para atentar gravemente contra la calidad y credibilidad de la revista, preludiando su cierre futuro.

Traigo a colación este atávico comportamiento por su similitud con lo que suelen hacer las Administraciones públicas en momentos de crisis: aplicar un rigor presupuestario que consiste, antes que nada, en reducir los presupuestos de cultura.

Por supuesto, tampoco vale para nada. Para nada bueno, se entiende. Los recursos destinados a cultura son el chocolate del loro de los presupuestos públicos y su drástica reducción no supone un ahorro sustancial o de efectos netos significativos. En el límite, no tiene otras consecuencias relevantes que imponer obstáculos difícilmente superables a la continuidad de la mayor parte de los proyectos culturales que no son básicamente comerciales, inducir el desmantelamiento de las industrias culturales, generar paro en sus diversos sectores profesionales, impedir su positivo efecto indirecto sobre otras actividades económicas, devaluar los activos culturales del país y contribuir al empobrecimiento de los valores ciudadanos en un momento crítico para la sociedad. Ná, fruslerías.

No queda ahí la cosa. La reducción de los presupuestos culturales vale también para más. Por ejemplo, para poner de manifiesto que las Administraciones públicas que así se comportan -que son la abrumadora mayoría de ellas, a qué engañarse- tienen un concepto miserable y reaccionario de la cultura, pues con la reducción de su presupuesto no hacen más que transmitir su convicción de que ésta es cosa inútil y curiosa: un oropel asumible en tiempos de bonanza, pero al que hay que renunciar deprisa y corriendo en cuanto vienen mal dadas.

¿Y qué? ¿Es que no debe ser así? ¿No hacemos otro tanto los ciudadanos en tiempos de crisis? ¿No tratan de ahorrar las familias en gastos de ocio cuando llega la recesión? Pues sí. Pero la idea de que la economía de un país debe ser gestionada igual que la economía de una familia es una de las tonterías más queridas de la necedad liberal. Fatiga tener que desempolvar la abundante literatura teórica que explica suficientemente que una sociedad no es una mera suma de individuos y que un sistema económico no es una mera suma de agentes productivos, igual que una suma de actores no siempre da lugar a una compañía, ni una suma de palabras a una novela. El comportamiento y la gestión la economía nacional no consisten en extrapolar lo que es aplicable a una unidad familiar. Sí, ya sé que la mayor parte de los gestores públicos de cualquier signo político opina o hace lo contrario. Así nos va.

Pero es que hay más. En momentos de crisis, los ciudadanos y las familias pueden hacer con sus recursos lo que les venga en gana. Como si quieren prender fuego a sus bienes e inmolarse a lo bonzo. Son suyos. Pero los recursos de las Administraciones públicas no son suyos, sino de los ciudadanos, que se los ceden a través de un contrato social a veces implícito y a veces explícito. Por consiguiente, están obligadas a hacer un uso eficaz y responsable de los mismos.

¿Y no es responsable y eficaz ahorrar en cultura en momentos de crisis? Pues no necesariamente. Lo que una Administración pública debe hacer, siempre y no sólo en momentos de crisis, es gestionar con rigor los recursos que se ponen en sus manos.  Todos los recursos. La tendencia a recortar los gastos de cultura en tales contextos es una confesión palmaria no sólo de que consideran que la cultura es algo, en el fondo, no exigible a la función pública, sino que la gestionan habitualmente con criterios de derroche. Pues, si es así, sus responsables debieran dar cuenta de ello.

Pero seamos tolerantes y comprensivos. ¿Quién no entenderá que, en tiempos boyantes, se cometan excesos que han de ser corregidos cuando llega la recesión? Correcto, pero que se corrijan todos a la vez: lo razonable e inteligente no es cargarse en estos momentos los recursos para cultura, sino, de manera paralela, todos aquellos recursos públicos que, desde cualquier Ministerio, Consejería o Concejalía, se estén gastando de manera improductiva. Y mantener o incrementar, también en cultura, los que se aplican de manera productiva, a fin de contribuir a salir de la crisis.

En este “medio ambiente”, da pavor la naturalidad con la que un buen número de profesionales de nuestro sector empieza a asumir que, en estas críticas circunstancias, “lo lógico” es que se recorten los presupuestos de las artes escénicas y se vayan a tomar viento fresco los planes regenerativos anunciados hace unos meses por el INAEM. Tal actitud parece indicar que el virus de la necedad liberal no está sólo en el aire, sino en nosotros mismos. Y que es contagioso.

En una época en la que las distancias entre las grandes opciones políticas tienden a estrecharse de manera tan dramática como ridícula, da la impresión de que sólo la gestión pública de la sanidad, la educación y la cultura ilustra comportamientos realmente diferenciadores. Y, por lo tanto, resulta simplemente suicida, en lo político y en lo ideológico, que un Gobierno supuestamente progresista asuma con estúpida solemnidad la costumbre de recortar los recursos para la cultura en momentos de crisis, pues ésta es una práctica propia y natural de los Gobiernos conservadores.

Digámoslo de una vez, recordando de algún modo una vieja canción del llorado Víctor Jara: quien considera que la cultura es aquello a lo que debe renunciar en primer lugar la gestión pública en situaciones críticas no es socialista, ni progresista, ni chicha, ni limoná.

 

Revista ADE-Teatro nº 122 (Octubre 2008)

Leer más

Ni churras, ni xaldas, ni merinas… Mejor, la Ley…

2008-10-01

Por Manuel F. Vieites.

“All I have is a voiceTo undo the folded lie…”

WYSTAN HUGH AUDEN: SEPTEMBER 1, 1939.

 

“El proceso se invirtió en español; Rémora, en sentido propio, es el pez y, en sentido figurado, el obstáculo.”

JORGE LUIS BORGES: EL LIBRO DE LOS SERES IMAGINARIOS.

 

Hace algunos años, la Junta Directiva de la Asociación de Directores de Escena de España inició una aventura arriesgada: imaginar, elaborar y proponer un documento con el que contribuir al arreglo de los teatros en España. La intrahistoria de ese proceso se puede leer en la introducción que precedía al documento Bases para un Proyecto de Ley del Teatro. Decidió hacerlo en solitario no tanto por razones de carácter corporativo, cuanto por motivos teoréticos, metodológicos y operativos; también por razones ideológicas, es decir, en función de la idea de teatro de la que entendíamos que habría que partir y que tendríamos que defender.

Esa decisión se tomaba a sabiendas de las limitaciones propias de seres humanos ajenos al impulso genial, a la reflexión última o a la ciencia infusa. Pero también sabíamos que los integrantes de aquella Junta Directiva contaban con una larga trayectoria profesional en la creación y en la gestión, y que algunos de sus miembros habían publicado trabajos en torno a políticas culturales o teatrales, a planes estratégicos o a iniciativas concretas; me remito a los firmados por Juan Antonio Hormigón, Eduardo Alonso o yo mismo. Tampoco cabía ignorar el enorme caudal de documentación contenido en la revista ADE-Teatro, que, guste o no guste, ahí está, ocupando una posición nada desdeñable entre las publicaciones periódicas. Y no estaría de más recordar que en 2001 el Consello da Cultura Galega publicaba un volumen que yo mismo había coordinado. Se titulaba Galicia e a residencia teatral. Compañías residentes e regularización do tecido teatral, con abundante información en torno a lo que debiera ser una nueva política teatral ante lo que se consideraba el fin de un ciclo. Traigo a la memoria este trabajo dado que en alguna propuesta se echa en falta una mínima información de lo que puedan ser esas compañías. Malo si el silencio es voluntario (¡no interesan!), pero peor si es involuntario (¿dónde el rigor, la seriedad, la profundidad..., invocadas?).

