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Artículos y noticias

El franquismo que no cesa. El dedazo

01 de Octubre de 2016

Por Manuel F. Vieites.

 

Perdóneme el auditorio
si ofende mi claridad

Violeta Parra, Yo canto a la diferencia

 

Vivimos en un país profundamente franquista, en el que todavía anidan normas, principios y valores de la España más rancia, más retrógrada, más tradicionalista, más conservadora, más carpetovetónica, y, en efecto, más posmoderna en tanto decididamente premoderna y preconstitucional, que lo constitucional implica darse constitución y aplicarla para el bien común. Y lo mismo cabe decir de Cataluña, amigo Romeva, como le explicaba aquel periodista de la BBC que le sacaba los colores con la corrupta familia real catalana y el partido de las sedes embargadas, el mismo que utiliza la vieja treta franquista de quebrar empresas para eludir responsabilidades penales o económicas.

Una de las pruebas más relevantes es el elevadísimo grado de tolerancia a la corrupción que manifiesta la sociedad española, que se ríe con sorna de países en los que un cargo público dimite cuando cobra una dieta de 100 libras que no le corresponde, cuando es multada por tener una tasa de alcoholemia del 0.2, o cuando copia partes de una tesis doctoral. He ahí un ejemplo evidente de todo lo que nos separa de Europa, distancia que ha aumentado más si cabe cuando dos partidos como PP y C’s firman un documento que rebaja hasta lo indecible el listón de la corrupción, que la blanquea y la convalida, y que también afecta a otros partidos, insistimos, que tienen sedes embargadas o numerosos cargos, militantes y allegados imputados. Si en España se aplicasen los criterios que rigen de forma consensuada en países que tantas veces se ponen como ejemplo a seguir (Finlandia, Alemania, Noruega, Suecia, Islandia…), muchos partidos quedarían en cuadro, afortunadamente para el bien común.

Si en España no se hubiese hecho un uso inadecuado de fondos públicos construyendo autopistas que nadie usa o aeropuertos sin aviones, realizando obras con enormes sobrecostos que se dedican a engrosar tantos y tantos patrimonios fraudulentos, haciendo de la mordida una práctica habitual, llevando dineros a quintales a paraísos fiscales, o imitando los modos de la Mafia o de la Camorra en la gestión de lo público, España sería un país sin déficit y con un superávit nada despreciable. Si en España se explotasen los recursos naturales vinculados con las energías renovables, en pocos años llegaríamos a una autonomía energética que haría prescindibles los combustibles fósiles, por mucho pesar y congoja que ello pudiera causar al Tejano Fingido, a Felipe Cortijos o a Juan Luis de la Prisa, y a los intereses corporativos que defienden frente a los de todo un país.

¿Cómo es posible que España sea tan proclive y tan tolerante con la corrupción? Sin duda por la misma razón que los italianos e italianas votaban con fervor idólatra a Silvio Berlusconi, pues querían ser y vivir como él. Y tantos años de absolutismo borbónico, instaurado por Fernando dicho el séptimo –aquel que laminó una de las mejores constituciones de la época, la española de 1812 (tan poco celebrada en 2012, tan silenciada siempre)–, y medio siglo de franquismo y tardofranquismo tantas veces brutal, nos llevan al momento actual, en el que la corrupción parece ser un estado consubstancial al ejercicio de la política y a la conducta institucional de los partidos. Porque el poder que la política otorga, y el pueblo delega, no sirve para promover el bien común sino para buscar el beneficio propio, para beneficiar a los amigos, y, como dijera un conocido político, luego imputado por acoso sexual, “para forrarse”. Para mandar y hacer saber.

Mandar, no buscar el bien común, esa es la clave. Porque si la clave fuese el bien común jamás tendríamos aeropuertos sin aviones, cajas de ahorros esquilmadas y quebradas, desfalcos en empresas públicas, autopistas privadas rescatadas con dinero público, mordidas del tres o del cinco por ciento, privatizaciones de saldo de empresas públicas estratégicas, externalizaciones de servicios públicos que implican incrementos sobresalientes de costos y sensibles mermas en su calidad, burbujas como la del ladrillo, despidos en diferido, discos duros sin información pero formateados hasta la saciedad y la suciedad moral…, o tantos y tantos nombramientos a dedo.

