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Artículos y noticias

Ni churras, ni xaldas, ni merinas… Mejor, la Ley…

01 de Octubre de 2008

Por Manuel F. Vieites.

“All I have is a voiceTo undo the folded lie…”

WYSTAN HUGH AUDEN: SEPTEMBER 1, 1939.

 

“El proceso se invirtió en español; Rémora, en sentido propio, es el pez y, en sentido figurado, el obstáculo.”

JORGE LUIS BORGES: EL LIBRO DE LOS SERES IMAGINARIOS.

 

Hace algunos años, la Junta Directiva de la Asociación de Directores de Escena de España inició una aventura arriesgada: imaginar, elaborar y proponer un documento con el que contribuir al arreglo de los teatros en España. La intrahistoria de ese proceso se puede leer en la introducción que precedía al documento Bases para un Proyecto de Ley del Teatro. Decidió hacerlo en solitario no tanto por razones de carácter corporativo, cuanto por motivos teoréticos, metodológicos y operativos; también por razones ideológicas, es decir, en función de la idea de teatro de la que entendíamos que habría que partir y que tendríamos que defender.

Esa decisión se tomaba a sabiendas de las limitaciones propias de seres humanos ajenos al impulso genial, a la reflexión última o a la ciencia infusa. Pero también sabíamos que los integrantes de aquella Junta Directiva contaban con una larga trayectoria profesional en la creación y en la gestión, y que algunos de sus miembros habían publicado trabajos en torno a políticas culturales o teatrales, a planes estratégicos o a iniciativas concretas; me remito a los firmados por Juan Antonio Hormigón, Eduardo Alonso o yo mismo. Tampoco cabía ignorar el enorme caudal de documentación contenido en la revista ADE-Teatro, que, guste o no guste, ahí está, ocupando una posición nada desdeñable entre las publicaciones periódicas. Y no estaría de más recordar que en 2001 el Consello da Cultura Galega publicaba un volumen que yo mismo había coordinado. Se titulaba Galicia e a residencia teatral. Compañías residentes e regularización do tecido teatral, con abundante información en torno a lo que debiera ser una nueva política teatral ante lo que se consideraba el fin de un ciclo. Traigo a la memoria este trabajo dado que en alguna propuesta se echa en falta una mínima información de lo que puedan ser esas compañías. Malo si el silencio es voluntario (¡no interesan!), pero peor si es involuntario (¿dónde el rigor, la seriedad, la profundidad..., invocadas?).

Desde el primer momento algunos de los integrantes de aquella Junta Directiva tuvimos claro que, como en otros ámbitos de la administración pública, lo que más convenía era una Ley. Quienes no formábamos parte del sector teatral, ni siquiera del ámbito de la educación teatral, lo teníamos todavía más claro, dado que profesionalmente proveníamos de sectores muy regulados y en bastantes ocasiones padecíamos la ausencia de reglamentos en determinadas áreas. Basta con hacer una cala cronológica en los sumarios del Boletín Oficial del Estado para tomar conciencia de los númerosos ámbitos que han sido objeto de regulamentación, sobre todo en aquellos que, como la sanidad o la educación, se consideran servicios públicos, por no hablar de los que se consideran estratégicos en nuestra economía. Incluso contamos con una Ley del Libro o una Ley del Cine, por mucho que su redacción haya generado polémica. ¿En base a qué criterios debiera quedar el teatro fuera de esa tendencia a regulamentar subcampos del campo cultural, por seguir la terminología de Pierre Bourdieu? Otra cosa es que se reclame, o se exiga, que la Leysea un documento que permita el pleno desarrollo del subcampo, es decir, que potencie su desarrollo estructural en tanto sistema. También habría que considerar cómo las Comunidades Autónomas tienden a ordenar, mediante Leyes, Decretos, y otras disposiciones, un considerable número de ámbitos que exigen establecer reglas para orientar la actuación pública o privada.

