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Artículos y noticias

La manifestación

01 de Enero de 2007

 

Por Laura Zubiarrain.

El terrible atentado de Barajas del pasado 29 de diciembre, con el saldo de dos muertos y una masiva destrucción en los aparcamientos de la T4, produjo en la ciudadanía la repulsa y la condena habitual en estos casos. La Federación de Asociaciones Ecuatorianas en España, como es bien sabido, convocó una manisfestación de repulsa contra el terrorismo en unión de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Se invitó a que se sumaran a la misma a las formaciones políticas y entidades de la sociedad civil.

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Un amplio segmento de asociaciones culturales se declaró favorable a dicha iniciativa. La ADE lo hizo a su vez sumándose al Manifiesto elaborado por la plataforma cultural. Nuestra postura cívica era la de pronunciarnos contra el terrorismo y contra ETA, nada más y nada menos. Algo que era perfectamente asumible por todos los ciudadanos con sentido común. No fue así. De inmediato el Partido Popular se declaró en contra. En el lema, «Por la Paz, Contra el terrorismo», faltaba una palabra según decían: ¡Libertad! ¿Por qué no otras muchas, justicia, por ejemplo, que parece más concreta? En cualquier caso los organizadores la incluyeron de todos modos en aras de la unidad. El PP tampoco lo aceptó, todo les resultaba insuficiente, y no acudió a la manifestación y con él entidades como la Asociación de Víctimas del Terrorismo o el Foro de Érmua.

¿Qué puede pensar de todo esto la ciudadanía? ¿Cómo se negocia un acuerdo cuando, al parecer, los objetivos son comunes, si una parte dice que si no se hace lo que desean no son de la partida? No hay que ser extraordinariamente perspicaz para colegir que el PP había decidido no asistir aunque se modificara el lema cuantas veces hiciera falta. Todo ello por una simple cuestión: lo que realmente le importa es la recuperación del poder a cualquier precio. Todo vale para este negocio. Parece que el esquema utilizado hace años de exacerbar la tensión como rédito electoral que les dio buen resultado, sea el único argumento que son capaces de esgrimir.

Como ciudadanos tenemos el derecho de manifestar nuestras opiniones. Como sujetos productores de cultura, el deber de adoptar una postura más concreta. Resulta incomprensible que el pronunciamiento de apoyo a la manifestación de un amplio abanico de entidades culturales, pueda provocar el rechazo violento por parte de los agentes mediáticos del PP sin ahorrarse injurias ni procacidades. No es de recibo que la decisión de unos ciudadanos de acudir  a una manifestación contra el terrorismo y contra ETA, sea recibida con las expresiones que hemos podido escuchar y leer.

La peor parte se la han llevado los actores, quizás por creerlos más vulnerables  Los voceros mediáticos del PP no han vacilado en definirlos como «titiriteros», «polichinelas», dicho todo ello con ánimo ofensivo. Lo primero que se nos ocurre pensar es si ellos se miran al espejo y se atreven a definir sus comportamientos.

Durante años, a muchos nos ha merecido el máximo respeto el sr. Iturgaiz, así como María San Gil y todos aquellos cargos públicos y ciudadanos del País Vasco que tienen que existir acompañados de escoltas, con riesgo de su seguridad y en condiciones de acoso. El hecho de que no compartamos sus opiniones en numerosos casos, nada quita para que nos sintamos solidarios con la situación que padecen por hacer uso de sus derechos constitucionales. Por eso causa estupor escuchar en una entrevista radiofónica que le hacían al señor Iturgaiz, diputado europeo en la actualidad, refiriéndose a los actores y demás gentes de la cultura que eran convocantes de la manifestación: «¡Me repugnan!». ¿Cómo puede repugnarle que unos ciudadanos ejerzan un derecho constitucional, idéntico al que él reclamaba para sí en su tierra y con el que nos sentíamos comprometidos? ¿A qué grado de pérdida de control hemos llegado, para que un cargo público significativo del PP se exprese en términos tan soeces hacia los profesionales de la escena por ejercer su civilidad?