Porque, mal que nos pese, el uso del dedo para el otorgamiento de empleos y dignidades también es otra de las herencias del absolutismo fernandino y franquista, que consagra el principio de arbitrariedad y de discrecionalidad, que es muestra de poder omnímodo y lleva implícito un alto grado de servilismo por parte de la sociedad que acepta que esos modos de hacer sigan funcionando en el siglo veintiuno. La pasión por el dedo y el dedazo fue norma imperante en el franquismo, pero lo sigue siendo en el tardofranquismo en que seguimos instalados. No olvidemos que el exministro Juan Ignacio Wert –uno de los peor valorados de la historia reciente del país con una nota muy próxima al “cero patatero” del Tejano Fingido y promotor de una LOMCE que ahora ya nadie quiere derogar a pesar de ser ley de educación más propia del siglo XIX y muy inferior a la Ley Moyano–, en su día planteó la posibilidad de que los rectores o rectoras de las universidades públicas no fuesen elegidos por la comunidad educativa, sino nombrados a dedo por una comisión creada ad hoc y en consecuencia claramente politizada. El Pilar los cría y ellos se juntan.

El dedo o el dedazo no es el procedimiento más adecuado para nombrar cargos de cierta responsabilidad, especialmente en el ámbito de la gestión cultural, pues la misma arbitrariedad a la hora de nombrar se utiliza a la hora de cesar, y en España somos muy dados a celebrar con cava el nombramiento discrecional y protestar airadamente en las redes por el cese igualmente discrecional. Y no es lo más adecuado por razones varias, entre ellas la necesidad de transparencia que debe acompañar tales procesos, por higiene democrática, y sobre todo por respeto al sector de que se trate, sea el museístico sea el de la danza. Todo ello para lograr además la necesaria homologación con otros países que debieran ser ejemplo a seguir y donde prima el concurso público, por muchas variantes que puedan darse en su formulación práctica. Para ser civilizados, ilustrados, europeos.

El concurso público tiene muchas ventajas, si además sus bases se elaboran para garantizar la libre concurrencia, la transparencia, la igualdad de oportunidades, y para potenciar el mérito y la capacidad. Y entre ellas está el que finalmente suponga un contrato entre la administración y las personas elegidas, que obliga a las partes, especialmente en ámbitos tan importantes como el seguimiento, la supervisión o la evaluación, procesos que nada tienen que ver con las conocidas injerencias de la clase política en la gestión cultural, sino con el adecuado desarrollo y la mejora permanente de aquello que una determinada persona o colectivo decidió presentar a un concurso público y que en buena medida se comprometió a hacer. Pues en el ámbito de la gestión y la creación cultural es demasiado común el que las personas operen en función de lo que le dicte su genio, ajenos a cualquier consideración que no sea la explosión exponencial de su excelsa creatividad, y por eso a nivel teatral estamos donde estamos y somos lo que somos en el universo mundo, copiando mal de Alemania o imitando peor las maneras de Quentin Tarantino, por no hablar de Enrique IV. Aunque en esa posición tenga mucho que ver el hecho de que en España insistamos en mantener una aporía teatral cual es la de que los teatros no sean espacios ocupados por los trabajadores y trabajadoras del teatro, es decir, que los obreros y obreras del teatro no tengan acceso a los medios de producción, que diría Carlos Marx.

Cuando se decidió que la dirección del Centro Dramático Nacional, de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, del Teatro Español o del Centro Dramático Galego, entre otros casos, fuese objeto de concurso público, se estaba reconociendo la necesidad de prescindir de la discrecionalidad, pero sobre todo de potenciar la autonomía en el ámbito de la gestión y de la creación, aunque en el caso del Español sigamos sin saber las razones reales del cese de su director, pues la invocación a la “pérdida de confianza” no deja de ser una muestra palpable del nivel en que el franquismo anida en nuestras mentes y condiciona nuestras conductas, incluso en la mal llamada nueva política. Nuevas formas, viejos intereses. La vieja cantinela.

El hecho de que desde diferentes sectores culturales se siga permitiendo que el nombramiento a dedo o gracia del poderoso, siga funcionando como si tal cosa, es una prueba contundente del grado de inmadurez democrática de que esos mismos sectores hacen gala, aunque de forma implícita y un tanto inconsciente. Y en esa “inconsciencia”, en esa escasa concienciación, y en esa nula “conscientizacion” (por usar palabras de Paulo Freire) está una de las causas de tantos de nuestros males. En el fondo todos aspiramos a que un día nos toque ese dedo redentor, incapaces de hacer valer lo que somos, lo que tenemos, lo que valemos. Pues como escribió Luis de Góngora y Argote, “Ándeme yo caliente y ríase la gente”. País de siervos, recua de mendicantes. 

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