Partiendo pues de nuestra concepción del teatro como servicio público, entendíamos que la mejor forma de regular y desarrollar el sistema teatral era por medio de una Ley, de la que se derivasen Reales Decretos, Órdenes, Disposiciones y otras normativas específicas para ámbitos concretos. Contrariamente a lo que se puedan pensar quienes prefieren “sostenella y no enmendalla”, sabemos perfectamente en qué consiste el pensamiento estratégico. Algunos lo venimos practicando de forma permanente en nuestro ejercicio profesional. Por eso también apostábamos por la Ley, porque si de la Leyderivan Reales Decretos, Órdenes o Disposiciones, de todo ello habrán de derivar los planes estratégicos y los planes anuales que cada institución debiera elaborar para determinar sus líneas de actuación. Pero conviene recordar que es la Ley, y sus desarrollos normativos, la que determina en torno a qué se habrán de desarrollar esos planes estratégicos. Así, en nuestro Proyecto de Bases para una Ley del Teatro, que ahora reformulamos como Ley de las Artes Escénicas, porque ya no estamos solos en nuestro empeño sino muy bien acompañados, cualitativa y cuantitativamente (lo destaco), prestamos especial atención al edificio teatral como uno de los elementos centrales del sistema, generador de muy diversos procesos, estructuras y redes. Lo hacía Juan Antonio Hormigón en un libro de 1974, el titulado Teatro, realismo y cultura de masas, y lo volvía a hacer quien subscribe en un artículo publicado en el número 109 de esta revista: “Modelos de gestión de los espacios escénicos europeos”. Entendemos que esa propuesta de que los teatros funcionen en consonancia con lo que siempre han sido en todas partes, menos en España, suscite discrepancias, pero el edificio teatral debe concebirse como espacio de creación y exhibición, y para que eso sea así, su dirección artística, e institucional, debe estar en manos de personas conocedoras del campo y con la formación adecuada.

En los primeros borradores de lo que sería nuestra propuesta, asomaba una visión global del campo que acabó por instalarnos en la razón sistémica. Y quiero recordar ahora a Don José Ortega y Gasset, quien en su magnífico opúsculo, Idea del teatro, ya planteaba una visión sistémica del teatro. Entonces, a las razones ideológicas hubo que sumar las científicas, pues como decía Edgar Morin, la ciencia también debe adaptarse a su objeto, lo que es tanto como decir que las políticas culturales deben adaptarse al campo o subcampo en el que se proponen intervenir. En el caso de las artes escénicas se podría documentar que las diferentes políticas sectoriales que se han aplicado en España jamás han partido de una visión global del campo, sino que se han centrado en ámbitos específicos del mismo, básicamente en la promoción de la creación (la subvención) y la difusión de corte profesional (la contratación de la función). Todo lo demás ha quedado a expensas de lo que desde esos dos ámbitos se pudiera hacer. Así, la promoción de nuevas dramaturgias, o de nuestras dramaturgias.

Una política cultural que de verdad se proponga el pleno desarrollo de las artes escénicas debe entender la dinámica sistémica del campo, y por eso hemos defendido la puesta en marcha de un nuevo paradigma de política cultural que denominamos sistémico. Lo que busca es el pleno desarrollo del sistema a partir de la metáfora orgánica: el sistema teatral funciona como un organismo en el que el todo es más que la suma de las partes, en el que su correcto funcionamiento depende del buen estado de cada una de sus partes. Siguiendo a Niklas Luhmann sabemos que todo sistema se compone de elementos, que conforman estructuras que generan redes, y en todo ello se dan funciones precisas, que garantizan el funcionamiento y desarrollo del sistema. Pues bien, de lo que se trata es de prestar atención a todos y cada uno de esos elementos, previa identificación de los mismos, y al tejido que generan a partir de sus estructuras y redes, sin olvidar las funciones que habrán de considerarse en cada nivel de la configuración sistémica. Por eso no alcanzamos a entender determinadas visiones críticas que consideran nuestra propuesta “escorada” o “parcial”, porque si hay algo que evita cualquier deriva corporativa es el pensamiento sistémico. Es más, en la “Exposición de motivos” introducimos toda una serie de consideraciones en torno a cuestiones especialmente relevantes y que exigen una profunda reforma legislativa, si de verdad queremos que el sistema teatral sea sistema y no un armazón de cascajos o el traje nuevo de emperador. Así, se reclama la necesidad de una Ley Orgánica de las Enseñanzas Artísticas Superiores, porque es la única posibilidad de que esas enseñanzas y los centros que las imparten puedan converger en el Espacio Europeo de la Educación Superior y en el Espacio Europeo de la Investigación, lo que exige una reforma de las actuales Ley de Educación y Ley de Universidades. Creo que puede resultar muy oportuna la lectura de esa “Exposición de motivos” para tomar conciencia de nuestra voluntad de operar en todo momento con una lógica sistémica, sin supuestos sesgos corporativos. Insisto en que una lectura demorada de nuestra propuesta, en toda su extensión, puede ofrecer pistas para su comprensión, interpretación y valoración.      