Con lo grave para la convivencia democrática que es todo esto, la cuestión tiene no obstante un calado mayor. El hecho de que los vociferantes injuriadores piensen que los actores en no pocos casos tengan que vivir del público, les lleva a considerar que debían callarse. En definitiva convertirse en ciudadanos de segunda carentes de opinión. Lógicamente, en el momento en que se instaurara un mecanismo distinto, en el que la subsistencia de los actores dependiera de la sociedad y no del público de forma servil, en que lo que se valorara de una vez por todas fuera su maestría en el desempeño profesional y no un cortejo de cuestiones subsidiarias, se alcanzaría  su condición ciudadana plena y su respeto incontestable por la comunidad. Claro que para ello quizás debiera modificarse a su vez la mentalidad de no pocos actores. Las declaraciones, por ejemplo, del señor Luppi, serían consideradas tan sólo como las de un ciudadano notable por la proyección pública de su labor. Es lógico que muchos no las compartan y quieran responderle, pero eso no puede hacerse mediante las descalificaciones, las injurias o las amenazas, como se ha hecho.

Estuve en la manifestación con un numeroso grupo de gentes de la cultura, no sólo actores. Muchos otros quizás estaban diseminados por el cortejo, pero los allí reunidos caminábamos tras una pancarta de la Unión de Actores que había dispuesto un abnegado, entusiasta y eficaz servicio de orden. Todos los que me rodeaban tenían una opinión similar: estaban allí para pronunciarse contra el terrorismo y contra ETA, y en solidaridad con los dos trabajadores ecuatorianos muertos. Nadie manifestó que lo hacía para apoyar al señor Rodríguez Zapatero. Supe después que un grupo sí lo hizo, pero sólo lo constaté al verlos en televisión. Sus voces ni tan siquiera llegaron hasta nosotros. Es posible que alguien pensara que la manifestación tenía otros fines, pero no era ése el ánimo de la mayoría de los participantes.

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Siendo todo lo dicho de sonrojante gravedad, igualmente lo son otros hechos que sólo en apariencia proceden de bando diferente. Alguno de los organizadores madrileños del acto, no se recató un ápice en reclamar «caras conocidas» en cuanto a los actores que debían aparecer. Nada digo de lo que podía opinar del resto. Poco le importaban las diferentes organizaciones convocantes, lo que suponen como trama constitutiva de la sociedad civil, como lo son los sindicatos; lo que quería eran «caras», fuera cual fuera su ejecutoria o su entidad. De hecho, en la cabecera de la manifestación se «dieron» unas decenas de plazas, tras no poca rebatiña, a las «caras conocidas» a fin de que dieran lustre a la «mani».

¡Lástima! La actitud de este zaborrero gremialista perfilaba los mismos rasgos despreciativos de los denostadores mediáticos. No tenía ningún respeto hacia los actores como profesión, ni al resto de los sujetos de la cultura. No debe extrañarnos. Sus actos responden a la práctica tan común ahora, de que la apariencia se sitúe por encima del conocimiento o del trabajo o de la representatividad. Su mente está amoldada por la aceptación del neoliberalismo como único horizonte. No saben ni quieren hacer política, sino tan sólo publicitar su marca para venderla mejor y que los electores adquieran más votos en su día.

Los actores harían bien en no dejarse seducir por estos cantos de sirena, que por su tosquedad son demasiado evidentes. Mientras no se alcance un respeto real, basado en su valoración profesional y cívica, en la entidad intrínseca de su labor, no conseguirán que gentes así olviden la pretensión de utilizarlos simplemente para sus míseros fines. Les sonríen, les halagan en la medida que pueden servirse de sus «caras» como reclamo, no porque los consideren ciudadanos que tienen derecho a opinar y manifestarse. Gente como ésta, si algún actor lo hiciera en sentido contrario, utilizaría las mismas descalificaciones que tanto nos lastiman.