Desde el primer momento algunos de los integrantes de aquella Junta Directiva tuvimos claro que, como en otros ámbitos de la administración pública, lo que más convenía era una Ley. Quienes no formábamos parte del sector teatral, ni siquiera del ámbito de la educación teatral, lo teníamos todavía más claro, dado que profesionalmente proveníamos de sectores muy regulados y en bastantes ocasiones padecíamos la ausencia de reglamentos en determinadas áreas. Basta con hacer una cala cronológica en los sumarios del Boletín Oficial del Estado para tomar conciencia de los númerosos ámbitos que han sido objeto de regulamentación, sobre todo en aquellos que, como la sanidad o la educación, se consideran servicios públicos, por no hablar de los que se consideran estratégicos en nuestra economía. Incluso contamos con una Ley del Libro o una Ley del Cine, por mucho que su redacción haya generado polémica. ¿En base a qué criterios debiera quedar el teatro fuera de esa tendencia a regulamentar subcampos del campo cultural, por seguir la terminología de Pierre Bourdieu? Otra cosa es que se reclame, o se exiga, que la Leysea un documento que permita el pleno desarrollo del subcampo, es decir, que potencie su desarrollo estructural en tanto sistema. También habría que considerar cómo las Comunidades Autónomas tienden a ordenar, mediante Leyes, Decretos, y otras disposiciones, un considerable número de ámbitos que exigen establecer reglas para orientar la actuación pública o privada.

Partiendo pues de nuestra concepción del teatro como servicio público, entendíamos que la mejor forma de regular y desarrollar el sistema teatral era por medio de una Ley, de la que se derivasen Reales Decretos, Órdenes, Disposiciones y otras normativas específicas para ámbitos concretos. Contrariamente a lo que se puedan pensar quienes prefieren “sostenella y no enmendalla”, sabemos perfectamente en qué consiste el pensamiento estratégico. Algunos lo venimos practicando de forma permanente en nuestro ejercicio profesional. Por eso también apostábamos por la Ley, porque si de la Leyderivan Reales Decretos, Órdenes o Disposiciones, de todo ello habrán de derivar los planes estratégicos y los planes anuales que cada institución debiera elaborar para determinar sus líneas de actuación. Pero conviene recordar que es la Ley, y sus desarrollos normativos, la que determina en torno a qué se habrán de desarrollar esos planes estratégicos. Así, en nuestro Proyecto de Bases para una Ley del Teatro, que ahora reformulamos como Ley de las Artes Escénicas, porque ya no estamos solos en nuestro empeño sino muy bien acompañados, cualitativa y cuantitativamente (lo destaco), prestamos especial atención al edificio teatral como uno de los elementos centrales del sistema, generador de muy diversos procesos, estructuras y redes. Lo hacía Juan Antonio Hormigón en un libro de 1974, el titulado Teatro, realismo y cultura de masas, y lo volvía a hacer quien subscribe en un artículo publicado en el número 109 de esta revista: “Modelos de gestión de los espacios escénicos europeos”. Entendemos que esa propuesta de que los teatros funcionen en consonancia con lo que siempre han sido en todas partes, menos en España, suscite discrepancias, pero el edificio teatral debe concebirse como espacio de creación y exhibición, y para que eso sea así, su dirección artística, e institucional, debe estar en manos de personas conocedoras del campo y con la formación adecuada.

En los primeros borradores de lo que sería nuestra propuesta, asomaba una visión global del campo que acabó por instalarnos en la razón sistémica. Y quiero recordar ahora a Don José Ortega y Gasset, quien en su magnífico opúsculo, Idea del teatro, ya planteaba una visión sistémica del teatro. Entonces, a las razones ideológicas hubo que sumar las científicas, pues como decía Edgar Morin, la ciencia también debe adaptarse a su objeto, lo que es tanto como decir que las políticas culturales deben adaptarse al campo o subcampo en el que se proponen intervenir. En el caso de las artes escénicas se podría documentar que las diferentes políticas sectoriales que se han aplicado en España jamás han partido de una visión global del campo, sino que se han centrado en ámbitos específicos del mismo, básicamente en la promoción de la creación (la subvención) y la difusión de corte profesional (la contratación de la función). Todo lo demás ha quedado a expensas de lo que desde esos dos ámbitos se pudiera hacer. Así, la promoción de nuevas dramaturgias, o de nuestras dramaturgias.

Una política cultural que de verdad se proponga el pleno desarrollo de las artes escénicas debe entender la dinámica sistémica del campo, y por eso hemos defendido la puesta en marcha de un nuevo paradigma de política cultural que denominamos sistémico. Lo que busca es el pleno desarrollo del sistema a partir de la metáfora orgánica: el sistema teatral funciona como un organismo en el que el todo es más que la suma de las partes, en el que su correcto funcionamiento depende del buen estado de cada una de sus partes. Siguiendo a Niklas Luhmann sabemos que todo sistema se compone de elementos, que conforman estructuras que generan redes, y en todo ello se dan funciones precisas, que garantizan el funcionamiento y desarrollo del sistema. Pues bien, de lo que se trata es de prestar atención a todos y cada uno de esos elementos, previa identificación de los mismos, y al tejido que generan a partir de sus estructuras y redes, sin olvidar las funciones que habrán de considerarse en cada nivel de la configuración sistémica. Por eso no alcanzamos a entender determinadas visiones críticas que consideran nuestra propuesta “escorada” o “parcial”, porque si hay algo que evita cualquier deriva corporativa es el pensamiento sistémico. Es más, en la “Exposición de motivos” introducimos toda una serie de consideraciones en torno a cuestiones especialmente relevantes y que exigen una profunda reforma legislativa, si de verdad queremos que el sistema teatral sea sistema y no un armazón de cascajos o el traje nuevo de emperador. Así, se reclama la necesidad de una Ley Orgánica de las Enseñanzas Artísticas Superiores, porque es la única posibilidad de que esas enseñanzas y los centros que las imparten puedan converger en el Espacio Europeo de la Educación Superior y en el Espacio Europeo de la Investigación, lo que exige una reforma de las actuales Ley de Educación y Ley de Universidades. Creo que puede resultar muy oportuna la lectura de esa “Exposición de motivos” para tomar conciencia de nuestra voluntad de operar en todo momento con una lógica sistémica, sin supuestos sesgos corporativos. Insisto en que una lectura demorada de nuestra propuesta, en toda su extensión, puede ofrecer pistas para su comprensión, interpretación y valoración.      

Otra de las ideas generatrices de nuestro documento es la concepción del teatro como un servicio público y por norma general la prestación de un servicio público se suele acompañar de un importante aparato normativo para regularlo y alejarlo de cualquier uso discrecional o arbitrario. Primero la Ley y luego las normativas. Así, por ejemplo, tras la Ley, y de forma inmediata, se haría necesario un Real Decreto que regulase el funcionamiento de los teatros, salas y auditorios públicos. Y lo que nosotros proponemos es que los teatros pasen a ser, como en Europa, centros de creación y difusión, con la capacidad para desarrollar un programa de promoción teatral en toda su área geográfica de influencia. Es muy diferente imaginar los teatros como espacios de trasiego de mercancías, a considerarlos espacios permanentes de creación, como ocurre en Rusia, Finlandia, Alemania, Inglaterra, Francia, Serbia o los Estados Unidos de América. Esa dinámica de creación implica no solo dinámicas de exhibición nuevas, sino también dinámicas de intercambio entre teatros, lo que supondría una nueva relación entre creadores, y entre éstos y los espectadores. Finalmente esa dinámica permitiría luchar seriamente contra la precariedad y favorecer la estabilidad, la profesional y la vital (¡ojo con esto último!), de nuestros creadores. Defender esto no supone adoptar posiciones corporativas, porque para poner en marcha ese modelo de resident theatres, en la más pura ortodoxia norteamericana (heredera y derivada del Federal Theatre Project), se necesita una plantilla de personal en la que caben desde los dramaturgos y dramaturgistas hasta los técnicos de escena. El número de puestos de trabajo que se podrían crear mediante este modelo dejaría sin habla a más de uno, o una. De nuevo se afirma esa visión global y no corporativa de nuestra propuesta.