Otra de las ideas generatrices de nuestro documento es la concepción del teatro como un servicio público y por norma general la prestación de un servicio público se suele acompañar de un importante aparato normativo para regularlo y alejarlo de cualquier uso discrecional o arbitrario. Primero la Ley y luego las normativas. Así, por ejemplo, tras la Ley, y de forma inmediata, se haría necesario un Real Decreto que regulase el funcionamiento de los teatros, salas y auditorios públicos. Y lo que nosotros proponemos es que los teatros pasen a ser, como en Europa, centros de creación y difusión, con la capacidad para desarrollar un programa de promoción teatral en toda su área geográfica de influencia. Es muy diferente imaginar los teatros como espacios de trasiego de mercancías, a considerarlos espacios permanentes de creación, como ocurre en Rusia, Finlandia, Alemania, Inglaterra, Francia, Serbia o los Estados Unidos de América. Esa dinámica de creación implica no solo dinámicas de exhibición nuevas, sino también dinámicas de intercambio entre teatros, lo que supondría una nueva relación entre creadores, y entre éstos y los espectadores. Finalmente esa dinámica permitiría luchar seriamente contra la precariedad y favorecer la estabilidad, la profesional y la vital (¡ojo con esto último!), de nuestros creadores. Defender esto no supone adoptar posiciones corporativas, porque para poner en marcha ese modelo de resident theatres, en la más pura ortodoxia norteamericana (heredera y derivada del Federal Theatre Project), se necesita una plantilla de personal en la que caben desde los dramaturgos y dramaturgistas hasta los técnicos de escena. El número de puestos de trabajo que se podrían crear mediante este modelo dejaría sin habla a más de uno, o una. De nuevo se afirma esa visión global y no corporativa de nuestra propuesta.

Este proceso precisa regulación, códigos de buenas prácticas, sistemas de control de calidad, normativas laborales…, y todo eso debe regularse en el plano legislativo, porque la concesión de la explotación de un teatro no debe ser un acto discrecional o arbitrario, no debe depender de una decisión tomada al albur de quién sabe qué criterios. 

Y aquí, en ese modelo de gestión también se reafirma esa idea de servicio público, porque todos aquellos sectores que se consideran como tales (educación, sanidad…) están sometidos al imperio de la función pública. Y a ese modelo de gestión pública no cabe colocarle, sin más, el sambenito de la ineficacia, el descontrol o la malversación, como se hace frecuentemente, porque acontecimientos recientes nos demuestran a dónde pueden llegar los disparates en la gestión privada de lo privado y en la gestión privada de lo público. En muchos casos, tras la “externalización” de servicios se esconde un trasiego de prebendas y favores de difícil justificación.

