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Artículos y noticias

Cultura y acción cultural

01 de Enero de 2005

 

Por Juan Antonio Hormigón.

La Escuela Nueva fue una sociedad creada en 1911 por el historiador y maestro de futuros investigadores, Manuel Núñez de Arenas. Sus objetivos aparecen implícitamente enumerados en la definición fundacional: «Asociación de Cultura, formada por profesores y literatos, que se inspira en las necesidades y tendencias de la Casa del Pueblo, donde tiene su domicilio.» Intelectuales provenientes de campos ideológicos dispares, participaron en sus cursos y debates, entre ellos Jaime Vera, Fernando de los Ríos, Besteiro, Leopoldo Alas (hijo), José Ortega y Gasset, García Quejido, Américo Castro, García Morente, Rafael Urbano, Fabra Ribas, Meliá, Araquistain, Adolfo A. Buylla, L. Bejarano, Cossío, Tomás de Elorrieta, María de Maeztu, Pablo Iglesias, Torralba Beci, Unamuno, Largo Caballero, R. Carande, Azaña, Morato, Alvarez del Vayo, Luzuriaga, etc.

Las intenciones de Núñez de Arenas y de su inspirador, el neurólogo socialista Jaime Vera, eran las de construir una alternativa cultural amplia, abierta, polémica y creadora frente a las corrientes arcáicas o caducas. En la conferencia inaugural escrita por el anciano doctor, uno de los primeros intelectuales que se adhirió al PSOE a finales del pasado siglo, aseguró:

«La transformación social no se engendra directamente por la cultura. Se engendra por la aplicación de la cultura. Y la aplicación de la cultura es acción inteligente, pero acción... No basta con la marcha natural de las cosas, debemos conocer la marcha natural de las cosas para propulsarlas con la acción...»

Estas palabras, como todas las afirmaciones con meollo, enjundia y convicciones en su substrato, siguen teniendo indudable operatividad. No basta con enunciar la cultura, vienen a decirnos, sino que es necesario transformarla en acción cultural para que sirva de herramienta transformadora de la sociedad. Lo que Vera no dice, quizás porque lo da por supuesto, es que algo así nace de la convicción, se articula mediante proyectos y programas, se propone mediante pautas instrumentales y funcionales y tiene un horizonte de objetivos: la esperanza de cualquier acción política consecuente y progresista.

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Siempre confiamos en que un cambio político debe traer aparejadas modificaciones positivas y constructivas en el ámbito cultural y teatral. No me refiero a un frívolo cambiar por cambiar, que en ocasiones puede ser sinónimo de vuelta atrás, sino a transformar los conceptos,  las formas de organización, el modo de tomar las decisiones, etc.

El candidato a la presidencia del gobierno Rodríguez Zapatero, destapó el tarro de algunas esencias en su discurso de investidura. Ninguno de sus predecesores había dedicado tanta atención y espacio al enunciado cultural. Pero además y con expresión decidida, planteó  otra forma de gobernar. Es una cuestión ésta sobre la que ha vuelto en repetidas ocasiones. Quizás  incluso haya conseguido implantarla en algunos ámbitos de la gobernación, de eso no tengo duda, pero no en otros muchos y no parece que en ningún caso en la cultura. Todavía en su último discurso parlamentario respondiendo al Lehendakari Ibarretxe, recordaba algo elemental en una democracia pero tan necesario de que se repita entre nosotros: nadie puede tomar las decisiones de forma arbitraria o unilateral, siempre existen otros organismos que relativizan e impiden la adopción de comportamientos autoritarios.

El autoritarismo no supone el ejercicio de la autoridad legítima, imprescindible para que los caminos se amplíen, sino la arbitraria y prepotente toma de decisiones sin diálogo ni explicación de los antecedentes y razones por las que se adoptan. Observando lo que sucede en el ámbito cultural tenemos la impresión de que los enunciados del Presidente no son desarrollados de forma adecuada por los cargos intermedios que deben aplicar los criterios emanados de la presidencia. Esto no puede sino preocuparnos en sumo grado porque está arruinando las expectativas que se abrieron en su día.

A nuestro modo de ver, la cuestión estriba en el correcto enunciado de la definición de las condiciones que deben ostentar y las responsabilidades que deben asumir los cargos públicos, así como las relaciones que es necesario articular entre el gobierno y la sociedad civil para que se aúnen de modo fructífero y constructivo. De estas cuestiones se habló mucho hace unos meses en los círculos relacionados con la cultura, aunque al parecer sirvió de poco tanto entonces como ahora.

Una de las lacras heredadas del franquismo que sobrevive pertinaz en nuestro país y  lastra, cuando no impide, nuestro desarrollo democrático, es el mantenimiento de los conceptos dominantes en aquel periodo sobre esta materia. Así se acuñó una forma de actuar en que el desempeño de estos cargos estaba ligado exclusivamente al control de sus superiores, a la discrecionalidad personal de quien lo ostentaba y al nulo contacto con la sociedad civil, por muy incipiente que fuera, que se sustituía por relaciones individuales con amigos, conocidos o grupos de poder, con frecuencia, empresarial. Bajo ese sistema autoritario, discrecional e indiscutido, hasta podían permitirse algunos la apariencia de ser liberales. Aunque las personas puedan ser otras, si no se modifican dichos procedimientos la situación seguirá siendo la misma en su fundamentación y la tendencia al autoritarismo y la arbitrariedad, bien por ignorancia bien por torva ambición, seguirá pendiente de nuestras cabezas. Las tentaciones de prepotencia o desdén que generan son incompatibles con los comportamientos democráticos más elementales. En ningún país europeo de tradición democrática las cosas se producen de este modo.