Este proceso precisa regulación, códigos de buenas prácticas, sistemas de control de calidad, normativas laborales…, y todo eso debe regularse en el plano legislativo, porque la concesión de la explotación de un teatro no debe ser un acto discrecional o arbitrario, no debe depender de una decisión tomada al albur de quién sabe qué criterios. 

Y aquí, en ese modelo de gestión también se reafirma esa idea de servicio público, porque todos aquellos sectores que se consideran como tales (educación, sanidad…) están sometidos al imperio de la función pública. Y a ese modelo de gestión pública no cabe colocarle, sin más, el sambenito de la ineficacia, el descontrol o la malversación, como se hace frecuentemente, porque acontecimientos recientes nos demuestran a dónde pueden llegar los disparates en la gestión privada de lo privado y en la gestión privada de lo público. En muchos casos, tras la “externalización” de servicios se esconde un trasiego de prebendas y favores de difícil justificación.

Pocos años atrás, tras las elecciones gallegas de 2005, un conocido técnico de escena de Galicia, con militancia socialista reconocida, reconvertido en productor y en gestor de eventos (¡el ejemplo cunde!), proponía, en nombre de una asociación empresarial del espectáculo, la supresión del Centro Dramático Gallego y sugería derivar sus fondos al fortalecimiento de las empresas privadas. Es decir, buscaba aumentar las subvenciones y el beneficio inmediato. Nadie niega legitimidad a esa propuesta, pero igualmente legítimo resulta defender lo contrario. Esa propuesta nacía del convencimiento de que las estructuras teatrales son un lastre que impide el desarrollo del mercado. Se trata de una visión ultraliberal de la economía teatral que curiosamente se contradice con el ideario socialdemócrata, que apuesta por intervenir, pero también con el liberal, dado que este último apuesta por no intervenir ya que reniega de la concesión de fondos públicos para promover negocios privados. Al menos, eso dicen.

La Ley podría traer, finalmente, considerables ventajas en la puesta en valor de las artes escénicas, y en su legitimación, si en su negociación, tramitación y desarrollo se promueven los consensos necesarios. Como decíamos, se parte del hecho, difícilmente cuestionable, de que las artes escénicas, en su conjunto, conforman un campo de actividades, diversas y heterogéneas, que generan riqueza, bienestar y puestos de trabajo, y como tal podría llegar a ser un sector estratégico de nuestra economía. Se trataría de buscar mecanismos para su potenciación y en ella se debieran implicar todas las administraciones públicas por igual, mediante un Pacto de Estado suscrito por partidos políticos, Gobierno central, Comunidades Autónomas y Federación de Municipios y Provincias. Un Pacto de Estado para hacer de la cultura un elemento fundamental de nuestro desarrollo, como en otras economías y países. En esa dirección, no estamos inventando nada; sólo reclamamos la necesaria convergencia con Europa.

Y es que en un momento en que el país padece una profunda crisis, fruto de diversos factores, entre ellos el declive definitivo de un modelo de desarrollo poco sostenible y que podría haber convertido todo nuestro territorio en una urbanización tan vasta como horrenda, cabría considerar si es posible potenciar otro modelo más sostenible y menos agresivo en todos los órdenes. Hace tiempo que la Unión Europea viene insistiendo en la importancia de la creación y la difusión cultural como un sector importante en la generación de riqueza y bienestar, sobre todo si se desarrollan proyectos de Investigación, Desarrollo y Creación (I+D+c) o de Investigación, Innovación y Creación (I+I+c). No debemos olvidar que ese modelo de desarrollo basado en el ladrillo se ha combinado, curiosamente, con un nuevo modelo de uso del tiempo libre, en el que prima una cultura para las masas igualmente basada en el ladrillo, de corte sumamente alienante y alejada de cualquier aspiración ilustrada o emancipadora. Convendría recordar que ese modelo económico basado en un desarrollo insostenible se vincula con un modelo de sociedad igualmente insostenible, y que para nada concuerda con la sociedad republicana que supuestamente vendría a proponer el actual Presidente del gobierno (“parole, parole, parole”). Más allá de gestos y gestas, y de su calculado impacto mediático, el modelo imperante es el neoliberal: ¡coge el dinero y corre!, o, ¡jura el cargo y disfrútalo! Pero esa no es la única opción. Caben otras, y aquí volvemos a las ideologías, a la idea de sociedad, a los fines de vida, a los valores.

Sabemos que en un país como España, en el que las competencias en materia cultural han sido asumidas, en su mayoría, por las Comunidades Autónomas, cualquier regulación de ámbito estatal puede resultar problemática. Pero también sabemos que lo que se plantea en nuestra propuesta de Ley de las Artes Escénicas, no supone una invasión de competencias sino una puesta en común, y una apuesta común, para buscar la mejor manera de convertir las artes escénicas en un factor de desarrollo artístico, sociocultural y económico, y determinar las medidas a poner en marcha para lograr objetivos a corto y medio plazo. De la misma forma que todos nuestros políticos suspiran porque la renta per capita en España se sitúe entre las más altas de Europa, sería bueno que todos ellos deseasen que la vida cultural de nuestras ciudades estuviese al nivel que presentan aquellas ciudades que se podrían tomar como ejemplo de ese modelo en el que la creación y la difusión cultural contribuye al bienestar común y en la mejora del Producto Interior Bruto, esas ciudades que se pueden considerar como ciudades educadoras y creadoras. Hay países, como Alemania, en los que ese modelo no se cuestiona, con independencia de quién gobierne. Por eso las artes escénicas en esos países tienen tal nivel de desarrollo, en los planos cuantitativo y cualitativo. Ese podría ser nuestro horizonte y hacía él quisiéramos caminar.

Una última consideración, a favor de la Ley. Los que tenemos responsabilidades en el sector educativo no dejamos de preguntarnos qué cabría hacer para que los titulados que salen de los centros en los que trabajamos puedan optar a un ejercicio profesional en las mejores condiciones. Como director durante un tiempo del Instituto Politécnico de Vigo, puedo dar fe de la satisfacción que se siente cuando los porcentajes del alumnado que termina Secundaria o que accede a la Universidad son elevados, o cuando la inserción laboral del alumnado de Formación Profesional se aproxima al cien por cien, cuando incluso algún empresario amablemente se quejaba porque el Instituto no era capaz de satisfacer todas sus necesidades de trabajadores altamente cualificados. Eso mismo desearíamos para los chicos y chicas que cursan Arte Dramático o Danza, pero eso sólo será posible cuando contemos con un sistema plenamente desarrollado, que permita que un titulado en Arte Dramático o en Danza tenga ante sí las mismas opciones laborales que en otros países: creación, animación, gestión, docencia u otros ámbitos (terapia, formación, investigación…). Por ello luchamos, con las herramientas que podemos o tenemos, y por eso queremos una Ley, que regule y que obligue, y con el mismo empeño que hemos participado en la elaboración de esa primera propuesta, trabajaremos, si así se nos requiere, en esas normativas que desarrollen la Ley de las Artes Escénicas.

