Artículos y noticias

Vocerío desmesurado

2007-11-01

 

Por Laura Zubiarrain.

No nos hemos prodigado desde estas páginas en alabanzas al Presidente del Gobierno por lo que ha hecho en el terreno de la cultura. La atonía y dislate que hemos vivido va desde el absurdo a cosas peores. Podemos disentir de algunos de sus pronunciamientos y actitudes, ¿Por qué no? Pero no se ha arrastrado ante la actual administración estadounidense, ni ha metido a España en una guerra de agresión, ni ha provocado el sentimiento de indignidad que se produjo anteriormente.

Por eso no es aceptable que en el día de la Fiesta Nacional se oyeran pitos y abucheos cuando acompañaba al Jefe del Estado junto a los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado, a depositar una corona de laurel en homenaje a los soldados muertos en misiones en el exterior, todo ello antes del inicio del desfile de las Fuerzas Armadas. Pertenezco al segmento de españoles que piensan que nuestros soldados no deberían estar mezclados en desempeños de oscura fundamentación, dígase lo que se diga y se aluda a avales internacionales. Pero en aquel momento quienes caminaban hacia el mástil con la enseña nacional eran las más altas instancias del Estado, lo cual unido a la ocasión, el momento y el lugar, lleva a pensar que los cálculos de quienes los provocan producen situaciones reprobables.

También hubo gritos pidiendo la dimisión del presidente, lo cual resulta particularmente incomprensible. ¿Dimitir, por qué? La dimisión de un presidente o de un alto cargo no es una broma ni un hecho casual y debe estar fundamentado. El que deseemos que en todas las Comunidades autónomas de España se respete por igual la Constitución por todos los ciudadanos, pongamos por ejemplo, no legitima actitudes tan desmesuradas.

El problema que trasluce este tipo de reacciones es que quienes así hacen tienen un débil sentido de la democracia y sus mecanismos. Más aún, parecen no tener ninguno y mostrar una ensoñación franquista pertinaz. Sería mejor que lo dijeran a las claras, que defendieran sus posturas y concurrieran a las elecciones; un golpe de Estado que a algunos de ellos satisfaría está crudo, imposible e impensable.

Este juego de invectivas callejeras no conduce a ningún sitio y tan sólo causa estupor en buena parte de la ciudadanía, o algo peor. Como dijimos aquí no ha mucho, Rajoy como dirigente de la segunda formación política de nuestro país en número de votos, haría bien en distanciarse con claridad de estos grupos y de sus agitadores mediáticos. Se juega en ello la credibilidad ante la ciudanía democrática, en cuanto a su ponderación constructiva y su sentido de Estado.

Lamentablemente la resaca de aquel alarde estúpido del "¡Váyase, señor Gonzalez!", parece que sigue viva en ciertos reductos del PP. Recuerdo que un cargo público de dicha formación, me dijo con aire de pesadumbre en aquel entonces: "Estábamos trabajando en un proyecto político que planteara una alternativa bien articulada al programa del PSOE, entonces llegó Pedro Arriola y se inventó el "¡Váyase...!. Estos (Aznar y su entorno), se olvidaron de inmediato de hacer política y se dedicaron a machacar con la frasecita y a opinar que todo vale". Esta persona, un hombre formado en Gran Bretaña, excelente profesional y persona, culto, ponderado y de gran civilidad, abierto al diálogo, abandonó poco después la política, no sé si el partido.

Estoy convencida de que existe un centroderecha así en el Partido Popular, abierto, ecuánime y constructivo, que suda la gota gorda con estas manisfestaciones extremistas, no sólo por su radicalismo sino por resultar inútiles o, aún peor, negativas desde el punto de vista electoral. Lo sé porque conozco a alguno de ellos y puedo mantener conversaciones sensatas y positivas sobre diferentes cuestiones. Pero es un sector con poca visibilidad, al que le escatiman la presencia y que puede ser insultado con saña por los extremistas mediáticos.

El caso es que necesitamos un Partido Popular que proponga alternativas constructivas a la gobernación, que sea creíble para el conjunto de la ciudadanía, que no dé miedo, que ejerza un control del gobierno si está en la oposición sobre cuestiones de fondo y sin descalificaciones primarias y no pocas veces procaces, o que gobierne con esmero y ponderación.

Nuestra democracia está diseñada así porque así lo han dispuesto los votos y ese sí que es un problema cierto: en tanto no se reforme la Ley electoral y formaciones como Izquierda Unida no tengan los escaños que les debieran corresponder por los votos que obtienen, mientras otros con la cuarta parte tienen el doble de diputados, seguiremos padeciendo una situación en la que menudean los chantajes. Esta sí es una cuestión de fondo a la que nadie parece que le quiera hincar el diente. Pero fiar en los abucheos y los pitidos el día de la Fiesta Nacional para hacer política, es un despropósito que en nada les ayuda a ellos y en nada refuerza los valores democráticos de la Constitución.

 

Revista ADE-Teatro nº 118 (Noviembre-Diciembre 2007)

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Ansiado relevo en el Ministerio de Cultura

2007-10-01

 

Por Juan Antonio Hormigón.

Estábamos en proceso de finalización de esta entrega de nuestra revista ADE-Teatro, cuando se produjo el relevo al frente del Ministerio de Cultura de quien había sido su titular a lo largo del último periodo de gobierno. La noticia no por esperada y fervientemente anhelada por una abrumadora mayoría de los agentes culturales de todas las especies y géneros, no dejó de ser una sorpresa y constituir al mismo tiempo un álito de plausible esperanza.

Estos tres años han sido para muchos de frustración e incluso dolor. Ciertas sensaciones son fruto de lo que se espera, en lo que se confía. Del Gobierno surgido tras las elecciones de 2004, fiamos en que cambiara la forma de ejercer su acción y propusiera algunas líneas de trabajo que iniciaran la transformación que nuestra deficiente estructura teatral necesita.  Desgraciadamente no fue así.

Cuando se produjo la designación por parte del Presidente del Gobierno de quien iba a estar al frente del Ministerio de Cultura, cuando conocimos algunos de los nombramientos que la designada para dicho menester llevó a cabo, supimos de inmediato lo que nos esperaba: nada bueno. El balance del tiempo transcurrido nos ha dado sobradamente la razón a todos aquellos que desde un principio advertimos de lo que iba a suceder. Advertimos y con absoluta lealtad lo dijimos. De nada sirvió entonces. Un muro se levantaba irreductible ante cualquier aseveración constatable que se hiciera. Esperamos que se nos den en algún momento explicaciones convincentes, que descubran el por qué se entregó tan relevante función a una persona que nunca debiera haber sido encargada de dicha tarea. No basta con resignarse a las razones que se propalan vía radio macuto. El asunto no es banal porque en ello se cifra, entre otras cosas, el respeto del gobernante hacia la ciudadanía; estamos en una democracia, creo.

Estos tres años han sido desalentadores en general y enormemente lesivos para la ADE en lo concreto. Para el teatro porque ha sido ignorado e incluso despreciado. La Ministra jamás citó al teatro o la danza en sus intervenciones. Ha habido una apatía total a la hora de proponer proyectos, cuestión que corresponde en buena medida a quien asume las responsabilidades, aunque puedan ser discutidos y complementados. Proyectos que respondan al sentido que el gobierno confiere a la cultura y al teatro en particular: es una simple mercancía, tengan el valor de decirlo, o por el contrario se trata de un bien de cultura que precisa de un comportamiento específico en su articulación, financiación y cuido, del que su segmento mercantil constituye tan sólo una pequeña franja. Así es en Europa o en Estados Unidos, sencillamente. O ha habido muy pocas ganas de trabajar -algunos de los nombramientos de la señora ministro recayeron en holgones viajeros-, o bien una ausencia total de ideas en el marco programático de un gobierno sustentado por un partido que lleva en sus siglas la titulación de socialista.

Para la ADE ha sido un tiempo plagado de sinsentidos, de desprecios, de silencios. Nosotros hemos seguido adelante con nuestra labor habitual siempre en expansión, aunque sin el menor respeto, reconocimiento y cooperación por parte de quienes tienen entre sus obligaciones hacerlo. El motivo: que hicimos un trabajo y lo propusimos a la sociedad política  para que avanzaran en la elaboración de una Ley del teatro, cuestión que entendíamos como prioritaria; que ejercimos nuestras responsabilidades como sociedad civil cultural y que quisimos ser ciudadanos y no súbditos, analíticos y no aduladores de pacotilla. El compromiso de la ADE es con el teatro y a ello nos atuvimos, estableciendo puentes y conversaciones con todo aquel que participaba de objetivos comunes.

Puede que debamos añadir que tuvimos constancia en nuestro empeño y hemos llegado a los veinticinco años de actividad continuada, que hemos creado una editorial que lleva editados más de 175 volúmenes, una revista con más de veinte años de existencia, hemos celebrado trece congresos, dieciocho seminarios internos, cursos, mesas redondas, presentaciones, acciones escénicas, etc., y establecido una red de relaciones internacionales. Y todo esto suele ser causa de poco mérito en nuestro país, más bien gusta poco a quienes vacan mucho, pontifican sobre lo que ignoran y trabajan poco o nada.

Quienes mantienen de forma solapada pero terne las prácticas propias del franquismo, muestran una notoria incapacidad para su ejercicio democrático. Es una cuestión ésta que no consiste en hablar, en decir lo que quiere oír quien tiene la potestas, sino en ejercerlo de manera adecuada en la vida social. Por eso debemos entender que el intento de convertir a la ADE por asumir sus responsabilidades, en una institución que hay que mantener lejos, con la que no hay que hablar, que debe ser ignorada y a la que se llegó incluso a eliminar de las convocatorias oficiales del Ministerio de Cultura, denota una actitud franquista de quien lo decretó y de sus esbirros. Lo grave ha sido que todo se ha hecho con absoluta impunidad, sin que nos quedara otro recurso que denunciarlo. Una democracia no debe funcionar así. El Presidente del Gobierno lo dijo con claridad en una importante comparecencia en el Congreso de los Diputados: "La democracia supone un sistema de controles encadenado"; sólo que eso no sólo hay que decirlo sino hacerlo.