Pocos años atrás, tras las elecciones gallegas de 2005, un conocido técnico de escena de Galicia, con militancia socialista reconocida, reconvertido en productor y en gestor de eventos (¡el ejemplo cunde!), proponía, en nombre de una asociación empresarial del espectáculo, la supresión del Centro Dramático Gallego y sugería derivar sus fondos al fortalecimiento de las empresas privadas. Es decir, buscaba aumentar las subvenciones y el beneficio inmediato. Nadie niega legitimidad a esa propuesta, pero igualmente legítimo resulta defender lo contrario. Esa propuesta nacía del convencimiento de que las estructuras teatrales son un lastre que impide el desarrollo del mercado. Se trata de una visión ultraliberal de la economía teatral que curiosamente se contradice con el ideario socialdemócrata, que apuesta por intervenir, pero también con el liberal, dado que este último apuesta por no intervenir ya que reniega de la concesión de fondos públicos para promover negocios privados. Al menos, eso dicen.

La Ley podría traer, finalmente, considerables ventajas en la puesta en valor de las artes escénicas, y en su legitimación, si en su negociación, tramitación y desarrollo se promueven los consensos necesarios. Como decíamos, se parte del hecho, difícilmente cuestionable, de que las artes escénicas, en su conjunto, conforman un campo de actividades, diversas y heterogéneas, que generan riqueza, bienestar y puestos de trabajo, y como tal podría llegar a ser un sector estratégico de nuestra economía. Se trataría de buscar mecanismos para su potenciación y en ella se debieran implicar todas las administraciones públicas por igual, mediante un Pacto de Estado suscrito por partidos políticos, Gobierno central, Comunidades Autónomas y Federación de Municipios y Provincias. Un Pacto de Estado para hacer de la cultura un elemento fundamental de nuestro desarrollo, como en otras economías y países. En esa dirección, no estamos inventando nada; sólo reclamamos la necesaria convergencia con Europa.

Y es que en un momento en que el país padece una profunda crisis, fruto de diversos factores, entre ellos el declive definitivo de un modelo de desarrollo poco sostenible y que podría haber convertido todo nuestro territorio en una urbanización tan vasta como horrenda, cabría considerar si es posible potenciar otro modelo más sostenible y menos agresivo en todos los órdenes. Hace tiempo que la Unión Europea viene insistiendo en la importancia de la creación y la difusión cultural como un sector importante en la generación de riqueza y bienestar, sobre todo si se desarrollan proyectos de Investigación, Desarrollo y Creación (I+D+c) o de Investigación, Innovación y Creación (I+I+c). No debemos olvidar que ese modelo de desarrollo basado en el ladrillo se ha combinado, curiosamente, con un nuevo modelo de uso del tiempo libre, en el que prima una cultura para las masas igualmente basada en el ladrillo, de corte sumamente alienante y alejada de cualquier aspiración ilustrada o emancipadora. Convendría recordar que ese modelo económico basado en un desarrollo insostenible se vincula con un modelo de sociedad igualmente insostenible, y que para nada concuerda con la sociedad republicana que supuestamente vendría a proponer el actual Presidente del gobierno (“parole, parole, parole”). Más allá de gestos y gestas, y de su calculado impacto mediático, el modelo imperante es el neoliberal: ¡coge el dinero y corre!, o, ¡jura el cargo y disfrútalo! Pero esa no es la única opción. Caben otras, y aquí volvemos a las ideologías, a la idea de sociedad, a los fines de vida, a los valores.

Sabemos que en un país como España, en el que las competencias en materia cultural han sido asumidas, en su mayoría, por las Comunidades Autónomas, cualquier regulación de ámbito estatal puede resultar problemática. Pero también sabemos que lo que se plantea en nuestra propuesta de Ley de las Artes Escénicas, no supone una invasión de competencias sino una puesta en común, y una apuesta común, para buscar la mejor manera de convertir las artes escénicas en un factor de desarrollo artístico, sociocultural y económico, y determinar las medidas a poner en marcha para lograr objetivos a corto y medio plazo. De la misma forma que todos nuestros políticos suspiran porque la renta per capita en España se sitúe entre las más altas de Europa, sería bueno que todos ellos deseasen que la vida cultural de nuestras ciudades estuviese al nivel que presentan aquellas ciudades que se podrían tomar como ejemplo de ese modelo en el que la creación y la difusión cultural contribuye al bienestar común y en la mejora del Producto Interior Bruto, esas ciudades que se pueden considerar como ciudades educadoras y creadoras. Hay países, como Alemania, en los que ese modelo no se cuestiona, con independencia de quién gobierne. Por eso las artes escénicas en esos países tienen tal nivel de desarrollo, en los planos cuantitativo y cualitativo. Ese podría ser nuestro horizonte y hacía él quisiéramos caminar.