Pero, si quieren, también podemos hablar, largo y tendido, de las circunstancias laborales y personales que padecen muchos de nuestros creadores: cuando están enfermos, cuando pasan los meses sin una llamada que anuncie una oferta posible, cuando hay que optar por la caja de un supermercado para sobrevivir justo cuando uno se quiere comer el mundo, o cuando se aproxima la jubilación y todo se vuelve negro. Contra todo esto hay que luchar, y algunos entendemos que la mejor forma de hacerlo, que la mejor forma de combatir la precariedad, es a través de una Ley, la Ley de las Artes Escénicas.

Es probable que estemos equivocados en nuestra defensa de una Ley, es probable incluso que estemos muy equivocados, pero eso es lo que nosotros creemos en estos momentos, porque hasta ahora no hemos leído argumentos que nos indiquen que vivamos instalados en el error. Y es que nuestra apuesta, insisto en ello, no nace de un interés corporativo, sino de un compromiso firme y desinteresado con el arte del teatro. Quienes no tenemos ni compañía, ni productora, ni textos para estrenar, ni proyectos para crear espectáculos, ni funciones que contratar, ni libros que vender, ni cursos que promover, ni artículos que colocar donde sea y como sea, y que además tenemos nuestro futuro laboral asegurado en otros menesteres, nada esperamos, en el plano personal, de esta Ley que con tanto ahínco defendemos. En mi caso, como simple profesor de secundaria, circunstancialmente adscrito a la dirección de un centro, sólo aspiro a hacer bien mi trabajo, que no es otro que lograr que los alumnos y alumnas de la ESAD de Galicia adquieran una buena formación y tengan todas las oportunidades para ejercer su profesión con dignidad.

Por cierto, y disculpen la inmodestia, pero yo no me “arrejunto” con cualquiera.

Por todo lo dicho, yo sigo pensando que mejor…, la Ley, la Ley de las Artes Escénicas.

 

Revista ADE-Teatro nº 122. Octubre 2008

Leer más

Gobernar para la cultura

2008-07-01

 

Por Juan Antonio Hormigón.

El lunes 12 de mayo se produjo la comparecencia de Juan Carlos Marset, Director General del INAEM, ante los periodistas. Algunos representantes de organizaciones de las artes escénicas y de la música estuvieron presentes a su vez. Con verbo pausado e intensidad en sus formulaciones, el alto cargo ministerial presentó los fundamentos de las propuestas que iba a describir, expuso el plan de cuarenta iniciativas que su departamento propone para la presente legislatura y se centró en los diez que en su opinión eran los de mayor entidad y calado.

La primera reflexión que cabe hacer y no dudo en darle un notorio énfasis, es que se trata de un plan construido con seriedad y solvencia, madurado y atento a buscar una coherencia de conjunto. No es fruto de la improvisación, ni de un afán escenográfico, sino el intento de dar  soluciones a la situación en que se hallan dos importantes segmentos de la cultura española: las artes escénicas en su conjunto (teatro, danza, circo, títeres, etc.) y la música, buscar su transformación y desarrollo, regular el territorio y procurar su homologación con Europa.

Todo ello evidencia algo que constituye una excelente novedad: el Ministerio de Cultura ha decidido gobernar. Pocas veces en el periodo democrático -de lo de antes mejor no hablar- se han adoptado actitudes de este tipo y nunca por supuesto en las artes escénicas. Quizás quien lo intentó de forma infructuosa fue Tomás Marco, que se vio desasistido por su ministra y por el gobierno del PP y apenas nada pudo hacer. Así y todo, fue el único director general hasta la fecha que quiso hacer una Ley del Teatro y entendió que la adquisición de un edificio teatral  para incrementar el patrimonio público, el de la Comedia de Madrid, constituía una cuestión fundamental. Por desgracia, aquel importante paso adelante no tuvo continuidad. Por otra parte, se cerró debido a unas necesarias labores de rehabilitación y durante el trienio negro para las artes escénicas de la anterior legislatura, no se hizo nada para ponerlo nuevamente en funcionamiento. El actual ministro ha tomado directamente la ejecución de las obras para que estén concluidas en el plazo más breve posible.

Una de las cuestiones que la ADE ha reclamado en sus escritos o en sus encuentros con la administración, ha sido justamente que quienes ocupan los cargos de responsabilidad en la cultura gobiernen, lo cual supone elaborar proyectos globales para la promoción, desarrollo y regulación de las artes escénicas y la música, que permita su consideración ponderada por parte de la sociedad civil. Podrán ser mejores o menos buenos, quizás haya cosas que salgan mal y sea preciso introducir correcciones, pero el plan emprendido debe partir de unos fundamentos y trazarse unos objetivos. En mi opinión lo propuesto por el Ministerio de Cultura a través del INAEM responde a esta estructura. Lejos de esa actitud de quienes venían a ocupar los cargos para vestirlos, para viajar, para mantener lo existente y todo siguiera igual o para construir redes de nepotismo o servicios mutuos, este Ministerio ha decidido gobernar, nada más y nada menos.

 

Curiosas reacciones

Muy pronto, casi desde su nombramiento, el ministro de Cultura se ha encontrado frente a preguntas periodísticas de una impertinencia y desinformación, cuando menos, notable. Puede aducirse como excusa la notoria ignorancia respecto a cuestiones de gobernación de la cultura que aqueja a los entrevistadores, pero podemos preguntarnos a su vez por qué los responsables mediáticos comisionan a personas de este tipo para dicha función.

Es bien sabido que ha sido práctica habitual que los cambios de gobierno o del titular de un ministerio vayan acompañados de la renovación de los cargos de confianza, entre ellos el subsecretario y los directores generales. Es lógico que un ministro designe su propio equipo, faltaría más y allá él. El actual titular de Cultura sustituyó tan sólo al primero y a dos de estos últimos tras su toma de posesión y a uno más tras su ratificación en el pasado abril. Sin embargo se le ha intentado presentar como alguien que desechaba directores generales por capricho y estos fueran puestos vitalicios e inamovibles. Una reportera de un programa televisivo, hermosa y necia a la par, se atrevió a espetarle que lo llamaban "Terminator" porque cesaba a todo el mundo... y las reformas que se anunciaban. Es evidente que se ha pretendido inducir una deliberada opinión por parte de los agentes de ciertos medios de comunicación, de que lo que sucede es un atropello.

En diferentes instancias y situaciones, idéntica actitud se ha manifestado respecto al director general del INAEM. En la comparecencia a que he aludido al comienzo, sorprendió extraordinariamente las preguntas que le dirigieron los reporteros presentes. Ante aquella serie de propuestas de un fuerte calado por lo que respecta a reformas y proyectos, sólo se le preguntaron por cuestiones nimias, irrelevantes o relacionadas con nombres propios. Realmente había posibilidades de plantear cuestiones agudas y significativas, pero al parecer eso no les interesaba. Puede que a los lectores, sí.

No es menos curioso observar en este sentido como El cultural de El Mundo publicaba el día 5 de junio en su sección "La Papelera", firmada con el seudónimo colectivo de Juan Palomo,  un ofensivo y calumnioso soneto contra el actual director general del INAEM. Soneto anónimo, por si fuera poco, para ocultar la manifiesta cobardía de quien eso dice. Sin embargo se guardó en el pasado un absoluto silencio respecto a la ausencia de proyectos y acciones, a la galbana, desidia y otras cosas peores, de que hizo gala quien detentó dicho cargo durante el trienio negro anterior.

 

El sentido de las propuestas

Lo que el director general del INAEM ha presentado a la opinión pública, ha consistido en un paquete de cuarenta medidas que afectan al teatro, la música, la danza, el circo y los títeres. De ellas seleccionó en su exposición, por considerarlas las más notables, las diez cuya ejecución se pretende iniciar desde ahora mismo. La primera de todas ellas es la preparación de una Ley de las Artes Escénicas y la Música que será presentada al Congreso de los diputados para su aprobación. Se comprometió a plazos concretos: entre los meses de marzo y mayo próximos todo estará dispuesto.