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En este contexto desolado, el nombramiento de César Antonio Molina como Ministro de Cultura ha sido una buena noticia. En primer lugar porque es una persona con mentalidad convencida del valor de la cultura desde lo público y con vocación pública. En segundo, por su experiencia de gestión al frente de Instituciones como el Círculo de Bellas Artes de Madrid o el Instituto Cervantes, desde los que ha dado muestras de sus capacidades. Por último, por su deseo de fomentar el diálogo para la adopcción de pautas de acción y no encastillarse en discursos hueros e inanes.

Todo ello debe jugar a favor de su gestión aunque sea escaso el tiempo que le resta en la presente legislatura. No obstante en su comparecencia en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados del pasado 29 de agosto, esbozó algunas de las pautas que pensaba  desarrollar en el ámbito de la cinematografía, la conservación del patrimonio arqueológico, la conservación y restauración fílmica, la ley de propiedad intelectual, los archivos y bibliotecas, etc.  Lamentablemente no disponemos del texto de su intervención y debemos conformarnos con las informaciones de prensa  para valorar sus propuestas. A través de las mismas podemos deducir que existe la voluntad clara por parte del Ministro de que las entidades más relevantes del mundo cultural adopten responsabilidades respecto a  la gestión de las instituciones públicas.

Por lo que respecta al ámbito de las artes escénicas, las propuestas más relevantes son que culmine la trasformación del INAEM en agencia estatal de las Artes Escénicas y Musicales, introduciendo notables y positivos cambios del proyecto inicial; así como la creación del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y Musicales, con diferentes mesas sectoriales dedicadas al teatro, la música, la danza y el circo. Si este Consejo se configura como un espacio de encuentro entre los responsables gubernamentales y la sociedad civil cultural, y se le atribuyen además responsabilidades específicas, quizás se pueda avanzar en la adopción de acuerdos y responsabilidades compartidas. 

Por nuestra parte podemos decir que ha tenido ya la buena educación de responder a las dos cartas que le he remitido en nombre de la ADE, cosa infrecuente hasta la fecha en los altos cargos de dicho ministerio. Todavía aguardo respuesta a una que envié hace más de cuatro meses al Director General del Libro, sopesada y nada baladí por cierto, por asunto relativo a las ayudas a la publicación de libros. Eso sí, esta misma Dirección General en su programa de adquisición de suscripciones a revistas culturales, resolvió que ADE-Teatro fuera la única que no crecía en este ejercicio, entre todas aquellas situadas por debajo de las 850.

El Ministro sí respondió e hizo algo más: ordenó que se investigara quién era responsable de que no hubiésemos sido invitados a su toma de posesión, claro que todos sabemos quién fue y no es asunto prolijo de establecer.

Otro acto altamente relevante y positivo ha sido la inmediata destitución del director general del INAEM, el señor Campos Borrego, que fue sustituido por Juan Carlos Marset. Las funciones de éste como delegado de cultura del Ayuntamiento de Sevilla, le hacían ser persona notablemente estimada en la capital hispalense. Varios colegas de la ADE que lo conocían bien y habían mantenido una excelente colaboración con él en cuanto a las funciones que detentaba, me ofrecieron de inmediato excelentes valoraciones de su trabajo y su persona. Sin embargo se quiso dar en un principio en algún medio de comunicación, una imagen equívoca respecto a su formación y competencia. ¿Qué asuntos podían rodear algunas cuestiones de dicho departamento, para que se vertieran sobre él informaciones carentes de fundamento? Quizá si siguiéramos ese particular hilo de Ariadna, llegaríamos a conocer lo que se ha estado cociendo realmente en estos tres años.

He mantenido dos conversaciones hasta la fecha con Marset a petición suya. A los pocos días de su toma de posesión me convocó para que hablásemos, cosa a la que accedí de inmediato. No es poca cosa teniendo en cuenta que en los últimos tres años, tan sólo tuve una con el director general saliente y nada de lo que allí se me dijo -asuntos relativos a la ADE, de los generales no había nada que decir porque únicamente se pretendía que no se hiciera nada, a lo más alguna transformación administrativa que reforzara su poder- se llevó a cabo.

No es pertinente hablar ahora de su contenido aunque sí puedo adelantar que no sólo hizo un reconocimiento de todas las realizaciones de la ADE sino que dijo que era sabedor de lo que había sucedido respecto a nuestra entidad. Me transmitió también algunas de las líneas maestras de lo que pensaba hacer, de su voluntad de impulsar cambios profundos en las estructuras de las artes escénicas en España y de una relación fluida con nuestra Asociación.

La Junta Directiva de la ADE en su reunión de fines de julio, tomó la decisión de dar un voto de confianza tanto al ministro como al nuevo director general del INAEM, con la esperanza de que en lo que resta de legislatura se puedan sentar las bases que permitan que en la próxima se lleven a cabo los proyectos pendientes. Nosotros nos hemos pronunciado por nuestro deseo de cooperar en aquellas cuestiones que respondan al bien general: esos son nuestros objetivos. En ello mostraremos la misma lealtad de siempre, sólo que Juan Carlos Marset sabe muy bien que lealtad no es silencio ni sumisión, y consenso tampoco es unanimidad sino acuerdo sobre coincidencias.

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Fieles al espíritu que ha guiado nuestra acción y en continuidad con lo que han sido nuestros planteamientos en los dos últimos años, la ADE seguirá trabajando en la misma senda para lograr una convergencia teatral con Europa que no sea simple maquillaje, sino que nos aproxime en el plano estructural y organizativo a los modelos existentes en los países del continente a cuya comunidad política pertenecemos. Con este propósito seguiremos trabajando por la aprobación en el Congreso de los Diputados de una Ley del Teatro que entendemos constituye un paso ineludible para alcanzarla. Así mismo pondremos nuestro máximo empeño para que se instaure un pacto por la cultura entre todos los grupos políticos del parlamento, a fin de que se garantice la continuidad de los programas en el terreno cultural, manteniéndolos al margen de revanchismos  o coyunturas propias de la acción política. Igualmente de la utilización de la cultura y el teatro para fines distintos a lo que es su valor intrínseco y la libere de los incompetentes que la asuelan, de los individuos y grupos que se apropian de la acción pública cultural para sus propios fines convirtiéndola en sus territorios particulares, que se instauren mecanismos de control social y asunción de responsabilidades a partir de programas precisos y compromisos expresos por parte de quienes estén al frente de las diversas instituciones, etc.

Para todo ello, lo hemos dicho en muchas ocasiones, es preciso que exista una noción expresa de lo que es y significa la cultura y las artes escénicas en su conjunto, teatro, danza y ópera, por parte de los gobiernos y, en consecuencia, de los partidos que los sustentan. Ello supone la elaboración de programas y estudios que fundamenten la acción política y que no se deje al puro capricho del responsable lo que se quiera o no se quiera hacer.

Hemos perdido muchos años de democracia en esta espera, manteniendo la rutina de unos modos de acción en el teatro obsoletos y propios del siglo XIX. Los tres últimos han sido particularmente acervos en este sentido. La Ministra de Cultura destituida, por ejemplo, hizo caso omiso del programa cultural que había elaborado el PSOE para presentarse a la convocatoria electoral. No era gran cosa, pero cuando menos era algo: esta señora en cuestión tan sólo aportaba el humo de sus pesadillas. Por ello instamos a los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, así como a Izquierda Unida, tercera formación política en número de votos, a que incluyan en sus programas electorales su compromiso para la aprobación de una Ley del Teatro en la próxima legislatura.

Nuestro deseo de que estos planteamientos se lleven a cabo, no se quedará en el mero enunciado de las propuestas. La próxima entrega de nuestra revista ADE-Teatro incluirá un bloque monográfico dedicado a la "Política cultural y política teatral". En el mismo aportaremos estudios sobre la cuestión pero también una relación de las medidas de gobierno que consideramos un punto de partida imprescindible.

Confiamos en que la etapa que se inicia, aunque corta, pueda traernos luces al territorio de sombras que hemos padecido.

 

Revista ADE-Teatro nº 117 (Octubre 2007)

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La idea de teatro y el camino del guerrero

2007-10-01

 

Por Manuel F. Vieites.

Los cambios que se han producido en el Gobierno del Estado, y en el Ministerio de Cultura y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, están marcando el inicio del nuevo curso político, caracterizado por la brevedad. En estos momentos los responsables actuales del Ministerio, y de sus departamentos, están intentando paliar el desastre anunciado, ¡y finalmente consumado!, pero el tiempo disponible, más allá de la emisión de gestos o de la búsqueda de complicidades, es escaso; la campaña electoral acaba de comenzar. En pocos meses (tal vez días) seremos convocados a un proceso electoral para configurar un nuevo Parlamento que, en su día, habrá de designar un nuevo gobierno.

Pero antes de que llegue el día de la votación, los partidos políticos debieran, en buena lógica, trasladar a la ciudadanía sus programas de gobierno al objeto de que cada quien, más allá de sus filias y fobias, pueda obrar en consecuencia con sus expectativas, deseos o intereses [¡y con su voto!, ese preciado objeto de deseo en épocas de caza de sinecuras]. A pesar del escaso valor que se le concede a los programas electorales (y mucha culpa la tiene una clase política poco dada a difundirlos, comentarlos, debatirlos, implementarlos y finalmente evaluarlos), nosotros no dejaremos de señalar líneas de actuación que consideramos prioritarias en una acción de gobierno orientada al pleno desarrollo de lo que venimos denominando campo o sistema teatral. Lo haremos en nuestro próximo número, en un monográfico dedicado a las políticas culturales y teatrales en el que también señalaremos un conjunto de medidas urgentes para la activación de ese proceso de arreglo y amejoramiento de los teatros en España.            

Alguien se podría preguntar cómo es posible que desde una revista, determinadas personas propongan un programa de acción de gobierno en un campo específico, cuando es muy probable que entre sus lectores y lectoras existan las más diversas tendencias y opciones, y no sólo de carácter profesional o artístico. La clave está en obrar con rigor, responsabilidad y lealtad, y en esa dirección nuestras lealtades están y estarán con la cosa que denominamos teatro, y las medidas que se propondrán no tienen otra finalidad que lograr la plena regularización del sistema teatral, con todos sus elementos, estructuras y funciones. Un teatro para todas y para todos, con todas y con todos.

