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Artículos y noticias

O Plan, o Ley o lo que sea, pero que sea

01 de Abril de 2006

 

Por Alberto Fernández Torres.

Siente uno como una especie de sensación de vergüenza, no sé si propia o ajena, al volver a escribir sobre el nonato o fenecido Plan General del Teatro.

Durante tres años, una veintena larga de profesionales del sector, representando a sus respectivas asociaciones, estuvieron trabajando en él. Lo hicieron de manera inevitablemente arrítmica, pero con innegable entusiasmo y dedicación. Celebraron un considerable número de reuniones; debatieron libre y ampliamente sobre todos los problemas del sector, en ocasiones hasta con aspereza; mantuvieron un elevado número de contactos institucionales y políticos; elaboraron diversos borradores... Incluso llegaron -llegamos- a disponer al final de un extenso texto de referencia -145 páginas- que, según consenso generalizado, podía servir de base para la redacción del documento final.

Además, no diré yo que la profesión no hiciera otra cosa en esa época que preguntar por el Plan, pero sí que se logró generar en ella una apreciable expectativa que condujo a que los miembros de la Comisión de Estudio, pese a la discreción que consideramos necesario imponernos desde el principio, fuéramos invitados a intervenir sobre el mismo en diversos foros públicos.

Y en esto, llegaron las elecciones de 2004. Y se acabó el Plan. Así, sin más. Sin funeral, esquela o epitafio.

 

Pues quién sabe

Quizá sea éste un juicio muy personal y precipitado, fruto de que mi pertenencia a la Comisión de Estudio del Plan era de carácter técnico y no en calidad de representante de ninguna asociación sectorial (sólo soy miembro de una, la ADE, pero ésta decidió desvincularse del proceso de elaboración de este Plan apenas se inició el proceso).

Es posible que, por ello, desconozca el resultado de los contactos que las diversas asociaciones profesionales hayan mantenido en los dos últimos años con el INAEM para tratar, si no del Plan, sí al menos de algunas las diferentes y muy variadas reformas legales y regulatorias que se proponían en él. Me consta que representantes de esas asociaciones han hablado de los problemas del sector en el Ministerio de Cultura. Me consta también que algunos de ellos han hablado específicamente del Plan con los responsables del INAEM. Incluso me consta que, por dos ocasiones, los miembros de la Comisión de Estudio fuimos amagados en 2005 con sendas convocatorias para celebrar reuniones sobre el Plan en sede ministerial que finalmente jamás se produjeron...

De modo que, a lo mejor, el proceso marcha bien por otros derroteros de los cuales no estamos suficientemente bien informados y las asociaciones están consiguiendo que el INAEM vaya avanzando por alguno de los posibles senderos que se bifurcaban en el borrador del Plan. Pero se aceptará también que el hecho de no estar debidamente informados al respecto autoriza a temer que no haya ni proceso, ni derroteros, ni avances, ni senderos.

Lo que sí hay, lo único que públicamente hay, es una entrevista al director general del INAEM en esta misma revista en la que daba un manotazo al Plan con disgusto poco disimulado. Más que nada, porque le objetaba dos defectos que, mira por dónde, no le pueden ser en ningún caso de aplicación: ser una propuesta de Ley y constituir un “o todo o nada”.

Pues ni una cosa ni la otra. Mira tú que el Plan General del Teatro tenía defectos. Pero ésos, vaya por Dios, no.

En primer lugar, el Plan nunca quiso ser una Ley del Teatro, y así se explicó en frecuentes ocasiones. Y, en segundo lugar, siempre se propuso que, siendo como era una propuesta multifacética, resultaba perfectamente razonable ir aplicando las medidas contenidas en él que fueran contando con suficiente apoyo por parte del Administración (o de las Administraciones), sin esperar al cierre final del texto y sin considerar que éste tenía forzosamente que ser aplicado en su integridad. Entre otras cosas, por eso era un Plan y no una Ley.

 

Una necesidad incontestable

Pero, insisto, al recordar todos estos avatares se pone uno un poco rojo. Porque, una de dos: o bien las asociaciones del sector estuvieron perdiendo lastimosamente el tiempo durante tres años y su trabajo resultó ser mediocre y poco ajustado a las necesidades del sector; o bien estamos en una profesión frente a la cual la Administración puede pasarse por el Arco del Triunfo una propuesta suficientemente consensuada a escala sectorial sin que a nadie le tiemble el pulso. En efecto, cualquiera de las dos hipótesis conduce al sonrojo.

Sin embargo, hay algo que no permite hipótesis alternativas. El proyecto de Plan General del Teatro nació de una incontestable necesidad: es indispensable y urgente una reforma profunda, integral y coherente del marco legal, económico y regulatorio del sistema teatral español para que éste pueda desarrollar todas sus potencialidades y cumplir eficientemente la función social que le es exigible. De esta convicción, ampliamente arraigada en el sector, surgieron las primeras reuniones de sus asociaciones en el año 2001 para la elaboración de una propuesta. La redacción de un Plan fue simplemente la opción que entonces se consideró más viable y realista para dar respuesta a esa necesidad.