El conjunto de iniciativas planteadas es muy variado. Unas corresponden a realizaciones de carácter ministerial como son la conversión del INAEM en Agencia Estatal o la construcción de la Ciudad de las Artes Escénicas dotada de amplias funciones. También a la creación de diferentes centros, desde el dedicado a la música antigua hasta el del flamenco, que se ubicarán en diferentes ciudades españolas. Igualmente hizo hincapié en conferir carácter netamente institucional a las unidades de producción que dependen del Instituto, lo cual implica tanto el establecimiento de objetivos determinados o las formas de contratación y responsabilidades de quienes las dirigirán, como la concreción de sus compromisos expresos.

Otras responden a la necesaria ordenación de las diferentes áreas sobre las que tiene competencia el INAEM, algunas de las cuales exigirán soportes normativos. Varias de ellas tendrán igualmente que ser articuladas con la sociedad civil teatral -con toda ella, claro está-, aunque otras veces con segmentos específicos.

A estas propuestas programáticas habría que añadir el Código de buenas prácticas elaborado por una amplia comisión de juristas prestigiosos, dos teatrólogos y un antiguo director general y subsecretario del ministerio. Hasta donde sabemos -todavía no ha sido publicado-, el citado código pretende establecer las pautas que regulen  los procedimientos de selección de los responsables de las diferentes unidades de producción, y aquello a lo que se comprometen mediante la firma de un contrato-programa.

Lo que se pretende es suprimir el sistema existente, que entre otras muchas cosas no se ajusta a derecho y ha consistido en la designación directa de los responsables por el director general de turno como si se tratara de cargos de confianza. En ocasiones ha podido escogerse a personas adecuadas pero en otras quizás se prestó al capricho o al amiguismo del detentador de la "potestas". Hay que subrayar que un mecanismo como este corresponde a etapas predemocráticas y no existe en ningún país europeo ni en ninguna democracia establecida. En definitiva se trata de que la elección la lleve a cabo un Consejo a partir de los proyectos específicos que se presenten. Dicho Consejo, se supone que de notables, deberá evaluar la competencia profesional en la dirección de instituciones públicas de los candidatos, así como la continuidad de los proyectos, la calidad objetiva de las realizaciones, la consistencia del trabajo en periodos ponderables, etc.

Prevé igualmente que dicho organismo sea quien establezca la evaluación de la actividad realizada, evitando cualquier forma de impunidad. En un importante discurso que el Presidente del Gobierno hizo en el Parlamento nacional cuando el señor Ibarretxe presentó su fracasado proyecto estatutario, aseveró que la democracia supone un sistema de sucesivos controles. No cito al Presidente por lo que dijo, sino porque dijo lo que es. El problema es que para algunos sectores de la vida española los mecanismos de control se han obviado, o se ha hecho dejación de las responsabilidades que conlleva la asunción de un cargo público en su aplicación. Un caso tan tétrico como el de Coslada tiene mucho de esto.

La supervivencia de dichas conductas en áreas concretas, particularmente en la cultura, nos ha llevado a que tras treinta años de democracia, no se hayan racionalizado y con frecuencia se hayan pervertido su naturaleza y sus objetivos. La primera cuestión que late en el conjunto de reformas que se plantean, es esta, y desde el punto de vista del desarrollo democrático su resolución constituye una necesidad ineludible.

 

El lado oscuro

A pesar de todo lo dicho, hay quienes afirman con rotundidad y con evidente impudicia ética, que no deben existir ni regulación ni controles en cuanto al funcionamiento de los centros públicos de producción y, por extensión, sobre el dinero público para el teatro. Siempre han pensado que la utilización del erario público por ellos y en su provecho, es algo incuestionable y están dispuestos a lo que sea para mantener dicha situación. Desprecian el interés general o lo consideran algo ilusorio, en aras de su interés particular.

Sin embargo el dinero público para la cultura no es una entelequia sino algo constatable, que emana de las contribuciones al erario por parte de la ciudadanía. El Gobierno tiene el deber de distribuirlo adecuadamente, pero también salvaguardar el principio de que redunde en el bien común y el interés general. Por supuesto que esta cuestión es mucho más compleja y tiempo habrá para desarrollarla, pero cualquier actitud que tienda a su utilización espuria se contradice frontalmente con el buen gobierno o con un comportamiento cívico democrático. Quienes piensan que debe servir a sus intereses particulares no cejarán en sus esfuerzos para preservar esa situación y podrán construir conspiraciones, urdir desprestigios o practicar la intoxicación desinformativa. Todo vale cuando lo que se trata es de dinero.

Para concluir: la ADE apoya resueltamente las medidas propuestas porque suponen un acontecimiento histórico. Por primera vez estamos ante un plan de gobernación para las Artes escénicas y eso constituye un hecho determinante de enorme calado. Sabemos que la labor es ardua y que quizás no todos los proyectos puedan tener cumplida ejecución, quizás algunos pueda pensarse que no son substantivos y que sería más urgente acometer otros. Pero todo ello nos lleva a la posibilidad de inducir un debate constructivo, que logre la necesaria síntesis siempre que estén claros los objetivos.

Nuestro apoyo, como siempre hemos proclamado, es leal, pero no está exento de que hagamos las consideraciones críticas que estimemos oportunas si así lo consideramos. Sabemos que se inicia un camino y creemos que hay que apoyarlo, porque eso es lo propio de un pensamiento y una actitud progresista y consciente respecto a la "res publica". Bien distintos ambos, por supuesto, de lo que traslucen quienes creen que basta con dar saltitos en algún balcón, conspirar sobre la nada general y el beneficio particular en cualquier antro o mansión, o hacer el gesto oportuno que a nada conduce para considerarse los reyes del mambo. Aquí y ahora nos sobra mambo y nos falta estudio, rigor, estructura, pasión por la cultura y un hondo sentido de lo que somos como españoles y europeos.

 

Revista ADE-Teatro nº 121 (Julio-Septiembre 2008)

Leer más

¡Ojalá que nos vaya bonito!

2008-07-01

 

Por Manuel F. Vieites.

Confieso que mi primer impulso fue titular está crónica con un somero “Por fin, la Ley”, pero conviene no precipitarse. Todavía queda un largo camino por andar antes de dar rienda suelta a las celebraciones, o a las lamentaciones. Es preferible recoger las palabras de José Alfredo Jiménez y con ellas formular un deseo de cambio, de transformación profunda con la que dejar atrás un pasado sombrío y encarar el futuro con ilusión y esperanza. Y que la Niña Blancade Hidalgo nos acompañe, que esta es una profesión periférica, arriesgada y atormentada.

El anuncio de que el Ministerio de Cultura, a través del INAEM, promoverá la elaboración de una Ley de las Artes Escénicas y la Músicaes una noticia excelente para la inmensa mayoría de las gentes del teatro. Como lo es, igualmente, el Plan Estratégico que ha elaborado el INAEM para el período 2008-2012, y que supone una declaración de principios e intenciones sumamente oportuna, por lo que debemos felicitar a los responsables de su redacción, comenzando por el titular del departamento, el señor Juan Carlos Marset.

En tal tesitura, evitamos pensar en clave de pérdidas o ganancias, porque está claro que con una buena Ley quien de verdad sale ganando es el Teatro; y si el Teatro gana, se supone que todas y todos saldremos ganando, en tanto esa Ley sirva para normalizar, regularizar y desarrollar el sistema, y caminar en la senda de la convergencia con Europa.