José Ortega y Gasset fue uno de los primeros en proponer preguntas substantivas en torno a esa cosa que denominamos teatro y en su conocido estudio, Idea del teatro, ya planteaba la necesidad de entender el campo desde una lógica compleja, porque el teatro es, en efecto, un campo de creación, comunicación, recepción, formación o reflexión con una notable espesura de densas capas, y muy heterogéneo en sus manifestaciones. Por eso, cuando decidimos proponer una idea de teatro, nos situamos al abrigo de dos paradigmas de estudio de lo real que nos permiten dar cuenta de esa realidad con una cierta objetividad: el pensamiento complejo y la teoría general de sistemas. Se trata de evitar dos peligros evidentes: la subjetividad del que observa y describe, y la parcialidad del que siempre tiene intereses (legítimos o espurios). Porque, como relatores de relatos sobre la realidad, debemos evitar el riesgo de concebirlos y desarrollarlos en función de nuestras propias expectativas o de nuestros intereses particulares. Esto no siempre es posible, por lo que la perspectiva adoptada debe ayudarnos a superar la subjetividad siempre presente en todo relato personal.

Como antes decíamos, un programa de acción de gobierno en el campo de lo teatral debe estar orientado al pleno desarrollo de ese campo en todos y cada uno de sus ámbitos. Y por eso, en su día, la ADE, con la cooperación generosa de AISGE, presentó unas bases para un proyecto de Ley de teatro. Las razones eran obvias y no tiene sentido insistir en lo publicado o en lo trasladado a las instancias oportunas. Tan sólo cabe señalar que en nuestra apuesta por una Ley se formula un deseo de regular y reglamentar, para que nada quede al arbitrio de nada ni de nadie, para que las cosas no se hagan porque sí o porque alguien así lo decide, y para que se hagan muchas más cosas pero no de cualquier forma ni a cualquier precio. Una Ley tiene la virtud de regular, de fijar, incluso de limpiar (¡que buena falta hace!). Una Ley evita que se cometan atropellos permanentes contra la ciudadanía, como los sueldos de alcaldes y alcaldesas, o de presidentes de diputación, que alcanzan cifras de verdadero escándalo (y así ocurre en Barcelona, Lérida, Vizcaya, Palencia, Tarragona, Gerona…). Con tal motivo, y otros que se callan, todas esas personas, con sus partidos (de todos los colores, lenguas, banderas, himnos e identidades), reniegan de cualquier posibilidad de regular esos sueldos, porque al marcar límites desaparece el beneficio y, como muestran sus dichos y actos, están a lo que están.

Esas mismas personas, con sus partidos, reniegan de cualquier posibilidad de regular porque lo regulado por Ley se convierte en derecho, o en deber, y pierde la categoría de prebenda. Por eso, muchas de las razones que se esgrimen para no dar curso a una propuesta de Ley de teatro son excusas, sobre todo aquellas que se escudan en la estructura autonómica, en la práctica federal, del Estado y en que las competencias estás transferidas. No se entienden, porque no se explicitan ni justifican, las objeciones de quienes ven en nuestra propuesta un atentado contra el traspaso de competencias, porque legislar sobre las funciones que deben cumplir los edificios teatrales de titularidad pública no conoce lenguas ni identidades, pero sí conoce ideologías, y en el terreno de las ideologías es curioso constatar como unos y otros apuestan por el mismo modelo, el de las industrias culturales (en la más pura ortodoxia neoliberal). Lo cual nos deja perplejos porque el teatro, como mostraban William J. Baumol y William G. Bowen, en una aplicación aséptica del método científico, no se puede definir, por sus características, como industria cultural.

Una Ley no ataca las competencias sino que las refuerza, porque confiere al político o al gestor responsable, al buen gobernante en suma, mucha mayor capacidad de actuación y de intervención en su territorio, porque le invita a ponerla en marcha y a cumplirla. Pensemos, por ejemplo, en esa idea de que los teatros, como sucede en Europa, se conviertan en centros de producción y en plataformas para una nueva forma de difusión. Eso implica dotar de nueva vida a un importante número de teatros en los puntos más insospechados de la geografía peninsular. Implica generar nuevas dinámicas de relación entre los creadores y los públicos en cada espacio concreto, crear un importante número de puestos de trabajo (no sólo para los creadores, sino también para los técnicos del espectáculo, los animadores culturales…), y favorecer la constitución de pequeñas y medianas empresas a nivel local. Y todo ello impulsando una verdadera descentralización, promoviendo políticas de proximidad, fomentando una necesaria colaboración institucional (ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas…), o combatiendo líneas de actuación que aspiran a monopolizar la creación y la difusión de productos culturales.

Precisamente, una de las cuestiones que más preocupó y ocupó a los redactores de la propuesta en la ADE y en AISGE fue la no intromisión en las competencias de las comunidades autónomas, y la consideración de la misma como un proyecto común, en el que debieran participar el gobierno central, las comunidades autónomas y la administración local. Por eso, desde estas páginas se insiste tanto en la necesidad de un Pacto por el Teatro y de un Pacto por la Cultura.

En esa misma línea, en el Preámbulo de nuestro proyecto se insistía en la necesidad de reformular todo el campo de las enseñanzas artísticas, en particular las superiores, pues viene al caso decir que en estos momentos, con la LOE en la mano, el Gobierno de España incumple, de forma palmaria, lo que se establece en las normativas que desarrollan el Espacio Europeo de Educación Superior. Y eso afecta por igual a los catalanes y catalanas, a los vascos y vascas…, o a los hombres y mujeres que habitan el núcleo de población denominado Vigo de Lorbé.

Poco diremos del Plan de Teatro, el documento durmiente que se rescató a última hora desde el INAEM. Pero afirmamos que, más allá de sus aciertos y desaciertos (que de todo hay), el Plan General del Teatro sí es un documento del Partido Popular, pues se trata de una propuesta desarrollada por un gobierno de José María Aznar y colaboradores; cooperantes entre los que están quienes desempeñaron responsabilidades en el Ministerio y en el INAEM y quienes colaboraron activamente en comisiones y grupos de trabajo (incluso con un trabajo previo de la FAES de por medio). A todos ellos debemos sumar los cooperantes que provenían de otras administraciones y asociaciones. Un documento que, en efecto, bebe en las fuentes de aquel estudio firmado por Eduardo Galán y Juan Carlos Pérez de la Fuente, con prólogo de José María Aznar y editado por la fundación "neocon" española. Presentar ahora el Plan como la gran novedad, o como la mágica propuesta programática del Partido Socialista, no deja de ser un despropósito, si bien tampoco nos extrañamos ante tamaña barbaridad (o insensatez) si pensamos que en los últimos tres años de gobierno del Partido Socialista el INAEM estuvo en manos de fuerzas sumamente conservadoras. Y por eso, precisamente, parece que se recupera el Plan, a última hora. Claro que también cabría pensar que los abonados al “global entryism” optasen por una recuperación acelerada del Plan para, de forma premeditada, invalidar otras opciones, sobre todo cuando el INAEM manifestó en su día muy poco interés por el Plan General.            

Los libros que Carlos Castaneda escribió a lo largo de una década suponen, en buena medida, una descripción novelada de viejos ritos de iniciación de los indios chiricahua, tarahumara o yaqui, que comparten la importancia del viaje iniciático al interior de uno mismo para tomar conciencia del yo y del camino que habrá de emprender ese yo revelado, intuido o desvelado. En todos esos textos se recogen aforismos, proverbios y máximas de lo que podríamos denominar pensamiento mágico o místico y que comparten un buen número de religiones, sean monoteístas, no teístas o panteístas. También se recogen ideas de prácticas diversas que, de una forma u otra, se vinculan con esas creencias religiosas, desde las artes marciales a la meditación, sin olvidar, por supuesto, todo lo que se escribe en torno al arte de la guerra, el bushido o monasterios célebres. Y en todos ellos se destaca la idea del “guerrero” como la persona que sabe atemperar y armonizar sus impulsos, que asume valores como la cortesía, el honor, la rectitud, la nobleza, la justicia o el deber.

Esa suma de conceptos y proverbios, tomados en su mayoría de filosofías muy heterogéneas, constituye la esencia de un volumen escrito como glosa a todo lo que, en apariencia, Don Juan habría transmitido a su discípulo Carlos en el desierto de Sonora. El libro, de Bernard Dubant y Michel Marguerie, se titula precisamente El camino del guerrero, y contiene capítulos que analizan ideas como “historia personal”, “importancia”, “responsabilidad”, “impecabilidad”, “poder”, “camino con corazón”, “reto” o “voluntad”; todas remiten a cualidades, valores o conductas que muestran un modo de ser y estar en el mundo. Cualidades, valores o conductas que, más allá de la retórica redentora o psicotrópica, tienen cada día más trascendencia en un mundo dominado por la estulticia y abocado a la barbarie, y que pueden tener además una cierta relevancia en nuestra actividad diaria.

Como en todo, ideas tan valiosas provocan usos y abusos. Hay personas dispuestas a recitar las ideas contenidas en volúmenes como El arte de la guerra o El libro de los cinco anillos sin asumir que el “camino del guerrero”, en última instancia, debiera conducir a la paz interior, pues nada tiene que ver con la trayectoria de gentes que buscan desarrollar su historia personal (“trepar”) o afianzar su propia importancia (“mandar”), con estrategias personales o corporativas que buscan el beneficio personal (“complemento de destino de por vida”) o la derrota del otro (“lo divergente”). El tener frente al ser, que diría, todavía hoy, Erich Fromm (Escuela de Frankfurt).