No olvidar esto supone que las gentes de la cultura deben actuar cuando lo consideren justo y negarse a ello si no lo es. No sucumbir a las pueriles seducciones y reclamar aquello que tanto se repite: que el gobierno diseñe una política cultural y teatral coherente, que nos equipare cuando menos a Europa. Los vociferantes mediáticos han construido desde hace años la idea de que la gente de teatro va buscando subvenciones para llevárselas a su casa y vivir del cuento. Alguno habrá, es posible, aunque desde luego en nada parecido a los escándalos urbanísticos. Pero nunca se han molestado en conocer cómo se utilizan dichos recursos, menores que los de cualquier otro de los sectores productivos; cuántos puestos de trabajo directos e indirectos generan, cuál es su contribución impositiva, etc. Este gobierno como los anteriores no ha hecho nada hasta el momento para que esta situación se modifique. Pero esta es otra historia.

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La contramanifestación del 3 de febrero fue igualmente fruto de un derecho, aunque siga latente la pregunta de por qué no todos juntos. Quizás porque ésta tuvo mucho de partidaria, hubo gritos reclamando la dimisión del Presidente del gobierno y especulaciones enajenadas de algún enajenado. Todos tenemos los mismos derechos civiles, hay que repetirlo una y otra vez. No es posible casar el decreto emitido por el gobierno del sr. Aznar, prohibiendo la utilización de los emblemas patrios, la bandera y el himno, en actos partidarios, con el hecho de que la primera apareciera de forma profusa en la contramanifestación y concluyera con el segundo. Incluso uno de los discurseantes se atrevió a decir: «Aquí está la España nacional», lo que equivale a desposeernos a su vez de la Nación española o a recordar fechas aciagas y repugnantes, esas sí, para España.

Es verdad que la derecha, cuanto más extrema, mayor empeño muestra por apropiarse de ellos como si el resto de los españoles no fuéramos merecedores. Recuerdo que en mis años de estudiante en Francia, asistí a un mitin del Partido Comunista Francés que comenzó con la Marsellesa y concluyó con la Internacional, cantadas ambas por los asistentes con el acompañamiento de una banda. En otros países las cosas se plantean de otro modo. Ciertamente no es fácil que quienes se instauran en la intransigencia de que España es su finca, sean del partido que sean, en nada ayudan a la civilidad y a que nuestro país sea realmente democrático, no sólo por la existencia de la matemática de los votos.

Hacer oposición no es estar a la contra de todo y contra todo. No consiste en lanzar injurias y no aportar alternativas ni razones. Hay cuestiones en que el gobierno y la oposición pueden coincidir y otras muchas en las que debe producirse el control y la crítica. Sin embargo, el meollo de la cuestión reside en tener una alternativa. No parece que existan porque nadie las expone. Ante una práctica concreta de un gobierno determinado, responda a las siglas que sea, raramente se enuncia con claridad el proyecto que la oposición propone para que los ciudadanos decidan. Ante el grave problema educativo que padecemos, por ejemplo, todo queda en expresiones genéricas y nunca en el enunciado de medidas concretas. Se trata en definitiva de no comprometerse en nada para que el ritual de invectivas prosiga su curso, evitarse la obligación de hacer política y tener las manos libres cuando se triunfa para actuar como les venga en gana.

¿Por qué una persona como Rajoy, al que muchos veíamos como inteligente, templado y prudente, ha desembocado en un abismo de desmesura, de acritud, de un energumenismo primario contra todo lo que el gobierno haga? ¿Quién puede aconsejarle tan mal? Este país precisa de un partido que desde la derecha plantee programas y exponga sus propuestas coherentes para la gobernación de España, que no cause miedo a una gran parte de la sociedad, sino confianza en que su gestión contemplará a la ciudadanía en función de valoraciones objetivas. Que no será el representante de los poderosos y de los fanáticos, entre otras cosas.

Con las decepciones que atravesamos, su porvenir sería mucho más brillante, podría proponerse como alternativa real, no ficticia. Para ello tendría que desprenderse de la extrema derecha que ondea el constitucionalismo sólo como un enunciado de su poder, más que como la proclamación de derechos y deberes de los españoles que es para lo que se promulgó. Una extrema derecha que lo está quemando, puede que de forma deliberada, porque tiene un tapado para sustituirlo. El problema es que por este camino, muchos ciudadanos se encogerán de hombros y acabarán abandonando, presos de hastío. Ese sí que es un daño difícilmente reparable para el porvenir de nuestro país.

 

Revista ADE-Teatro nº 114 (Enero-Marzo 2007)

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