Entonces, no estaría de más señalar algunas cuestiones que tal vez puedan facilitar que lo que hoy es apenas una esperanza se convierta en una realidad en la que nos podamos reconocer y reconfortar. Son cuestiones de carácter conceptual y teorético, que debieran iluminar el proceso de concepción y redacción del documento. Señalaré, a modo de simple recordatorio, algunas de las más relevantes porque ya hay suficientes materiales publicados, algunos propios y muchos ajenos, como para afrontar ese reto con garantías de éxito.

En primer lugar, está la noción de sistema, en tanto las políticas de desarrollo de las artes escénicas o de la música no cabe concebirlas como actuaciones sectoriales o parciales, porque la historia de estos últimos años muestra que tales medidas no son suficientes para lograr objetivos estratégicos, ya que el desarrollo de una parte depende del desarrollo del todo, y viceversa. Como hemos podido ver tantas veces, la recuperación de un teatro puede acabar por no ser más que la simple restauración de un inmueble (política patrimonial), sin otra incidencia en el sistema teatral (política teatral) que el aumento del patrimonio arquitectónico del Estado, de una Comunidad Autónoma, de la Diputación, del Ayuntamiento o de la Cajade Ahorros de turno. En esa dirección, de poco sirven las medidas de apoyo a la creación si no se desarrollan medidas de fomento de la recepción, líneas de trabajo que incidan en la visibilidad y la valoración positiva del teatro. Una política teatral que se proponga el fomento de las artes escénicas y de la música debe tener, en consecuencia, una dimensión integral y global, porque el todo es mucho más que la suma de las partes. Y esa lógica sistémica, como ya se ha dicho, implica la participación de instituciones varias, desde el Ministerio de Cultura al Ministerio de Educación, desde las Comunidades Autónomas a los Ayuntamientos. Por eso es tan importante ese Pacto por el Teatro, o Pacto por la Cultura, que se ha reclamado desde estas páginas.

La participación del Ministerio de Educación resulta especialmente trascendental por cuanto la visibilidad del teatro depende de una política educativa que promueva tanto el valor pedagógico de la Expresión Dramáticay de la Expresión Teatral(como herramientas fundamentales en el desarrollo de competencias básicas y en la formación para la ciudadanía), como su incidencia en el desarrollo de hábitos de relación del alumnado con el acontecer cultural y de participación en el mundo de las artes y la cultura. El Ministerio de Educación todavía tiene pendiente la puesta en marcha de un proceso de normativización y regularización de la enseñanza teatral y de fomento de la presencia del teatro en los centros educativos, ámbito en el que España lleva un retraso acumulado de más de cien años, que ya es decir. La convergencia con Europa es, a día de hoy, pura utopía.

En segundo lugar, debiéramos recordar que el edificio teatral es un elemento central del sistema, desde el que se promueven o en el que convergen las interacciones de los elementos del mismo. La propia etimología del vocablo nos remite a ese lugar desde el que se puede ver, pero también define lo que se ve desde el punto de observación. Una de las medidas más necesarias para el desarrollo del sistema consiste en convertir los teatros, salas y auditorios, al menos los de titularidad pública, en centros de creación, en espacios en los que la compañía titular del teatro (que no propietaria) pueda desarrollar un proyecto estable para una ciudad o una comarca. Así ocurre en Francia, en Alemania, en los Estados Unidos de América o en Inglaterra. El lema ,“Un teatro, una compañía”, debiera informar e inspirar los trabajos de elaboración de la Leyy presidir las negociaciones, acuerdos y consensos entre las Administraciones Públicas, en las que debieran participar, además de los de Educación y Cultura, los Ministerios y las Consejerías de Trabajo, Innovación y/o Industria, en tanto estamos hablando de la configuración y consolidación de un tejido productivo que puede tener un rol fundamental en la generación de riqueza, material e inmaterial, bienestar y puestos de trabajo, sin olvidar las dinámicas de innovación e investigación ( I+D+i ). Y esto no es una idea propia; proviene, de antiguo, de las instrucciones de la Unión Europeaa propósito de la necesidad de potenciar el sector terciario, en el que sitúan los servicios culturales.

En tercer lugar, hay que establecer medidas efectivas para luchar contra la precariedad en el empleo y por la estabilidad, para desarrollar todos los bancos de trabajo que se puedan derivar de la regularización de la música y las artes escénicas, y de nuevo la idea de sistema nos parece especialmente relevante. Y aquí habría que vincular estabilidad con buenas prácticas, calidad y excelencia, porque la mejora permanente en la creación y la difusión es imposible desde la precariedad actual, y mucho menos la investigación o la innovación. Es aquí donde los Ministerios y las Consejerías de Trabajo, Industria, Ciencia o Innovación podrían promover líneas conjuntas de actuación, en consonancia con diversas directrices europeas que insisten en las virtualidades de la creación y difusión artística y cultural para generar puestos de trabajo y promover nuevas oportunidades de ocio y tiempo libre.

En cuarto lugar, es fundamental establecer líneas de promoción de nuestras dramaturgias: las presentes, las pasadas…, y las futuras. Poseemos un patrimonio literario de primera magnitud y una y otra vez nos vemos gratamente sorprendidos ante la recuperación de un autor que se había perdido u olvidado en los manuales de historia de la literatura dramática, sin olvidar a tantos autores o autoras que asisten impotentes al silencio escénico de sus creaciones. Como decimos en otro lugar, ese silencio sólo se podrá superar cuando los teatros sean espacios de creación.

En quinto lugar, se deben considerar políticas transparentes referidas a recursos humanos, de modo que para cada puesto se pueda contar con la persona más cualificada y adecuada, primando los principios de publicidad, mérito, experiencia y capacidad. Es necesario poner coto a la discrecionalidad en la provisión de puestos de trabajo, de terminar con la arbitrariedad en la designación de puestos de responsabilidad en la gestión de las estructuras e instituciones del sistema teatral; la función pública tiene mecanismos suficientes para adecuar los mecanismos de selección del personal a las necesidades del puesto a desempeñar. También es importante poner límites al desempeño de un cargo y establecer mecanismos transparentes en su renovación, como ocurre en todos los ámbitos de la administración pública, donde tienen una duración limitada, incluso en el número de las renovaciones.  

Finalmente, se hace especialmente necesario saber buscar los puntos de encuentro y las especificidades de los campos convocados: música y artes escénicas. La Leydebe atender las demandas de carácter general pero sin olvidar las demandas específicas, que ni son las mismas ni siempre son convergentes. Se precisa un trabajo de encaje muy fino dadas las complejidades de elaborar líneas de actuación que supongan una puesta en valor de los campos señalados que no fomente discriminaciones, ni positivas ni negativas, pero que atienda las necesidades reales de cada ámbito de creación y difusión, con planes estratégicos en cada caso. Y aquí pueden aparecer dificultades, si además se convocan o inducen corporativismos. Porque podría ocurrir que al amparo de la demanda de la creación de una compañía residente en cada teatro público, alguien diese en reclamar, por lo mismo, la creación de una compañía de danza o de una orquesta sinfónica en los mismos teatros.

Para llegar a la Ley, y para llegar a una buena Ley, queda un camino largo y tortuoso, pero será posible hacerlo con el apoyo y la colaboración de todas y de todos. Y que, al final, nos vaya bonito, bonito de verdad, por el bien de los teatros y para su arreglo definitivo. Buenas noches…, y buena suerte.

 

Revista ADE-Teatro nº 121. (Julio-Septiembre 2008)

Leer más

Elecciones generales: balance y conclusiones

2008-04-01

 

Por Juan Antonio Hormigón.