En esa dirección, creo que en nuestras propuestas hemos intentado ser “impecables”, porque hemos renunciado a nuestras historias e intereses personales para alentar una idea de teatro que permita que este arte milenario siga ocupando el centro de la vida de la comunidad, para que este arte milenario siga potenciando la vida de la comunidad y en comunidad. Una idea de teatro abierta, plural e incluyente, para que todas y todos nos veamos reconocidos en ella. Y seguiremos haciendo la senda que hemos elegido; sin obsesiones, sin angustias, elaborando sueños con el necesario desapego, y siempre con el corazón…, cual guerreros.

Y en eso estamos, esperando que el buen gobierno tome la senda del TEATRO.

 

Revista ADE-Teatro nº 117 (Octubre 2007)

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La España amoral

2007-07-01

 

 

Por Antonio Urzainqui.

Hace unas semanas el profesor Vidal Beneyto afirmó en una entrevista televisiva que España se había convertido en el país más amoral de Europa. Aducía que personas encausadas con abundantes pruebas en casos de corrupción urbanística, habían sido reelegidas en las recientes elecciones municipales y autonómicas. Recordó el caso del Presidente de la diputación de Castellón que dijo tras su triunfo que los electores lo habían absuelto, pero añadió que habían sido treinta y siete los electos en situación similar en toda España.

Aunque coincido con el diagnóstico de Vidal Beneyto, a mi entender existen razones más de fondo que explican la amoralidad existente de forma más palmaria. Desde poco después de iniciarse la transición, nuestro país con todas sus autonomías, ha visto paulatinamente erigirse el dinero como valor supremo que todo lo justifica, sustituyendo a otros que siempre fueron valorados como cívicos y propios de la dimensión y desarrollo humanos: el trabajo bien hecho, la honradez, el esfuerzo, la adquisición de conocimientos, la competencia profesional en cualquier terreno, el saber, etc. Me refiero claro está al dinero que no procede del trabajo productivo, adquirido con honradez, esfuerzo e inteligencia, sino de todos los supuestos adscritos a la delincuencia en sus diferentes formas o a la pérdida de la dignidad de la persona.

En este dislate que hemos vivido y seguimos padeciendo, han intervenido representantes tanto de la derecha como de la izquierda política, a la par que determinados medios de comunicación y una bobería generalizada de una parte de la ciudadanía dispuesta a aceptar este estado de cosas como natural. Dispuesta incluso a comprender favorablemente a quien «tiene el valor» y la desvergüenza de practicar el fraude, el cohecho, la prevaricación, el expolio, la chapuza, la incompetencia a todos los niveles, etc., a la caza del dinero.

Nos sorprendería saber el número de españoles que en su fuero interno lamentan no tener la truculenta capacidad de ser como cualquiera de los encusados en las operaciones, urbanísticas casi siempre, es un decir, que convierten a un sujeto de cualquier profesión en un potentado delirante que se forja un patrimonio descomunal fruto de sus ilegales manejos. Les da igual que se edifique en zonas verdes o declaradas de interés público, que se destruyan áreas forestales protegidas, que se asfalten montes entre adosados, que se destrocen entornos costeros, todo vale porque es una forma de acumular dinero y en definitiva de poseer y alcanzar poder.

El dinero como valor supremo y único que es para muchos, está detrás de esa amoralidad perceptible en la vida española. Por dinero se puede autojustificar cualquier comportamiento por muy infamante o indigno que sea. Ciertas televisiones han propalado conductas de este tipo presentando como algo atractivo a seres que no dudan en aceptar insultos, que se hurgue en su intimidad, que se les trate de forma vejatoria a cambio de dinero. Los hay que cobran mucho y otros relativamente poco, pero todos tienen su representante porque en la medida que se les reclama para esos menesteres son mercancía que se puede alquilar... o vender. En otros casos han hecho de estos individuos figuras mediáticas a partir justamente de ser emblemas de la amoralidad.

Lo perverso de esta situación es la conducta amoral asumida. Las consecuencias más inmediatas, el deterioro de los patrones del esfuerzo y el trabajo como generadores de bienestar. Eran las piedras angulares propuestas por Adam Smith para acrecentar la riqueza de las naciones, pero los monstruos implícitos en su exégesis que no pudo prever han alcanzado proporciones delirantes. Los jóvenes que transitan de la adolescencia a la edad adulta o los que ya están en ella sin ningún objetivo en la vida, resultan los más afectados. ¿Por qué va un joven a dedicarse al estudio, a la formación, a una tarea de paulatina acumulación de saberes y experiencias que lo pueden convertir en un ser útil para sí mismo y la comunidad a la que pertenece, aunque a veces no lo sepa, si mediante una de estas representaciones aparentemente reales puede alcanzar el dinero y esa popularidad tan deleznable que la televisión confiere? Programas pautados y en ocasiones ensayados para que todo parezca veraz, melodramático y muy sensiblero, con mucho abrazo y mucha mandanga. Ardientes participaciones de mucha gente apoyando el triunfo de una mocita o un mocito, su paisano, del que nada saben pero al que los guionistas les han hecho creer que es de los suyos, que es uno de ellos. Todo en definitiva muy gringo, muy falso, muy mendaz y notoriamente amoral. Porque el candidato cuenta en la medida que vende, no por el valor intrínseco de lo que hace.

Otro síntoma de la amoralidad latente reside en la pérdida de las proporciones. Las cosas interesan en la medida que se ocupa un puesto o un cargo, lo cual otorga poder y el poder es lo que cuenta, no para transformar y construir sino en beneficio propio o para repartir dádivas clientelares. No importa cuáles sean los conocimientos ni capacidades, la experiencia que se posea o cualquier otra cuestión inherente de forma sustantiva al cargo, lo que importa es tenerlo. Desde la Ilustración se vienen formulando críticas y sarcasmos sobre actitudes similares, sin gran éxito por otra parte.

Recuerdo la desazón y la ira de Adolfo Marsillach cuando en un debate televisivo en la segunda cadena, fue increpado por un mozalbete que le dijo que a ver cuándo dejaban las poltronas los mayores para que las ocuparan ellos. Se refería de los ministros hacia abajo. En ningún momento se planteó si se precisaban conocimientos específicos para ocupar un cargo público, lo importante era sentarse en la poltrona y ya se verían. Claro que lo de ser ministro se ha puesto en ocasiones tan barato y es tanta la incompetencia de alguno que así se abona ese dislate.

El profesor Vidal Beneyto tenía razón al afirmar con no poco susto que España se había convertido en el país más amoral de Europa. Creo que poseemos demasiados indicios para estar de acuerdo con el diagnóstico. Quizás le faltó remachar, insisto, que quienes votan a un candidato encausado en un proceso de corrupción, fraude, prevaricación, etc., muchas veces saqueando a los propios ciudadanos, son tan amorales como él. Porque en su fuero interno lo heroifican, lo aclaman como modelo y sueñan con poder hacer lo mismo. Pero más grave aún es pensar hacia donde vamos y ésta es una cuestión que debía preocuparnos a todos.

          

Revista ADE-Teatro nº 116 (Julio-Septiembre 2007)

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Las grandes falacias

2007-07-01

 

 

Por Laura Zubiarrain.

Durante siglos la Iglesia católica impuso su pensamiento como único, era la poseedora de la verdad, de los principios morales y convertía las transgresiones a sus normas en delitos que podían acabar con la ejecución del díscolo por medios varios, el más violento, la hoguera, y después el estrangulamiento, manteniendo la primera sólo para los que no confesaban. El hereje fue para ella el mayor delincuente social, y era ella quien establecÍa la condición de tal. No son historias tan antiguas, el último Auto de fe se celebró en España en el siglo XVIII, pero la Inquisición persiguió y encarceló en algunos casos a Pablo de Olavide, Tomás de Iriarte y su hermano Bernardo, Cabarrús, a Moratín, a Goya, a Marchena y tantos otros del periodo ilustrado. Su último crimen fue el asesinato del maestro de escuela Cayetano Ripoll, que se había declarado deísta naturalista.

Durante siglos la Iglesia católica impuso de forma absoluta e incotrovertible su noción del mundo, del sentido de la existencia, de la moral pública y privada, del ejercicio de la justicia. Sembró el miedo en las conciencias, las forjó a la medida de sus intereses y persiguió y aplastó a quienes se resistieron. Prohibió las actitudes críticas, creó un férreo sistema censor que determinaba lo que se podía leer, lo que se podía ver, lo que se podía escuchar, lo que se podía pensar. La Inquisición fue creada por la Iglesia en connivencia con el poder políticO, quizás haya que recordarlo ahora una vez a quienes pretenden una práctica inquisitorial y se la atribuyen a los otros.

Hubo Inquisiciones en muchos países de Europa pero en España permaneció más que en ningún otro, hasta bien entrado el siglo XIX. Paulatinamente dejó de ocuparse de supuestos delitos dontra la fe e incluso la moral, para reprimir motivos ideológicos y políticos. La tentación por proseguir con los métodos inquisitoriales es todavía palpable en algunos sectores de la vida social. Se puede encausar mediante la delación anónima, el acusador y el juez son la misma persona, el acusado desconoce los cargos que se le imputan, se busca la confesión mediante la tortura, etc. Esta institución abyecta y maligna impregnó posteriormente formas de actuación contra todo aquello que pudiera perturbar su poder, alcanzando durante el franquismo cotas inusitadas de perversidad.

Con estos antecedentes enunciados de forma sintética, causa vergüenza ajena oír al portavoz de la Conferencia Episcopal Española atacando a la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía, acusándola de pretender controlar las conciencias y llamando a sus incondicionales a la rebelión para impedir que se implante, utilizando todos los recursos a su alcance -legales, eso sí- para combatirla. Es verdaderamente sorprendente la desmemoria de que hacen gala estos caballeros, desmemoria y cinismo claro está.

En la grave situación de carencia de valores positivos que asuela a muchos de los adolescentes y jóvenes españoles, es incluso débil esta acción para que adquieran unos conocimientos básicos de lo que es democracia y convivencia, del sentido y límites de la libertad que llega a donde es agresión al otro -habituados históricamente a la intolerancia y la agresión, ellos no suelen practicarlos ni aceptarlos-. También es lógico que se familiaricen con los contenidos de nuestra Constitución, para que conozcan sus derechos y deberes y puedan saber de sus obligaciones cívicas pero igualmente defenderse de los atropellos. En definitiva lograr que nuestros jóvenes adquieran la formación necesaria para ser ciudadanos responsables con todo lo que ello implica, sería toda una conquista para la sociedad española.