Esta necesidad persiste, si es que no se ha acentuado desde entonces hasta extremos cada vez más graves y acuciantes. De modo que puede ser que el Plan o, al menos, ese Plan que tanto nos ocupó en el período 2001-2004 no sea ya la respuesta adecuada. Pero la respuesta -alguna respuesta a esa necesidad- sigue siendo exigible y no admite hipótesis alternativas.

Y, puesto que seguramente habrá que partir, en cuanto al proceso de elaboración, poco menos que de “cero”, quizá no sea del todo impertinente revisar la cuestión desde el principio. Por ejemplo, volviendo a reflexionar sobre si lo que conviene es un Plan o una Ley.

 

Plan vs. Ley (o lo contrario)

Que el lector y la propia revista disculpen la larga cita que sigue a continuación, pero creo que viene al caso. Procede de un texto elaborado para una reunión sobre el Plan General del Teatro con representantes de las Comunidades Autónomas que tuvo lugar en febrero de 2003 a instancias del Ministerio de Cultura. En un momento dado, se abordaba en él la cuestión de si Plan o si Ley. Y se decía lo siguiente:

«En alguna ocasión, quienes se han referido a él [al Plan General del Teatro] lo han hecho calificándolo de “futura Ley del Teatro”, cuando lo cierto es que, desde sus inicios, la Comisión decidió elaborar una propuesta de Plan y no de Ley.

Dado que, en algún momento, compañeros de la profesión se han dirigido a miembros de la Comisión para interesarse del por qué de esta elección, cuando una Ley parece algo más serio y más ejecutivo que un Plan, merece la pena dedicar algunas breves reflexiones a la cuestión.

          Aun cuando una Ley pueda elaborarse respondiendo a las demandas de un determinado sector, o incluso con una cierta participación de éste, su desarrollo es siempre labor de una formación política con representación parlamentaria.

En este caso, por el contrario -y es una de las mayores virtudes del proyecto-, estamos ante una iniciativa puesta en marcha y elaborada directamente por la propia profesión teatral, con el objetivo, obviamente, de contar con el apoyo de las instituciones u organismos responsables de la política teatral de las diferentes Administraciones.

          Prácticamente todas las leyes, especialmente las de mayor repercusión social, se convierten en el centro de un debate partidista, salvo cuando son resultado de una necesidad de indiscutible alcance nacional. Y lo último que necesita en estos momentos el medio teatral, a juicio de la Comisión, es convertirse en el centro de una polémica partidista.

          Por ello mismo, las leyes se encuentran fuertemente sometidas a los avatares de los cambios políticos, con lo que su aparente garantía no lo es tanto: un nuevo Gobierno puede promover una Ley diferente o aplicarle un desarrollo normativo, mediante decretos, órdenes o resoluciones ministeriales, que invalide o desvirtúe su redacción inicial.

          La oportunidad de una Ley sobre el teatro, promovida unilateralmente por la Administración Central, sería más que discutible si se recuerda que las competencias en materia de cultura, excepto algunas que son específicamente de interés estatal, están transferidas a las CC.AA. Hoy, la política teatral pasa más por las instituciones autonómicas y municipales que por las de la Administración Central, por lo que cualquier acción global que se desee elaborar ha de contar con la participación y consenso explícitos de las tres Administraciones.

          Aunque, como antes se ha señalado, una Ley puede ser derogada o modificada en el Parlamento en caso de necesidad, o corregida en su aplicación mediante decretos u órdenes, la tramitación de estos cambios es lenta, rígida y contraria, por lo tanto, a las necesidades constantes de flexibilidad y adaptación de un sector que se encuentra en estos momentos -o en todos los momentos- en fase de cambio.

          Por último, y no es lo menos importante, una Ley y sus desarrollos reglamentarios no incluyen objetivos cuantificables ni plazos de ejecución, mientras que un Plan sí. La primera establece normas, medidas, etc., pero no suele decir mucho acerca de su calendario de implementación ni de cuáles hayan de ser sus resultados precisos. Por el contrario, un Plan ha de incluir un calendario de aplicación y unos objetivos definidos, hasta el punto de que puede y debe ser modificado a medida que se acerca o aleja de su cumplimiento.

Por todo ello, el Plan aparece como un instrumento más flexible, modificable a medida que sus objetivos se cumplen o van cambiando, asumible por cada Administración implicada hasta donde cada una de ellas lo considere oportuno, sin obligar a ninguna de ellas a una aceptación de “todo o nada”, ajustable a procesos de acuerdo, consenso y participación múltiple de todos los agentes afectados…

Además, al ser explícitamente el fruto de un amplio y flexible consenso político y sectorial, buena parte de las medidas contenidas en él pueden ir siendo aplicadas de manera voluntaria y progresiva por los agentes implicados, sin esperar a la aprobación final o completa del Plan por parte de todos ellos.