Por segunda vez he votado por correo en las últimas elecciones, pero fue la primera que no estuve en España la noche electoral. Mi hija Laura y su compañero Óscar Torrado bailaban dos días en la Opera de El Cairo y no me lo quise perder. Seguí el recuento en la residencia del director del Instituto Cervantes de allá, Javier Ruiz, acompañado de otros amigos. Después salí a hacer un breve recorrido por el Nilo para visitar los lugares emblemáticos del antiguo Egipto: Luxor, Karnak, Edfú, Abu Simbel, etc. No encontré periódicos españoles y no pude ver la Televisión Española Internacional. Tuve que conformarme con canales franceses e ingleses que apenas hicieron algún comentario poco relevante sobre España. Viví esos días pleno de apacible solaz, lejos de las chirimías chinchorreras que suelen acompañar los fastos electivos.

I

He querido empezar con este pequeño relato para que se comprenda que percibí el acto electoral y el recuento desde la distancia. Que conocí el resultado de la noche pero que después perdí todo contacto con lo que sucedía. Quizás gané en serenidad para poder hacer una evaluación ponderada días después, cuando el torbellino que siempre se produce en estos casos cediera en entusiasmo postizo.

El resultado electoral ofrece algunos balances evidentes: El PSOE ha sido el partido más votado con algo más de once millones de votos, seguido por el Partido Popular con más de diez. La diferencia entre ambos es de unos 900.000. La tercera fuerza más votada ha sido Izquierda Unida con un millón, seguida por Convergencia y Unión con 775.0001. A la vista de estos datos la primera conclusión es que ha aumentado la tendencia al bipartidismo, cosa nada estimulante desde luego.

No he establecido esta jerarquización de modo casual. Ese millón de votos ha dado a Izquierda Unida dos escaños, mientras con doscientos mil menos CiU ha obtenido once, el PNV con menos de la tercera parte (303.246), seis, y Esquerra Republicana de Cataluña con menos aún, tres. El partido recién escudillado, Unión Progreso y Democracia, obtuvo trescientos votos más que el PNV pero tan sólo un escaño, en tanto que el Bloque Nacionalista Galego con 209.000 obtenía dos y los mismos Coalición Canaria con 264.000, mientras que Nafarroa-Bai conseguía uno igualmente con tan sólo  62.000, cifra inferior a la alcanzada por la Coalición Andalucista que con 68.000 se quedó sin nada.

El cotejo de estas cifras demuestra por sí sólo que algo funciona incorrectamente en la democracia española. En un reparto de escaños que correspondiera a un sistema proporcional puro, el 3'80 % de IU le daría 14 escaños y a UPyD su 1'20 % le otorgaría 4 diputados, los mismos que al PNV. CiU con el 3'05 obtendría entre 10/11; ERC con el 1'17 % entre 3/4; CC con el 0'65 %, 2, y NA-BAI con el 0'24, ninguno. El 43'64 del PSOE se traduciría en 154 escaños y el 40'11 del PP en 140. Faltarían por redistribuir 17 diputados que corresponden a los restos de todos los demás partidos que participaron en las elecciones y no llegaron al 0'33 %, que es lo que se precisa para obtener un escaño. El reparto sería 8 para el PSOE, 7 para el PP, 1 para IU y otro para CiU. La distribución final daría 162 escaños al PSOE, 147 al PP, 15 a IU y 12 a CiU. Si se aplicara un umbral mínimo imprescindible para acceder al reparto aunque fuera del uno por ciento, dos de estos partidos quedarían fuera; si fuera el dos serían cinco; si el tres, que es el que rige actualmente en cada circunscripción, sólo restarían junto a los dos mayoritarios IU y CiU.

Los resultados obtenidos con la norma electoral que ahora existe son sin embargo bien distintos. El PSOE ha obtenido 169, el PP 153, CiU 11, PNV 6, ERC 3, IU 2, BNG 2, CC 2, UPyD 1 y NA-BAI 1. La comparación entre el supuesto proporcional y las cifras oficiales demuestra a las claras que existe una clara distorsión entre la voluntad de la ciudadanía a través del sufragio y la cruda realidad fruto de unas normas que lo falsean hasta la desfachatez.

No obstante, como es fácil observar, los partidos nacionalistas no modificarían prácticamente sus resultados, salvo que se impusiera el porcentaje mínimo. Los que se ven patéticamente lesionados en su representación son Izquierda Unida y Unión Progreso y Democracia. El primero tiene una implantación nacional y el segundo aspira a ella. Estas formaciones que tienden a propiciar la cohesión, son curiosamente en las que se ceba todo el negativismo de la ley electoral existente. También conviene señalar que el bloque de izquierda, PSOE e IU obtendría la suma de 177 diputados, lo que supondría su mayoría absoluta.

II

Es curioso que estas evidencias se han ocultado casi siempre al cuerpo electoral. Algunos hemos aludido a ellas en diferentes ocasiones sin que se haya escuchado a nadie. Ninguno de los dos grandes partidos ni tampoco los nacionalistas que se ven privilegiados, han puesto en marcha una reforma electoral consecuente. Quizá en las pasadas elecciones sea cuando más se ha tratado la cuestión porque esta disparidad entre votos y escaños resulta escandalosa e incluso indignante. Posiblemente la razón estribe en que desde sus inicios, nuestra democracia tendió a la implantación del bipartidismo y la ley electoral se diseñó para que cumpliera dicho propósito.

Ello ha venido acompañado de otro proceder ajeno al espíritu y la letra constitucionales. Nuestro sistema electoral plantea la elección de partidos que proponen sus programas a la ciudadanía. Por eso están previstas las posteriores consultas del Jefe del Estado con los diferentes grupos para escoger un candidato a las Cortes que presentará a la Cámara su proyecto de gobierno en la sesión de investidura. Casi desde los inicios del periodo democrático, la elección de partidos se ha visto escamoteada por la de líderes que los suplantan y oscurecen. Hace tiempo ya que un político español de muy alto nivel y que hizo un trabajo magnífico en la Transición y los primeros gobiernos del PSOE, me advirtió de una corriente que tendía a la conversión de algunos partidos en meros clubes o plataformas electorales para apoyar al líder. A la postre parece que esto es lo que ha sucedido.

Eso ha sido además lo que han impulsado los medios de comunicación, las televisiones sobre todo. El planteamiento no difiere demasiado de las confrontaciones futboleras entre los equipos que se considera grandes, por eso se habla casi solamente de ellos y los demás es como si no existieran a escala nacional. En esta competencia de líderes subyace el imaginario de la elección de un caudillo del que todo se espera y al que igualmente se puede vilipendiar como responsable de todo. Tratamientos de este jaez ejemplifican la tentación o aceptación de una nueva forma de absolutismo. Todo ello a la par abordado con una simpleza e incluso frivolidad que aleje cualquier tentación de que la ciudadanía adquiera cultura política o caiga en la nefasta manía de pensar. En este último proceso electoral ante los "cara a cara" de los dirigentes de los dos partidos mayoritarios, alguna televisión ha planteado apuestas respecto a quién sería triunfador en el envite, aunque fuera tan difícil y aleatorio establecerlo con certeza.

En cualquier caso los resultados de la jornada del día 9 de marzo nos hablan de que el PSOE ha sido la formación más votada, aumentando en unos cuarenta mil votos los obtenidos en 2004. El PP lo ha hecho en algo más de cuatrocientos mil respecto a entonces. CiU ha perdido alrededor de sesenta mil, el PNV ciento veinte mil, ERC más de trescientos cincuenta mil, viendo reducido su apoyo a menos de la mitad del que tuvo. Ha sido esta la caída más fuerte y significativa. También CC ha perdido más de setenta mil votos. El BNG y NA-BAI se han mantenido en los mismos guarismos. Algunas otras formaciones se han visto igualmente quebradas y han perdido el diputado que tuvieron en la pasada legislatura. EA ha descendido en treinta mil votos y la CHA en cerca de sesenta mil, quedando reducida a unos magros treinta y ocho mil votos.