En la casi totalidad de países de Europa existen asignaturas similares, incluidas en el currículo académico. Los horarios son ligeramente distintos entre unos y otros, pero aparece en los planes de estudio de Austria, Dinamarca, Bélgica, Francia, Irlanda del Norte, Grecia, Bulgaria, Portugal, Malta, Chipre, Suecia, República Checa, Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Gran Bretaña, Hungría, Países Bajos, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Gales, Liechtenstein e Islandia. ¿Por qué la Conferencia Episcopal Española y sus voceros mediáticos, tan grandilocuentes y disparatados hasta lo grotesco, pretenden presentar como algo coactivo lo que viene a ser todo lo contrario? Quizás porque carecen de respeto hacia el otro, hacia el que no es como ellos. En segundo lugar porque tras el subterfugio de la conciencia emerge la cerviz reaccionaria de antaño y su defensa de la enseñanza como negocio, al que han sido muy aficionados y a cuya conservación se agarran con uñas y dientes. ¿Cómo es posible que piensen que la ciudadanía es necia y va a dejarse arrastrar por estas añagazas vociferantes o de blandura eunucoide según los casos?

Lo que precisamos con urgencia es la separación entre el poder político y las entidades religiosas, que se viene reclamando desde la Ilustración. Por eso el Estado debe ser láico y aconfesional para que todos quepan: los creyentes, sea cual sea su confesión propia, y los agnósticos, indiferentes o ateos, porque todos son ciudadanos e iguales en derechos y deberes ante la Ley. Pero además para que los asuntos públicos y generales para la ciudadanía no se confundan por más tiempo con la esfera privada que es la que corresponde a las prácticas religiosas. Si España siguiera bajo la férula de que disfrutaron ellos durante siglos, yo no hubiera podido escribir esto. ¡Basta ya de falacias!

 

Revista ADE-Teatro nº 116 (Julio-Septiembre 2007)

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Ley del Teatro: Iniciativa parlamentaria del Partido Popular

2007-04-01

 

Por Juan Antonio Hormigón.

Como es bien sabido, la Asociación de Directores de Escena de España asumió en su último Congreso celebrado en el Pazo de Mariñán (La Coruña) el pasado mes de octubre, las Bases para un Proyecto de Ley del Teatro. El día 30 de ese mismo mes, dicho documento fue presentado en el Teatro María Guerrero de Madrid a la comunidad teatral, a las formaciones políticas y a los medios de comunicación. Previamente lo había hecho personalmente en extensas conversaciones, tanto al portavoz de cultura del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Antón Louro, como del Grupo Parlamentario Popular, Beatriz Rodríguez-Salmones.

Recibimos entonces diferentes adhesiones bien a título individual como institucional. Escuelas de Arte Dramático, Sindicatos de Actores y Actrices, plataformas culturales diversas, manifestaron su apoyo al contenido de la estructura temática y articulado de nuestra propuesta.

Posteriormente realizamos una difusión amplia y selectiva a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados; Ministra y altos cargos del Ministerio de Cultura; Comunidades Autónomas; concejalías de cultura de numerosas ciudades; Asociaciones de Autores, Actores, Bailarines y Productores; centros de formación, teatros públicos y privados de toda España, Secretarías de Cultura de los partidos políticos, etc. Así mismo se distribuyeron a título individual entre la ciudadanía interesada en la cuestión.

Habida cuenta del absoluto silencio existente, el 31 de enero remitimos al Presidente del Gobierno, Sr. Rodríguez Zapatero, toda la documentación relativa a las Bases, El envío se hizo por mensajería y conservamos el recibo de su recepción en el Palacio de la Moncloa, acompañado de una carta cuyo contenido reproduzco:

 

Sr. D. José Luis Rodríguez Zapatero. Presidente del Gobierno

Palacio de la Moncloa. 28071 MADRID

 

Madrid, 31 de enero de 2007

 

Señor Presidente:

 

En los primeros meses de 2006, una comisión de nuestra Asociación de Directores de Escena de España (ADE) elaboró las Bases para un Proyecto de Ley del Teatro. En dicha tarea contamos con la inestimable colaboración de Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión (AISGE). En el marco de nuestro XIII Congreso, celebrado en Galicia el pasado mes de octubre, procedimos a su proclamación y le hicimos entrega de un ejemplar de las mismas al Presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño.

El día 30 de octubre hicimos la presentación pública de dicho documento en el Teatro María Guerrero de Madrid, contando con la presencia de AISGE, la Unión de Actores de Madrid, la Federación de Artistas del Estado Español y la Presidente de la SGAE. A partir de entonces iniciamos una amplia campaña de difusión entre los miembros, organizaciones y entidades de la comunidad teatral, secretarías de cultura de las formaciones políticas parlamentarias, consejerías de cultura autonómicas, administraciones locales de grandes municipios, embajadas, entidades culturales españolas e hispanoamericanas, etc. Por otra parte, yo personalmente entregué un ejemplar a los portavoces de cultura de los grupos mayoritarios en el parlamento, PSOE y PP.

Las Bases para un Proyecto de Ley del Teatro han sido en general muy bien acogidas y nos han llegado múltiples adhesiones de otras entidades culturales, sindicales, de gestión y a título individual. No en vano es la primera vez que se propone desde la sociedad civil un documento de estas características en la historia de España. Pero no es la primera vez que una ley propuesta por la sociedad civil es aprobada en el parlamento, como ha sucedido con la de violencia de género.

Como sus muchas ocupaciones en la gobernación de España quizás no le hayan permitido tener puntuales noticias de estos hechos, me permito remitirle en nombre de la ADE y AISGE un ejemplar de dichas Bases, así como del número 113 de nuestra revista ADE-Teatro, que las recoge igualmente acompañadas de otros documentos relativos a la cuestión. Con todo ello pretendemos que sea usted conocedor de lo que hemos elaborado, que no tiene otra finalidad que servir de punto de partida para que se elabore un Proyecto de Ley que pueda ser presentado al parlamento, debatido y aprobado en el mismo. Quiero hacerle constar además que, dado que usted ha anunciado la puesta en marcha de sendas leyes del cine, del libro y de la música, olvidando quizás por azar el teatro, la comunidad teatral vería con sorpresa que una vez más nuestra actividad fuese preterida, dejada de lado o se saliera del paso con un acuerdo de rango muy inferior.

Son muchas, indudablemente, las cuestiones que podríamos abordar en relación a cómo se ha desarrollado el segmento cultural a lo largo de esta legislatura. Tiempo habrá de todo ello. En cualquier caso, le manifiesto mi mejor disposición para poder exponerle a usted directamente tanto el contenido como los objetivos de estas Bases para un Proyecto de Ley del Teatro, solo o formando una pequeña delegación con representantes igualmente de AISGE, en la que intercambiemos opiniones al respecto.

               Un cordial saludo

 

Juan Antonio Hormigón

Secretario General Asociación de Directores de Escena de España

 

La carta no ha tenido respuesta a día de hoy ni tan siquiera un protocolario acuse de recibo.

En el número 16 de la revista El Espectáculo Teatral del mes de marzo, su editor, Jesús Rodríguez Lenin decía en su editorial "Necesitamos leyes":

 

"Desconozco qué mecanismos hacen que un asunto determinado se convierta en prioridad política para los poderes Ejecutivo y/o Legislativo. Pero lo cierto es que cuando un gobierno quiere sacar adelante un proyecto de ley toda la maquinaria institucional se vuelca en pos de ese objetivo."

 

Al parecer la ansiedad por conseguir la aprobación de la Ley del Cine, los numerosos problemas surgidos en la elaboración del texto que ha de ser presentado en el Congreso, las protestas expresadas por varios sectores de la cinematografía que se han visto totalmente preteridos, han plagado la senda de dificultades para la Ministra de Cultura y el partido del gobierno. El cine por el que se aboga construye imagen pública populachera y enuncia sin cesar los mitos económicos con los que se potencia el mercado y se asfixia la cultura, por eso debe de interesar tanto al poder público actual. Nada importa según observamos salvo la Ley, o lo que sea, del cine.

Así las cosas, de forma inopinada, el pasado 27 de marzo, Día Mundial del Teatro, el Grupo Parlamentario Popular presentó en la Mesa del Congreso una Proposición no de Ley, instando al gobierno a que presente a la Cámara en el plazo de cuatro meses, una Ley del Teatro para que sea debatida y aprobada en el mes de octubre. La Exposición de motivos está elaborada con todo rigor por la diputada Rodríguez-Salmones.

Además de las cuestiones relativas a la Ley de Teatro propiamente dicha y su aceptación implícita a alcanzar un Pacto por la cultura con el partido del Gobierno, el escrito señala aspectos importantes en el capítulo presupuestario. "Por primera vez, dice, los Presupuestos  Generales del Estado para 2007 intentan una verdadera disminución en los programas de teatro (+ 0,45 de aumento; descenso de 400.000 euros en convenios básicos de cooperación; descenso de 500.000 euros en difusión exterior de la cultura; descenso de 271.000 euros en becas o ayudas...)". Señala no obstante que dichas retracciones se paliaron en la tramitación parlamentaria. Estos son los datos, crudos y lapidarios, pero altamente ilustrativos.

Quizás todo ello explique que la cooperación nominativa del INAEM con la ADE se haya mantenido en la misma cifra que en 2006, sin ni tan siquiera compensar el IPC anual por lo que hemos visto reducida nuestra capacidad de acción. También que se haya repetido por dos años la misma cantidad simbólica por parte de la Dirección General de Cooperación Cultural, cuya primera disposición tras el cambio de gobierno fue reducir al cincuenta por ciento la ya parca contribución del equipo anterior dejándola en unos simbólicos 6.000 euros. Para una entidad como la nuestra, que trabaja arduamente por la cohesión territorial de España en el terreno del teatro, resulta difícil comprender una decisión así y mucho más entender las razones que la sustentaron. Todo esto observado desde la altura de nuestros primeros veinticinco años de existencia, nos produce obviamente desolación. Con amigos de la cultura de este jaez no se puede realmente ir muy lejos.