En cuanto a su fuerza legal y política, el Plan, en su máxima expresión, puede ser refrendado por el poder legislativo, y es conveniente que así sea, está abierto, por tanto, a una mayor contribución de las diferentes formaciones políticas, con lo cual es factible, sobre todo si cuenta con el apoyo previo del conjunto del sector, que nazca con una amplia base de acuerdo político que garantice su permanencia a largo plazo.

Por éstas y otras razones, la opción de elaborar un Plan viable y flexible ha parecido siempre como más ajustada y conveniente que la de una Ley más ejecutiva, pero mucho más rígida y sujeta a mayor riesgo y controversia política.

No se trata de que no sea posible una Ley, sino de que es mejor un Plan.»

 

La táctica y la oportunidad

Creo, sinceramente, que los argumentos expuestos siguen siendo pertinentes y razonables. Pero ya no estoy tan seguro de su oportunidad en el momento actual.

Si se me permite exprimir la larga cita anterior, y extractar lo que se quería sugerir entre líneas, creo que se puede deducir de ella que eran fundamentalmente dos los criterios tácticos que aconsejaban optar por un Plan.

En primer lugar, el hecho de que la inexistencia de una instancia o formación política que quisiera apostar decididamente por un proyecto de Ley y con fuerza suficiente para hacer viable su completa y compleja tramitación pública, se veía relativamente compensada por el compromiso formal del INAEM de dar apoyo a un proyecto de Plan y por la actitud sincera, calurosa y generosa al respecto de la Subdirectora del mismo, Cristina Santolaria.

Bien es verdad que ni el más ingenuo de los miembros de la Comisión hubiera dado un duro por el apoyo que el proyecto tenía garantizado aguas arriba de ese nivel institucional, pero algo era algo y, además, el tiempo permitió ir sumando algún género de favorable y prometedor interés por parte de otras instancias ministeriales.

En segundo lugar, la convicción de que la existencia o la posibilidad de conseguir un suficiente consenso sectorial acerca de los problemas fundamentales del sistema teatral y de sus posibles soluciones garantizaba, gracias al empuje de las asociaciones y del respaldo de la profesión, que el proyecto resultante no pudiera ser echado en saco roto por las Administraciones.

Si estos criterios tácticos tienen alguna relevancia, y creo que sí, convendrá reflexionar sobre su pertinencia actual. Por lo que se refiere al primero, resulta ocioso decir que el INAEM actual no ha mostrado hasta ahora interés alguno, por decirlo con educado eufemismo, por resucitar el Plan o por poner en marcha otro proceso de la misma o parecida naturaleza. De modo que, desde el punto de vista del posible apoyo institucional, cero patatero.

Con respecto al segundo, y aunque resulte doloroso confesarlo, da la impresión de que o bien el consenso sectorial obtenido no era excesivamente firme, o bien este factor no constituye de momento garantía suficiente, pues se puede pasar por encima de él sin excesivos problemas. Por lo tanto, lo mucho que el proyecto de Plan perdía en coherencia interna por mor del consenso parece que no estaba suficientemente compensado por la supuesta, pero no demostrada fuerza que ese consenso le tenía que proporcionar.

“Sensu contrario”, no resulta del todo ilusorio pensar que, si esas consideraciones tácticas no son ya de aplicación, quizá sea llegado el momento de optar por otro sendero y asumir la necesidad de recorrer el camino inverso, es decir, elaborar un proyecto de reforma del sector coherente y riguroso, que pueda ser sometido posteriormente al consenso del sector y cuya naturaleza final -Ley, Plan, Libro Blanco- no se formule “a priori”, sino en función del apoyo político e institucional que pueda finalmente recabar.

Puede sonar a utópico, pero también lo era que las asociaciones del sector lograran consensuar un borrador de Plan y obtener un cierto apoyo institucional. Y eso sí se consiguió.

En cualquier caso, no menospreciemos lo que se ganaría en coherencia por lo que se perdería inicialmente en consenso. Este último es un valor importante y, a veces, casi decisivo. Pero sujeto siempre a una peligrosa inestabilidad.

Sin ánimo de dar lanzada a moro muerto, quizá sea bueno admitir, con el necesario tono autocrítico, que algo extraño hubo en la incapacidad final de la Comisión de Estudio para dar el salto desde las 145 páginas del borrador final de referencia, hasta la redacción del texto definitivo del Plan que tenía que ser sometido a examen público. Más allá de la indudable complejidad técnica y de los efectos devastadores del brusco cambio que se produjo en el contexto político, pudo también ocurrir que el consenso fuera suficiente para llegar hasta ahí..., pero no para ir más allá. Y que el posterior golpe de gracia del INAEM se produjera, en realidad, sobre un cadáver que aún ignoraba serlo.

Sea como fuere, los hechos son tozudos. Podemos colocarnos las manos sobre los ojos, la boca y las orejas como los tres simios de la conocida figura. Pero la necesidad de una reforma integral del sector sigue siendo una necesidad acuciante. Puede que ninguna de las vías malamente esbozadas en estas líneas para elaborar una propuesta al respecto sea viable o eficaz. Pero es imperativo encontrar alguna.

 

Revista ADE-Teatro nº 110 (Abril-Junio 2006)

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