Todo ello muestra un claro descenso de la mayor parte de las opciones nacionalistas, desde las más dialogantes a las más radicales y grotescas. No obstante es difícil colegir si nos hallamos finalmente ante un cambio de tendencia que nos aleje de no pocos delirios mendaces y reinstaure la razón y el sentido en este país nuestro. La concepción de la lógica diversidad que existe en España, no tiene por qué articularse en una ansiosa búsqueda de la diferencia como algo positivo. Siempre he pensado que es más fructífero para todos resaltar aquello que nos une, porque nos proporciona más cohesión, fuerza y capacidad para abordar los problemas presentes y futuros o para un desarrollo armónico de España.

También ha sido notable el descenso de IU en trescientos mil votos. A pesar del falseamiento del resultado a que hemos aludido, esta coalición ha visto reducirse su apoyo electoral de forma ostensible. Quizá han pesado sobre ella el clima de enfrentamientos internos que han trascendido. Muchos de sus electores puede que hayan pensado que se trataba más bien de reyertas por el poder que de auténticos debates políticos respecto a su táctica y estrategia. Quizá no se ha hecho visible en la pasada legislatura cuál era su papel en la política española, apostando por algunas cuestiones que el gobierno ha desdeñado. Quizá soñó con que la presencia de algunos rostros en la recta final le garantizaran un cierto número de sufragios. ¡Qué ingenuidad perseverante la de esta izquierda desde antaño!: los rostros le dijeron simplemente adiós, porque ya estaban en otra cosa que era "su cosa", por la que siempre se movieron. Por otra parte, la rama vascuence de la formación le ha hecho un flaco servicio con los pactos establecidos con ANV, lo que le han producido desdoro y pérdida de credibilidad.

Sin embargo es evidente que IU ha sido víctima de la llamada al voto útil: "¡Votadme a mí porque si no vienen los malos!", arguyen quienes lo plantean. El miedo al otro es un medio coyuntural que logra victorias pírricas aunque no afianza los valores cívicos de la ciudadanía. Ojalá dejemos de incitar al miedo, utilizar el denuesto y la descalificación del contrario, de apelar a cualquier recurso aunque sea de un catastrofismo mendaz y grotesco, y se abra el campo a la confrontación de programas, propuestas, soluciones para la mejor gobernación de nuestro país. Entre tanto, el torbellino del voto útil ha campado a sus anchas e IU se ha visto abandonada por no pocos de sus electores, que creyeron era lo mejor para oponerse a quienes consideraban peligrosos e incluso perversos. Claro que la idea del voto útil halla su fructífero crisol en los desafueros contables de la ley electoral, a la que aludo de nuevo por ser un instrumento para el falseamiento democrático.

III

En efecto, como he señalado anteriormente, en el origen de esta notable contradicción entre la voluntad popular expresada en las urnas y el número de escaños resultantes, se encuentra la ley electoral en vigor. A ella se debe el establecimiento de la circunscripción uniprovincial, en la que al margen del número de habitantes existe un mínimo de dos diputados por provincia; igualmente instaura el uso de la denominada Ley d'Hont para efectuar el reparto de escaños. En algunos casos esta normativa conduce a que un diputado "cueste" un número reducido de votos en unos casos y  muchos miles en otros.

Para cualquier ciudadano que posea convicciones democráticas veraces, las pasadas elecciones crean notables zona de duda e incluso sonrojo respecto a la condición del sistema. La ley electoral vigente se ha convertido en una forma de alterar y desviar el voto emitido por una parte de ciudadanía. En repetidas ocasiones he formulado la necesidad de cambiarla por otra que refleje de forma más veraz el número de sufragios obtenidos por las diferentes formaciones. Curiosamente los más interesados han guardado incomprensible prudencia respecto a la necesidad y urgencia de adoptar dicha decisión. La propia IU tan sólo ha aludido a ello en la pasada legislatura, pero no ha hecho campaña con razones y argumentos para que se cambiara. Ahora parece que se ha extendido la opinión de que modificarla es algo ineludible, pero permítaseme que tenga mis dudas respecto a si llegará a hacerse. La sociedad civil debería igualmente pronunciarse porque lo que está en juego es la legitimidad democrática que aun viéndose preterida puede ser evidentemente muy legal.

¿Fue un extraño azar quien fabricó esta ley? Nada más incierto. Su elaboración fue fruto de un calculado propósito de marginar a ciertas formaciones de izquierda, el PCE en su día, y tender paulatinamente hacia el bipartidismo. En el diseño de los ordenadores del Departamento de Estado de los Estados Unidos y puede que en alguna de sus agencias, que en tan gran medida manipularon nuestra transición, imponer una ley de estas características tenía una importancia suprema.

Esta información no tiene nada de secreta. En uno de los capítulos de una serie de TVE sobre los años de formación del Príncipe Juan Carlos de Borbón, apareció un personaje, creo que era Álvarez de Miranda aunque no estoy seguro, que habló sobre los encuentros del futuro monarca con diferentes aconsejadores. En una de las reuniones celebradas a tal efecto, el Príncipe mostró su inquietud sobre las consecuencias de introducir el sufragio universal en el proceso democrático que se preveía. Uno de los asistentes cuyo nombre también lamento no recordar, apostilló: "No es un problema; eso se resuelve con la ley electoral que se haga". El visionado de aquel programa puede informar de los nombres que he olvidado.

La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, sancionó aquello en los términos que he mencionado.  Las cuestiones relativas a la atribución de escaños están recogidas en su Título II, Capítulo III, Sistema electoral, y más en concreto en los Artículos 161-163. Estos son los que deben ser modificados para que el número total de votos de cada formación se refleje de forma más justa en el número de escaños. Fue algo premeditado y diseñado para que la izquierda no tuviera espacio, a la manera estadounidense.

La ley vigente no sólo tiende a reforzar el bipartidismo sino que posibilita la existencia de mayorías absolutas con un 48% de los sufragios emitidos, lo cual las convierte en relativas de forma notoria. Por otra parte, las experiencias que ha habido en España de gobiernos de mayoría absoluta, han creado en amplios sectores del país notables reservas e incluso rechazo a que vuelva a darse en las actuales circunstancias una situación similar. Es comprensible que los partidos consideren más cómoda y tranquila una situación así, pero para muchos ciudadanos representa un mal recuerdo y para la democracia fue siempre una ciénaga en la que la razón sucumbió con frecuencia.

Es cierto también que las mayorías de este tipo son necesarias para llevar a cabo grandes transformaciones sociales, pero hasta la fecha no ha sido utilizadas en este sentido. Más bien han servido para que pasara a primer plano la prepotencia de los gobernantes, cuando no a excesos de simple chulería barriobajera; de ausencia de control real de sus iniciativas y actuaciones o a la adopción de decisiones tan inicuas como embarcar a nuestro país en una guerra abyecta y monstruosa como la de Irak. No han sido las únicas.

Las elecciones abren una nueva etapa legislativa. Como es habitual siempre, cuando esta entrega aparezca es muy posible que exista ya un nuevo gobierno. Es una de las servidumbres a nuestra periodicidad. Esperemos que todo sea para bien.

 

 

Notas

1.- Las cifras están tomadas de la web del Ministerio del Interior con un 99'99 % del voto escrutado.

 

Revista ADE-Teatro nº 120 (Abril-Junio 2008)

Leer más

Ver más recientes12