Aún a riesgo de ser contumaz en el empeño, quisiera invocar una vez más la cuestión de la sociedad civil, en particular la cultural y más específicamente la teatral. Ello supone que la sociedad se articula en entidades representativas. Hablar con un individuo no supone hacerlo con un segmento social agrupado en aras de unas convicciones y también de unos intereses y objetivos. Este diálogo entre gobierno y sociedad civil para avanzar en proyectos de gobernación, realizaciones y reformas estructurales es uno de los procedimientos más atractivos y ecuánimes que pueden desarrollarse para llevar a cabo transformaciones que tiendan hacia la justicia y la igualdad de oportunidades.

En ocasiones caemos en la trampa de creer que España fue siempre lo que nos legó el franquismo: sencillamente no es verdad. Los avances que se dieron en este sentido durante la Segunda República, nos pasan con frecuencia inadvertidos. Les pondré un ejemplo: He reconstruído las instancias que intervinieron en el nombramiento de Valle-Inclán como Director de la Academia de Bellas Artes en Roma. Se emitieron cinco informes de otras tantas entidades culturales, a partir de las cuales la Junta de Relaciones Culturales del Ministerio de Estado, elaboró un informe conclusivo. Sólo entonces se hizo el nombramiento de Valle-Inclán. España sí había comenzado una auténtica modernización, sólo que el franquismo fue desolador.

La ADE ha querido asumir siempre su condición de ser sociedad civil. Podría enunciar lo que nuestra entidad ha hecho en diversos campos, a veces con carácter exclusivo, pero entiendo que son bien conocidas. Más importante sin duda es nuestra aspiración a ejercitarnos como un intelectual orgánico, como decía Gramsci, en el ámbito de la acción cultural. Y eso desde nuestra condición asociativa es un reto permanente.

En aras de estos principios podemos exigir -que no pedir: somos ciudadanos no vasallos- el diálogo constructivo con las administraciones. Tarea ímproba al parecer si no existe voluntad para ello. Pero dialogar no es simplemente hablar. Se puede hablar por hablar sin que sirva para nada y eso me ha sucedido ya muchas veces. Dialogar supone saber sobre qué, para qué, con quiénes, con qué objetivo y si lo concluido va a tener incidencia en la decisión. Lo demás es charla insustancial, como hubiera dicho en ocasión como ésta Manuel Azaña.

Son muchas y de notable calado las cuestiones que nos inquietan. Las de mayor urgencia a nuestro modo de ver pasan por la elaboración de un plan nacional e integral para el teatro, que configure un programa de acción de gobierno a corto, medio y largo plazo. Que no sea un simple enunciado de intenciones sino una propuesta de la administración que pueda ser discutida por las entidades representativas de la sociedad civil teatral y que estructure sus vías y plazos de aplicación. En segundo lugar por la revisión del concepto de propiedad intelectual respecto a la autoría de la escenificación. Por último, dentro de la inminencia, el sentido, responsabilidades, titularidad, organización, objetivos programáticos, relaciones con la sociedad civil, optimización de recursos, etc., de los teatros.

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Hace algún tiempo, una persona joven y estudiosa me hablaba de un libro que iba a publicar, en el que analizaba el teatro como forma de conocimiento. Sentí una curiosa vibración cuando me lo dijo. Durante años enuncié con estos mismos términos uno de los más importantes sentidos del hecho escénico. Después dejé de hacerlo, un tanto aburrido ante la esterilidad y porque el panorama que tenemos a la vista nos obliga a movernos en propuestas de mínimos. Aquello me llevó nuevamente a considerar la problemática de la Ilustración española. El desprecio a la Ilustración que ha habido en nuestra historia ha sido casi una constante que se ha desbocado en el presente, en aras del dinero como valor máximo y supremo, que puede justificar todas las indignidades. La defensa de la Ilustración de entonces y de ahora es un objetivo en el que la ADE se ha comprometido desde hace tiempo en foros muy distintos, nacionales e internacionales.

Concluiré: Lo que no tiene sentido, lo que no nos causa ningún placer, lo que pensamos que es una pérdida de tiempo que no nos merecemos es vernos abocados a llenar la Plaza del Rey de colegas vociferantes pidiendo que se nos escuche. Parece que sólo así caen en la cuenta algunos de que existimos. Es un absurdo y un despropósito. Supone constatar que se gobierna de forma contraria a las planteadas por el Presidente del Gobierno.

Proclamamos nuestra voluntad de diálogo constructivo y sólo encontramos un pétreo muro de silencio más macizo que nunca. ¿A quién sirve una actitud así? Desde luego no a la cultura ni al teatro, ni a usted tampoco señor Presidente. Más bien lesionan su crédito ante un segmento significativo de la ciudadanía, y el respeto que sus palabras y hechos nos producen las más de las veces. ¿A quién entonces? Usted, señor Presidente, debería hallar respuesta a esta pregunta. Pero en cualquier caso, usted más que yo debería reflexionar seriamente sobre las palabras de Jaime Vera.

 

Revista ADE-Teatro nº 104 (Enero-Marzo 2005)

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