Dado el interés de este escrito y constatar que es la primera vez que un proyecto de este calado se plantea en las Cortes, lo reproducimos seguidamente en su totalidad.

 

Revista ADE-Teatro nº 115 (Abril-Junio 2007)

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¡Es la foto, estúpido! Carta a un diputado socialista

2007-04-01

 

Por Manuel F. Vieites.

La legislatura, querido amigo, inicia su último tramo, y ahora que ya nos queda tan poco tiempo, aumenta la frustración de todas aquellas personas que teníamos fundadas esperanzas de que a lo largo de sus cuatro años se iniciaría un proceso de transformación en algunos ámbitos de la educación y la cultura. Hablo de campos, sobre todo el cultural, en los que se pueden implementar muchas políticas, con pocos costes electorales y con muchos beneficios sociales, e incluso económicos, en tanto la creación y la difusión cultural, o la formación para la creación y la difusión, también generan bienestar, riqueza y puestos de trabajo. En los últimos tres años se han hecho diferentes propuestas, siempre razonadas y razonables, para la mejora del sistema teatral, pero ninguna de ellas, más allá de las buenas palabras, ha merecido la más mínima atención por vuestra parte, al menos en el plano legislativo.

Entenderás entonces la profunda desazón que me provoca el hecho de que haya sido el Partido Popular quien decida presentar en Cortes una propuesta en torno a una posible Ley del Teatro. Pero esa desazón, por no haber sido nosotros los responsables de la iniciativa, no me impide reconocer y aplaudir el gesto del Partido Popular, que, cuando menos, servirá para que en sede parlamentaria se hable y se debata en torno a la posibilidad de una Ley del Teatro, en torno a la necesidad de crear normativas para el fomento y la regularización del sistema teatral. Dudo que esa iniciativa tenga, a estas alturas, consecuencias en el plano legislativo, porque no es esa una cuestión que ocupe o preocupe al Ministerio de Cultura, pero es posible que, cuando menos, provoque la solicitud de comparecencias e informes de personas conocedoras del tema, todo lo que debiera servir para potenciar el intercambio de ideas en torno a una cuestión trascendental en la promoción y proyección de las artes escénicas. Por ello, como decía, la decisión del Partido Popular merece nuestro aplauso, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento. Y desde aquí quiero desear que esa iniciativa, por el bien del teatro y de la cultura, y de nuestra economía, llegue a buen puerto.

Lamento profundamente, como decía, que esa iniciativa no fuese nuestra. Y digo nuestra, y hablo de nosotros, porque, como bien sabes, en los últimos años he colaborado de forma desinteresada, activa y leal con el Partido Socialista. Y lo seguiré haciendo, porque aquí en Galicia, al menos en uno de los ámbitos señalados, el de la educación, se está dando una lección diaria de cómo aplicar algunos principios republicanos a la acción de gobierno. ¡Qué pena que no cunda el ejemplo! Pero, volviendo al caso de nuestra falta de interés ante un problema tan trascendental como el arreglo de los teatros, lamento vuestro silencio, y más si cabe, porque en los últimos meses hemos insistido, con porfía, en que esa iniciativa debiera partir, en buena lógica, del partido del gobierno.

Sé que no es una percepción subjetiva si digo que entre las gentes que se podrían agrupar en torno a la denominación de trabajadores y trabajadoras de las artes escénicas se trasluce un malestar creciente. También lo percibo entre las numerosas personas que mantienen alguna vinculación con las enseñanzas artísticas. Estamos hablando, en su conjunto, de un colectivo nada despreciable de ciudadanos y ciudadanas que, como bien sabes, se movilizaron en los días previos al 14M/2004 y que, en muchos casos, incluso votaron al Partido Socialista. Te hablo de ciudadanos y ciudadanas que mantenían una cierta esperanza de que desde el Ministerio de Cultura y desde el Ministerio de Educación y Ciencia se solucionasen viejos contenciosos relativos a la estructura del sistema teatral y a su desarrollo, en consonancia con la denominada convergencia europea, fuese en el plano de la creación y la difusión, fuese en el de la docencia o la investigación.

Encoge un poco el ánimo pensar en todo lo que se podría haber hecho y lo poco que hemos avanzado, tan poco que hasta cabría pensar que hemos retrocedido bastante, porque incluso los ministerios aludidos y sus departamentos, salvo alguna honrosa excepción que pronto comentaremos en estas mismas páginas, han perdido toda capacidad de proposición, lo que nos muestra que se han obviado principios básicos para el buen gobierno, los mismos que preconizaba Philip Pettit, aquel ensayista que supuestamente servía de acicate intelectual al Sr. Rodríguez Zapatero. Y la capacidad de proposición depende de las personas, por lo que, en cada caso, las personas se debieran elegir, según los principios del mérito, la capacidad y el compromiso, pues la ciencia infusa no existe, pese a lo que crean muchos altos cargos que piensan que la auctoritas se expende en la sección de nombramientos del Boletín Oficial del Estado o del Diario Oficial de la Comunidad de turno. Lo triste es comprobar que en el gobierno de la nación hay (sub)directores(as) generales que no sólo no votaron por el actual gobierno, sino que se mantienen fieles a sus antiguos valedores. Las hemerotecas están llenas de pruebas.

Pero ese, el del buen gobierno, fue uno de los principios que menos se respetaron en la configuración del actual ejecutivo, en el nombramiento de asesores, asesoras y altos cargos, en la creación de equipos o en la designación de candidatos para las listas más diversas. Y los efectos de esa conducta tan irreflexiva son devastadores. Como muestra un ejemplo, poco edificante por cierto. Hace cosa de dos años recibía la llamada de una persona vinculada al Partido Socialista como concejal de una ciudad muy, muy, pero que muy importante, en la que me solicitaba información en torno a la organización teatral en los países europeos. Aquella persona pretendía alcanzar, en un par de horas, un grado de conocimiento en torno a ese tema que a otros nos ha costado varios años de lecturas, visitas, encuentros y diálogos o la elaboración, siempre laboriosa, de diversos trabajos. Escuchándola hablar, uno podía llegar a la conclusión de que aquella persona podría llegar a convertirse en un verdadero peligro público, porque las afirmaciones que realizaba no tenían la más mínima consistencia, en tanto se construían en base a un pensamiento sumamente débil, a un conocimiento sumamente superfluo de las cosas. Pues bien, esa persona sigue en su puesto, como si la vergüenza no hiciese mella en su amor propio, y en cualquier momento puede subir en el escalafón como ya ocurrió con otras notables incompetencias, protagonizadas por hombres y mujeres, pues en eso la paridad también funciona.

Siguiendo con los ejemplos, uno se pregunta en dónde habremos de buscar las diferencias entre la ejecutoria del INAEM en los últimos tres años y la ejecutoria del mismo organismo en los años de gobierno del Partido Popular. Y lo cierto es que más allá del baile de nombres, usual en los cambios de gobierno, las diferencias no son perceptibles, porque no las hay. Y debiera haberlas, o al menos eso creemos quienes proponemos una visión integral del hecho teatral que se traduzca en una política teatral de corte sistémico, quienes defendemos que el teatro pueda y deba ser un servicio público y uno de los sectores más dinámicos de nuestra economía. Debiera haberlas, además, porque hace tiempo que el ciclo actual ha tocado fondo, porque un análisis detenido del actual estado de cosas impone el inicio de un nuevo ciclo. Está claro que en un país civilizado se debiera llegar a un acuerdo de mínimos en materia de política cultural, porque hay ámbitos de actuación que debieran suscitar el acuerdo unánime de las fuerzas políticas en tanto las artes escénicas son un sector fundamental para la creación de riqueza y bienestar. Pero eso ni ha sido así en el pasado ni lo es en la actualidad, por lo que ante la absoluta inacción e inanición de la mayoría de los gobiernos de la democracia, entendíamos que el actual gobierno marcaría el necesario punto de inflexión y el inicio de ese nuevo ciclo para el que nosotros proponemos un nuevo modelo de política teatral: el modelo sistémico.

Como te comentaba en su momento, la ejecutoria del INAEM en estos tres años destaca por su invisibilidad, lo que no debe extrañarnos si nos atenemos a las declaraciones de su titular en una entrevista que se publicaba en el número 105 de esta revista, ADE/Teatro, y en la que manifestaba su escaso interés en promover no ya una Ley sino un simple Plan del Teatro. Claro que todo ello choca frontalmente con ese manual no escrito de buenas prácticas que debería orientar la actuación de los funcionarios del Estado, sobre todo de los que ocupan puestos de tanta responsabilidad. Y una de las primeras reglas de ese manual nos advierte de la necesidad de elaborar y hacer público un Plan Estratégico, que debe ser sometido a una evaluación permanente.

Como antes decía, tampoco puedo dejar de comentarte la profunda desazón que afecta a un sector importante de titulados, profesorado y alumnado de los Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas. En las Escuelas o Conservatorios superiores no se entiende muy bien el doble rasero con que se regula el funcionamiento de instituciones educativas que en breve ofrecerán titulaciones de grado o de postgrado, en consonancia con el Espacio Europeo de la Educación Superior. Un rasero doble que afecta a cuestiones muy diversas, desde la política de becas hasta los descuentos que un alumno o alumna puede lograr en el bono para el autobús. Y se trata de un sector cualitativamente importante de la sociedad, que se siente especialmente maltratado por las actuaciones de un Ministerio que no acaba de conceder a esas enseñanzas la dimensión superior que se proclama en determinados documentos emanados de la Unión Europea y del propio MEC. Muchas de esas personas comentan su desazón cuando ven como nuestra actual Ministra de Educación y Ciencia se vuelca en la promoción de "su" universidad, a la que tarde o temprano volverá, y se olvida de unas enseñanzas fundamentales para el progreso cultural, artístico, social o económico del país. Pero lo que provoca mayor desazón, e incluso un cierto malestar, es la constatación de que la solución al problema es más fácil, mucho más fácil de lo que se suele reconocer, más allá de la pataleta de algún Rector o Rectora de universidad, que no debieran condicionar la agenda de ningún gobierno y menos por cuestiones corporativas que atentan contra la igualdad, contra la isonomía.