Una última consideración, a favor de la Ley. Los que tenemos responsabilidades en el sector educativo no dejamos de preguntarnos qué cabría hacer para que los titulados que salen de los centros en los que trabajamos puedan optar a un ejercicio profesional en las mejores condiciones. Como director durante un tiempo del Instituto Politécnico de Vigo, puedo dar fe de la satisfacción que se siente cuando los porcentajes del alumnado que termina Secundaria o que accede a la Universidad son elevados, o cuando la inserción laboral del alumnado de Formación Profesional se aproxima al cien por cien, cuando incluso algún empresario amablemente se quejaba porque el Instituto no era capaz de satisfacer todas sus necesidades de trabajadores altamente cualificados. Eso mismo desearíamos para los chicos y chicas que cursan Arte Dramático o Danza, pero eso sólo será posible cuando contemos con un sistema plenamente desarrollado, que permita que un titulado en Arte Dramático o en Danza tenga ante sí las mismas opciones laborales que en otros países: creación, animación, gestión, docencia u otros ámbitos (terapia, formación, investigación…). Por ello luchamos, con las herramientas que podemos o tenemos, y por eso queremos una Ley, que regule y que obligue, y con el mismo empeño que hemos participado en la elaboración de esa primera propuesta, trabajaremos, si así se nos requiere, en esas normativas que desarrollen la Ley de las Artes Escénicas.

Pero, si quieren, también podemos hablar, largo y tendido, de las circunstancias laborales y personales que padecen muchos de nuestros creadores: cuando están enfermos, cuando pasan los meses sin una llamada que anuncie una oferta posible, cuando hay que optar por la caja de un supermercado para sobrevivir justo cuando uno se quiere comer el mundo, o cuando se aproxima la jubilación y todo se vuelve negro. Contra todo esto hay que luchar, y algunos entendemos que la mejor forma de hacerlo, que la mejor forma de combatir la precariedad, es a través de una Ley, la Ley de las Artes Escénicas.

Es probable que estemos equivocados en nuestra defensa de una Ley, es probable incluso que estemos muy equivocados, pero eso es lo que nosotros creemos en estos momentos, porque hasta ahora no hemos leído argumentos que nos indiquen que vivamos instalados en el error. Y es que nuestra apuesta, insisto en ello, no nace de un interés corporativo, sino de un compromiso firme y desinteresado con el arte del teatro. Quienes no tenemos ni compañía, ni productora, ni textos para estrenar, ni proyectos para crear espectáculos, ni funciones que contratar, ni libros que vender, ni cursos que promover, ni artículos que colocar donde sea y como sea, y que además tenemos nuestro futuro laboral asegurado en otros menesteres, nada esperamos, en el plano personal, de esta Ley que con tanto ahínco defendemos. En mi caso, como simple profesor de secundaria, circunstancialmente adscrito a la dirección de un centro, sólo aspiro a hacer bien mi trabajo, que no es otro que lograr que los alumnos y alumnas de la ESAD de Galicia adquieran una buena formación y tengan todas las oportunidades para ejercer su profesión con dignidad.

Por cierto, y disculpen la inmodestia, pero yo no me “arrejunto” con cualquiera.

Por todo lo dicho, yo sigo pensando que mejor…, la Ley, la Ley de las Artes Escénicas.

 

Revista ADE-Teatro nº 122. Octubre 2008

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