Estamos ante contenciosos antiguos, demasiado antiguos, que minan la ya mermada credibilidad del Partido Socialista. Un partido que podría, y debería, liderar el debate de ideas en el campo cultural y el educativo con el discurso de tantas personas inteligentes que se podrían sentir próximas al mismo y que no dudarían en colaborar a poco que se les invitase a ello y se hiciese para alcanzar objetivos mensurables. Pero aquí también tenemos que lamentar el que en las decisiones del gobierno siga pesando, y mucho, esa pulsión mediática y esa pasión por el papel kuché que tanto contraviene los mentados principios republicanos que en su día, supuestamente, preconizaba el Sr. Rodríguez Zapatero. Pues a la hora de hacer una designación, crear una comisión, proponer un debate o solicitar un informe seguimos buscando el impacto mediático y el pie de foto, echando mano, en exclusiva, de la agenda de "amiguetes y novietas", sin considerar lo que tengan que decir o puedan aportar.

¡La foto, siempre la foto! Y de la foto llegamos a la moto, y al hacer la foto vendemos la moto, y al vender la moto nos hacemos con el voto, y al tener el voto..., nos hacemos el loco... Pues claro...

¿Cómo es posible que una vez más estemos desaprovechando una oportunidad para transformar la realidad y mejorarla? ¿Cómo se justifica que sigamos renunciando a un capital humano inmejorable en aras de un álbum de fotos que, por impactante que pueda ser, en nada contribuye al debate de ideas y en ocasiones lo perturba gravemente?

La legislatura termina y el tiempo disponible se acaba. Nos quedamos sin Ley del Teatro, sin Ley de las Enseñanzas Artísticas Superiores o sin una Ley Orgánica de Educación capaz de integrar y potenciar las enseñanzas teatrales, tan necesarias en la formación integral del ser humano. Nos quedamos a medio camino en la convergencia con Europa en materia de Educación y muy lejos en la convergencia cultural y teatral. Nos quedamos también sin Pacto por la Cultura. Nos quedamos, una vez más, solos, terriblemente solos. Nos habéis defraudado profundamente. ¿Por qué...? ¿Qué mal, o qué daño, os hemos hecho, más allá de ayudaros en momentos tan transcendentales, con nuestras movilizaciones, o de apoyaros en fechas recientes con todos nuestros votos?

 

Revista ADE-Teatro nº 115 (Abril-Junio 2007)

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La ADE cumple 25 años

2007-01-01

 

Por Juan Antonio Hormigón.

En este año 2007, la ADE cumple veinticinco años: tiene, en consecuencia, un cuarto de siglo a las espaldas. Paso a paso, burla burlando, ha recorrido este trecho de la historia construyendo a la par la suya propia. Es legítimo que todos aquellos que han intervenido en este viaje, tengan el derecho e incluso el deber de sentirse orgullosos al contemplar el recorrido.

Ha sido éste un proceso plagado de tenacidad, esfuerzo y sobresaltos. Lo sé bien porque lo he vivido en su totalidad. En diferentes ocasiones Ángel Fernández Montesinos, Guillermo Heras y yo mismo hemos relatado aquellas conversaciones y trabajos iniciales que nos condujeron a la asamblea fundacional y constituyente en junio de 1982. Nada fue fácil después sino todo lo contrario. El salto adelante se produjo en 1987, cuando pudimos contar con una sede propia y poner en marcha los proyectos más genuinos que deseábamos realizar.

Estos veinticinco años nos proporcionan un balance de acontecimientos y realizaciones objetivos y constatables. Muchos pensaron que era imposible realizar tanto desde la sociedad civil y con recursos limitados. No hemos sido parcos a la hora de exponer nuestras realizaciones y explicar sus contenidos y objetivos. Aunque tiempo habrá de hacer los oportunos balances, ciertamente hemos logrado poner en pie una revista, ADE-Teatro, que cuenta ya con veintidós años de existencia y obtuvo en 2003 el más alto galardón a publicaciones teatrales, la Medalla de Oro de la Trienal de Novi Sad; una editorial que tiene dieciocho años cumplidos y más de doscientos títulos en sus cinco colecciones; hemos celebrado trece Congresos, dieciocho seminarios monográficos y decenas más de seminarios diversos, cursos, conferencias, presentaciones, etc. Todo ello ha tenido en muchas ocasiones proyección no sólo interna sino también en el conjunto de la comunidad teatral, y en numerosas ocasiones, en la sociedad.

Gracias a nuestros convenios con el Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, hemos creado conjuntamente el Premio María Teresa León para Autoras Dramáticas y hemos podido abordar diferentes proyectos de investigación sobre las autoras y las directoras de escena en el teatro español, que han desembocado posteriormente en su publicación. Al mismo tiempo, hemos procedido a la recuperación de las obras literariodramáticas de numerosas escritoras. La colaboración con la Concejalía de las Artes del Ayuntamiento de Madrid nos ha llevado a la puesta en pie de la colección Los Premios Lope de Vega, en la que se recogen las obras ganadoras y los accésits desde el inicio de este galardón. Con AISGE realizamos un programa de edición de los clásicos de la puesta en escena y de libros que representan aportes concluyentes para las artes escénicas.

La ADE se ha consolidado como asociación igualmente en el plano de la representación pública y profesional. Aprobamos un Código Deontológico de los directores de escena, que es el primero que se instaura entre las profesiones de las artes escénicas. En este año pretendemos enunciar también un Código similar de la crítica. Ello ha sido posible gracias a la presencia en nuestra entidad de una numerosa sección de teatrólogos y diseñadores escénicos,  que se constituyó hace 14 años. Ello nos ha llevado a ser la Sección Española de la Asociación Internacional de Críticos de Teatro (AICT), de cuyo Comité Ejecutivo forma parte. Así mismo hemos desarrollado una red de intercambios y relaciones internacionales, preferentemente con Hispanoamérica.

A todo ello habría que añadir el crecimiento de nuestras relaciones institucionales. Además del INAEM y la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, hemos establecido programas específicos con Gobiernos y Consejerías de Cultura, Diputaciones y Ayuntamientos de las diferentes Autonomías, así como con organismos y entidades culturales extranjeras. En los últimos años ha aumentado también la cooperación con universidades españolas y extranjeras, sobre todo en el terreno de las publicaciones.

En 2006, en colaboración con AISGE, elaboramos y procedimos a la presentación de las Bases para un Proyecto de Ley del Teatro. Ha sido con toda seguridad la iniciativa de mayor calado de todas las que nos hemos propuesto. Nuestra pretensión no ha sido otra que avanzar el trabajo para que las formaciones políticas puedan disponer de un documento que les permita la redacción del que debe discutirse en el parlamento.

El 25 aniversario de la ADE constituye para nosotros antes de nada una meta más que hemos alcanzado. Creemos haber realizado año tras año nuestros programas con solvencia y eficacia. Lo acumulado a lo largo de este tiempo supone nuestro mayor patrimonio, material pero en mucha mayor medida conceptual y cultural. Esto ya nadie nos lo puede quitar porque responde a realidades evidentes, objetivas y tangibles. Poco importa que determinados sujetos o entidades miren hacia otro lado, que no quieran ver lo que hacemos, a la postre son ellos los que quedan en ridículo, los que no cumplen con su función o con las responsabilidades inherentes al lugar que ocupan. Existen muchas formas de antipatriotismo y comportamiento irresponsable, y ésta es una de ellas.

Este aniversario será nuestro gran emblema en este año y lo celebraremos de forma adecuada. Quiero hacer por último un llamamiento a los colegas de la ADE, a la comunidad teatral, a todos aquellos que desde las instituciones o la sociedad nos apoyan y siguen nuestra labor, para que participen del regocijo que nos invade contemplando el futuro desde nuestros primeros 25 años.

 

Revista ADE-Teatro nº 114 (Enero-Marzo 2007)

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La manifestación

2007-01-01

 

Por Laura Zubiarrain.

El terrible atentado de Barajas del pasado 29 de diciembre, con el saldo de dos muertos y una masiva destrucción en los aparcamientos de la T4, produjo en la ciudadanía la repulsa y la condena habitual en estos casos. La Federación de Asociaciones Ecuatorianas en España, como es bien sabido, convocó una manisfestación de repulsa contra el terrorismo en unión de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Se invitó a que se sumaran a la misma a las formaciones políticas y entidades de la sociedad civil.

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Un amplio segmento de asociaciones culturales se declaró favorable a dicha iniciativa. La ADE lo hizo a su vez sumándose al Manifiesto elaborado por la plataforma cultural. Nuestra postura cívica era la de pronunciarnos contra el terrorismo y contra ETA, nada más y nada menos. Algo que era perfectamente asumible por todos los ciudadanos con sentido común. No fue así. De inmediato el Partido Popular se declaró en contra. En el lema, «Por la Paz, Contra el terrorismo», faltaba una palabra según decían: ¡Libertad! ¿Por qué no otras muchas, justicia, por ejemplo, que parece más concreta? En cualquier caso los organizadores la incluyeron de todos modos en aras de la unidad. El PP tampoco lo aceptó, todo les resultaba insuficiente, y no acudió a la manifestación y con él entidades como la Asociación de Víctimas del Terrorismo o el Foro de Érmua.

¿Qué puede pensar de todo esto la ciudadanía? ¿Cómo se negocia un acuerdo cuando, al parecer, los objetivos son comunes, si una parte dice que si no se hace lo que desean no son de la partida? No hay que ser extraordinariamente perspicaz para colegir que el PP había decidido no asistir aunque se modificara el lema cuantas veces hiciera falta. Todo ello por una simple cuestión: lo que realmente le importa es la recuperación del poder a cualquier precio. Todo vale para este negocio. Parece que el esquema utilizado hace años de exacerbar la tensión como rédito electoral que les dio buen resultado, sea el único argumento que son capaces de esgrimir.

Como ciudadanos tenemos el derecho de manifestar nuestras opiniones. Como sujetos productores de cultura, el deber de adoptar una postura más concreta. Resulta incomprensible que el pronunciamiento de apoyo a la manifestación de un amplio abanico de entidades culturales, pueda provocar el rechazo violento por parte de los agentes mediáticos del PP sin ahorrarse injurias ni procacidades. No es de recibo que la decisión de unos ciudadanos de acudir  a una manifestación contra el terrorismo y contra ETA, sea recibida con las expresiones que hemos podido escuchar y leer.

La peor parte se la han llevado los actores, quizás por creerlos más vulnerables  Los voceros mediáticos del PP no han vacilado en definirlos como «titiriteros», «polichinelas», dicho todo ello con ánimo ofensivo. Lo primero que se nos ocurre pensar es si ellos se miran al espejo y se atreven a definir sus comportamientos.

Durante años, a muchos nos ha merecido el máximo respeto el sr. Iturgaiz, así como María San Gil y todos aquellos cargos públicos y ciudadanos del País Vasco que tienen que existir acompañados de escoltas, con riesgo de su seguridad y en condiciones de acoso. El hecho de que no compartamos sus opiniones en numerosos casos, nada quita para que nos sintamos solidarios con la situación que padecen por hacer uso de sus derechos constitucionales. Por eso causa estupor escuchar en una entrevista radiofónica que le hacían al señor Iturgaiz, diputado europeo en la actualidad, refiriéndose a los actores y demás gentes de la cultura que eran convocantes de la manifestación: «¡Me repugnan!». ¿Cómo puede repugnarle que unos ciudadanos ejerzan un derecho constitucional, idéntico al que él reclamaba para sí en su tierra y con el que nos sentíamos comprometidos? ¿A qué grado de pérdida de control hemos llegado, para que un cargo público significativo del PP se exprese en términos tan soeces hacia los profesionales de la escena por ejercer su civilidad?

Con lo grave para la convivencia democrática que es todo esto, la cuestión tiene no obstante un calado mayor. El hecho de que los vociferantes injuriadores piensen que los actores en no pocos casos tengan que vivir del público, les lleva a considerar que debían callarse. En definitiva convertirse en ciudadanos de segunda carentes de opinión. Lógicamente, en el momento en que se instaurara un mecanismo distinto, en el que la subsistencia de los actores dependiera de la sociedad y no del público de forma servil, en que lo que se valorara de una vez por todas fuera su maestría en el desempeño profesional y no un cortejo de cuestiones subsidiarias, se alcanzaría  su condición ciudadana plena y su respeto incontestable por la comunidad. Claro que para ello quizás debiera modificarse a su vez la mentalidad de no pocos actores. Las declaraciones, por ejemplo, del señor Luppi, serían consideradas tan sólo como las de un ciudadano notable por la proyección pública de su labor. Es lógico que muchos no las compartan y quieran responderle, pero eso no puede hacerse mediante las descalificaciones, las injurias o las amenazas, como se ha hecho.

Estuve en la manifestación con un numeroso grupo de gentes de la cultura, no sólo actores. Muchos otros quizás estaban diseminados por el cortejo, pero los allí reunidos caminábamos tras una pancarta de la Unión de Actores que había dispuesto un abnegado, entusiasta y eficaz servicio de orden. Todos los que me rodeaban tenían una opinión similar: estaban allí para pronunciarse contra el terrorismo y contra ETA, y en solidaridad con los dos trabajadores ecuatorianos muertos. Nadie manifestó que lo hacía para apoyar al señor Rodríguez Zapatero. Supe después que un grupo sí lo hizo, pero sólo lo constaté al verlos en televisión. Sus voces ni tan siquiera llegaron hasta nosotros. Es posible que alguien pensara que la manifestación tenía otros fines, pero no era ése el ánimo de la mayoría de los participantes.

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Siendo todo lo dicho de sonrojante gravedad, igualmente lo son otros hechos que sólo en apariencia proceden de bando diferente. Alguno de los organizadores madrileños del acto, no se recató un ápice en reclamar «caras conocidas» en cuanto a los actores que debían aparecer. Nada digo de lo que podía opinar del resto. Poco le importaban las diferentes organizaciones convocantes, lo que suponen como trama constitutiva de la sociedad civil, como lo son los sindicatos; lo que quería eran «caras», fuera cual fuera su ejecutoria o su entidad. De hecho, en la cabecera de la manifestación se «dieron» unas decenas de plazas, tras no poca rebatiña, a las «caras conocidas» a fin de que dieran lustre a la «mani».

¡Lástima! La actitud de este zaborrero gremialista perfilaba los mismos rasgos despreciativos de los denostadores mediáticos. No tenía ningún respeto hacia los actores como profesión, ni al resto de los sujetos de la cultura. No debe extrañarnos. Sus actos responden a la práctica tan común ahora, de que la apariencia se sitúe por encima del conocimiento o del trabajo o de la representatividad. Su mente está amoldada por la aceptación del neoliberalismo como único horizonte. No saben ni quieren hacer política, sino tan sólo publicitar su marca para venderla mejor y que los electores adquieran más votos en su día.

Los actores harían bien en no dejarse seducir por estos cantos de sirena, que por su tosquedad son demasiado evidentes. Mientras no se alcance un respeto real, basado en su valoración profesional y cívica, en la entidad intrínseca de su labor, no conseguirán que gentes así olviden la pretensión de utilizarlos simplemente para sus míseros fines. Les sonríen, les halagan en la medida que pueden servirse de sus «caras» como reclamo, no porque los consideren ciudadanos que tienen derecho a opinar y manifestarse. Gente como ésta, si algún actor lo hiciera en sentido contrario, utilizaría las mismas descalificaciones que tanto nos lastiman.

No olvidar esto supone que las gentes de la cultura deben actuar cuando lo consideren justo y negarse a ello si no lo es. No sucumbir a las pueriles seducciones y reclamar aquello que tanto se repite: que el gobierno diseñe una política cultural y teatral coherente, que nos equipare cuando menos a Europa. Los vociferantes mediáticos han construido desde hace años la idea de que la gente de teatro va buscando subvenciones para llevárselas a su casa y vivir del cuento. Alguno habrá, es posible, aunque desde luego en nada parecido a los escándalos urbanísticos. Pero nunca se han molestado en conocer cómo se utilizan dichos recursos, menores que los de cualquier otro de los sectores productivos; cuántos puestos de trabajo directos e indirectos generan, cuál es su contribución impositiva, etc. Este gobierno como los anteriores no ha hecho nada hasta el momento para que esta situación se modifique. Pero esta es otra historia.

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La contramanifestación del 3 de febrero fue igualmente fruto de un derecho, aunque siga latente la pregunta de por qué no todos juntos. Quizás porque ésta tuvo mucho de partidaria, hubo gritos reclamando la dimisión del Presidente del gobierno y especulaciones enajenadas de algún enajenado. Todos tenemos los mismos derechos civiles, hay que repetirlo una y otra vez. No es posible casar el decreto emitido por el gobierno del sr. Aznar, prohibiendo la utilización de los emblemas patrios, la bandera y el himno, en actos partidarios, con el hecho de que la primera apareciera de forma profusa en la contramanifestación y concluyera con el segundo. Incluso uno de los discurseantes se atrevió a decir: «Aquí está la España nacional», lo que equivale a desposeernos a su vez de la Nación española o a recordar fechas aciagas y repugnantes, esas sí, para España.

Es verdad que la derecha, cuanto más extrema, mayor empeño muestra por apropiarse de ellos como si el resto de los españoles no fuéramos merecedores. Recuerdo que en mis años de estudiante en Francia, asistí a un mitin del Partido Comunista Francés que comenzó con la Marsellesa y concluyó con la Internacional, cantadas ambas por los asistentes con el acompañamiento de una banda. En otros países las cosas se plantean de otro modo. Ciertamente no es fácil que quienes se instauran en la intransigencia de que España es su finca, sean del partido que sean, en nada ayudan a la civilidad y a que nuestro país sea realmente democrático, no sólo por la existencia de la matemática de los votos.

Hacer oposición no es estar a la contra de todo y contra todo. No consiste en lanzar injurias y no aportar alternativas ni razones. Hay cuestiones en que el gobierno y la oposición pueden coincidir y otras muchas en las que debe producirse el control y la crítica. Sin embargo, el meollo de la cuestión reside en tener una alternativa. No parece que existan porque nadie las expone. Ante una práctica concreta de un gobierno determinado, responda a las siglas que sea, raramente se enuncia con claridad el proyecto que la oposición propone para que los ciudadanos decidan. Ante el grave problema educativo que padecemos, por ejemplo, todo queda en expresiones genéricas y nunca en el enunciado de medidas concretas. Se trata en definitiva de no comprometerse en nada para que el ritual de invectivas prosiga su curso, evitarse la obligación de hacer política y tener las manos libres cuando se triunfa para actuar como les venga en gana.

¿Por qué una persona como Rajoy, al que muchos veíamos como inteligente, templado y prudente, ha desembocado en un abismo de desmesura, de acritud, de un energumenismo primario contra todo lo que el gobierno haga? ¿Quién puede aconsejarle tan mal? Este país precisa de un partido que desde la derecha plantee programas y exponga sus propuestas coherentes para la gobernación de España, que no cause miedo a una gran parte de la sociedad, sino confianza en que su gestión contemplará a la ciudadanía en función de valoraciones objetivas. Que no será el representante de los poderosos y de los fanáticos, entre otras cosas.

Con las decepciones que atravesamos, su porvenir sería mucho más brillante, podría proponerse como alternativa real, no ficticia. Para ello tendría que desprenderse de la extrema derecha que ondea el constitucionalismo sólo como un enunciado de su poder, más que como la proclamación de derechos y deberes de los españoles que es para lo que se promulgó. Una extrema derecha que lo está quemando, puede que de forma deliberada, porque tiene un tapado para sustituirlo. El problema es que por este camino, muchos ciudadanos se encogerán de hombros y acabarán abandonando, presos de hastío. Ese sí que es un daño difícilmente reparable para el porvenir de nuestro país.

 

Revista ADE-Teatro nº 114 (Enero-Marzo 2007)

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